Erdogan desafía a la justicia turca al no aceptar la autoridad del Tribunal Constitucional

"El Tribunal Constitucional debe explicar por qué examinó y revisó los contenidos de la reforma que impulsó la Cámara", ha dicho Erdogan durante un discurso ante el Parlamento turco. El primer ministro ha asegurado además que el Tribunal no está autorizado para anular la ley del velo, ya que sólo debería estudiar los aspectos técnicos de la medida

El Estado laico cumplió su amenaza y puso en la picota al Gobierno islamista turco tras anular la conocida ley del velo, una reforma que permitió el pasado mes de febrero que las mujeres pudieran estudiar en la universidad con la cabeza cubierta por el pañuelo islámico.

La decisión anticipa la ilegalizacióndel partido del primer ministro Erdogan, el más votado de la reciente historia turca tras haber situado a su país a las puertas de la Unión Europea y duplicado la renta per cápita de sus ciudadanos.

Pero cuestiones como ésta son las que más alejan a Turquía de convertirse en un país miembro y de pleno derecho en la Unión, donde cuenta con muchos detractores.

El fiscal jefe del Tribunal Supremo, Abdurramán Yalçinkaya, ha presentado una demanda de ilegalización de la formación de Erdogan, el Partido de la Justica y el Bienestar, por ser un "foco de actividades antilaicas". El velo es visto como un símbolo religioso por la poderosa élite laica turca, representada por el Ejército, los jueces y los altos funcionarios, que se ha esforzado en preservar la universidad y la Administración pública del islamismo.

Avances en otros países

Mientras Turquía debate sobre estas cuestiones, otros países árabes, teóricamente más retrasados, experimentan avances sociales. Es el caso de Egipto, que ha aprobado una reforma de la Ley del Menor que penaliza por primera vez la ablación del clítoris.

El Parlamento egipcio dio luz verde al nuevo marco legal, en el que se establece que mutilar a una niña estará castigado con penas de entre tres meses y dos años de prisión y multas que oscilarán entre los 120 a 600 euros. El texto fue enmendado para permitir que la ablación pueda realizarse en caso de necesidad médica.

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