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Equidad y laicismo

La conclusión de este editorial del El País nos parece acorde con el título y con los principios básicos de un Estado democrástico. Sin embargo, su contenido pretende dar un respaldo a la limitada propuesta del actual gobierno del PSOE, y hay que aclarar que no se trata solo de que las clases de religión sean o no evaluables, de que cuenten o no para la nota media, de que haya o no materia optativa… Se trata sencillamente de que la religión, tal com está concebida, es una materia confesional (por su programa y contenidos, por sus docentes dependientes de la correspondiente confesiones, por su práctica proselitista y segregadora,…) lo que es totalmente inadmisible. Algo que no se permitiría a ninguna otra ideología. Por tanto solo cabe sacar esa religión de la escuela, ya. Los conocimientos sobre lo religioso tienen cabida en otras áreas (historia, ciencias sociales, artística, filosofía,…)


El Estado no puede actuar de forma confesional y debe limitarse a fomentar una moral cívica.

Pocas leyes educativas han tenido tanta contestación como la LOMCE, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta tal punto fue contestada que el propio Ejecutivo dio marcha atrás en algunos de sus aspectos más controvertidos, como el sistema de reválidas. La ley ha dejado una situación de confusión e inseguridad que lastra el buen funcionamiento del sistema educativo. Era, pues, previsible que el nuevo Gobierno socialista quisiera romper una dinámica tan negativa y decidiera intervenir lo más pronto posible. Así ha sido. La nueva ministra de Educación ha anunciado que revisará los aspectos más retrógrados y disfuncionales de la ley y aplicará medidas para revertir los recortes de los últimos años. Ambos aspectos son necesarios y exigen la máxima colaboración de todas las fuerzas políticas, incluido el PP, responsable de un desaguisado que urge corregir.

Entre las modificaciones anunciadas destaca la supresión de los itinerarios que segregan a los estudiantes en función de su rendimiento, que actúa como rémora para la igualdad de oportunidades. En edades tan volubles por los cambios de la adolescencia, la segregación priva a muchos alumnos de oportunidades de mejora y les cierra puertas académicas de las que depende su futuro. Si algo es importante preservar en un sistema educativo público es la equidad. La educación ha sido en España el principal motor del ascensor social, y debe seguir siéndolo.

Otra de las novedades es el cambio en el tratamiento de la religión anunciado por la ministra. Este fue uno de los grandes caballos de batalla de la LOMCE, que volvió a introducirla como materia evaluable. Con la revisión de la ley, dejará de serlo y ya no contará para la nota media de la ESO o el Bachiller ni para la obtención de becas y ayudas. La solución que dio el ministro José Ignacio Wert a la pretensión de la Conferencia Episcopal fue establecer dos materias optativas evaluables, Religión y Valores Cívicos y Éticos. Pronto se comprobó la verdadera finalidad del cambio: tras años de fuerte caída en el número de alumnos que cursaban Religión, en cuanto se hizo evaluable las cifras aumentaron hasta llegar a duplicarse en algunos centros. Al ser percibida como una materia fácil, los alumnos la elegían para mejorar la nota media.

La ministra ha anunciado que se creará una nueva materia obligatoria para todos sobre valores cívicos y éticos. Este planteamiento es mucho más congruente con los principios constitucionales. No tiene sentido que unos alumnos aborden cuestiones esenciales para el buen funcionamiento de la democracia desde la perspectiva de una sociedad plural y diversa, y otros se formen según las reglas de una moral religiosa concreta, presentada como incompatible con la primera.

Los valores cívicos son universales y deben ser explicados y conocidos por todos los alumnos, al margen de que algunos opten por recibir también una instrucción religiosa, que nunca puede ser obligatoria ni impartida como un instrumento de evangelización dentro del sistema educativo. El Estado no puede actuar de forma confesional y debe limitarse a fomentar una moral cívica.

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