Es difícil de entender que sea necesario este tipo de convenios, cuando para toda la ciudadanía y para las entidades jurídicas es obligatorio colaborar con la Fiscalía y la justicia ante la comisión de delitos, como es el caso de los abusos sexuales. Parece como si los obispos no tuviesen esa obligación y ellos dadivosamente ofrecieran algo que es obligatorio para los demás. Un nuevo ejemplo de los privilegios de la Iglesia católica.
El martes 30 de abril la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público para mejorar el proceso investigativo de casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia local.
El objetivo del convenio es “favorecer el intercambio de información concerniente a investigaciones pasadas, presentes y futuras de delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos en contra de niños, niñas, adolescentes o personas en situación de discapacidad al momento de los hechos”, describe el documento.
En el documento quedó expresamente protegida la “confidencialidad solicitada por las personas que han acudido a la CECh”.
Con el acuerdo, el episcopado se compromete a entregar los antecedentes necesarios a la justicia en un plazo no superior a las 24 horas de la denuncia realizada por un presunto delito sexual.
Mons. Fernando Ramos, Secretario General de la CECh manifestó que el convenio es una “expresión de la reciprocidad, de una confianza entre instituciones unidas por una misma causa. Un paso que nos desafía en el trabajo para ofrecer cada vez mayores garantías a las víctimas”.
“Cuando se trata de buscar la verdad y justicia en delitos de abuso sexual a menores de edad, el Ministerio Público y la Iglesia Católica no somos contrapartes sino colaboradores, porque nos anima la misma meta”, reafirmó el obispo.
El convenio, que fue uno de los objetivos propuesto por la CECh para alcanzar la verdad, justicia y reparación de las víctimas, fue integrado como anexo a las “Líneas Guía Cuidado y esperanza” de 2015.
En conferencia de prensa, el obispo destacó que “es un convenio muy novedoso a nivel mundial” que “las autoridades de la Santa Sede lo miran con atención, porque puede servir para iluminar otras realidades”.
En la firma también participaron la presidenta del Consejo Nacional de Prevención de abusos y Acompañamiento de Víctimas, Ana María Celis y el Obispo de San Bernardo, Mons. Juan Ignacio González; representantes de las congregaciones Maristas, Salesianos y el Instituto Padres de Schoenstatt.
En el marco de la crisis de la Iglesia en Chile por los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, la Fiscalía Nacional comenzó un proceso de investigación para esclarecer los de abusos a menores y comprobar el posible encubrimiento por parte de miembros de la Iglesia en Chile.
Dado lo anterior, a partir de julio de 2018 el Ministerio Público comenzó un catastro nacional de investigaciones la que hasta el momento registra 10 obispos y 221 miembros investigados.
