Malestar entre numerosos obispos por las prisas con que tuvieron que despachar la Instrucción Pastoral sobre la “situación actual” de España
España "vuelve a hallarse dividida y enfrentada", dijo el viernes el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino. Esta idea, escuchada como un trallazo por buena parte de la clase política, resume el espíritu con que la jerarquía de la Iglesia romana contempla "la situación actual de España". Así lo expresan sin tapujos en la Instrucción Pastoral aprobada después de grandes debates.
Según los prelados, casi todo va mal en España: se radicaliza el laicismo contra los católicos; se reabren "viejas heridas de la Guerra Civil" por culpa de quienes utilizan "selectivamente" la llamada Memoria Histórica; se promueven políticas poco responsables frente al terrorismo o el nacionalismo; la democracia no debe ser la última referencia moral de los ciudadanos… Para subrayar la relevancia de tan sombrío diagnóstico, el portavoz ponderó, en cambio, la unidad del episcopado español, más "en comunión que nunca".
Nada más lejos de la realidad.El episcopado ha vuelto a dividirse esta semana, como lo estuvo, muy profundamente, el verano pasado cuando los cardenales Antonio María Rouco (Madrid) y Antonio Cañizares (Toledo) proclamaron la necesidad de hacer esta pastoral, que entonces debía pronunciarse sobre la unidad de España, "un bien moral en peligro".
La Instrucción Pastoral, décima de la CEE en toda su historia, fue aprobada con 63 votos a favor, seis en contra, tres abstenciones, un voto nulo y siete obispos en activo ausentes. El debate se prolongó durante cuatro días, sobre un borrador que una ponencia presidida por el arzobispo de Navarra, Fernando Sebastián, llevaba redactando desde antes del verano. Los obispos, al menos en su mayoría, recibieron el texto el mismo lunes por la mañana, con no poco enfado por las prisas que a la misma hora se les transmitió.
"Hay que cerrar este texto cuanto antes", dicen que decía el secretario del episcopado por los pasillos, el lunes a media mañana. Algunas versiones, incluso publicadas, endurecen la presión poniendo en boca del portavoz palabras más gruesas. Lo cierto es que, al menos el 20% de los 78 obispos con derecho a voto que participaron en los debates eran partidarios de retrasar la aprobación e, incluso, de aparcar definitivamente tan polémica instrucción pastoral.
Además de por las prisas, ha habido enfados también por las fallas de procedimiento. Es el caso del obispo Urgell y secretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan-Enric Vives, "satisfecho" con la instrucción pero crítico con "el funcionamiento de la CEE", según Efe. "Hay que desterrar esta forma de trabajar; se ha llegado a la asamblea plenaria con el texto ya cerrado", se quejó Vives en declaraciones a Ràdio Principat.
No ha sido la única protesta, pese a que los votos contra la pastoral parezcan pocos. El propio Vives parece insinuarlo. Dijo: "Esta vez, por suerte y gracias a Dios, se ha podido hacer una redacción aceptable y [la pastoral] sale aprobada por una gran mayoría. Pero el texto no tiene la unanimidad de los obispos". Más tarde, el prelado de Urgell se mostró satisfecho con la redacción que la pastoral da al espinoso asunto de la unidad de España -"Los catalanes se podrán encontrar bien acogidos", opinó-, lo que confirma una hipótesis que también esbozó el portavoz episcopal: que "los votos contrarios unos lo fueron por una razón y los otros por la contraria".
En todo caso, parece evidente que sólo la habilidad del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y del arzobispo Sebastián, ha logrado desactivar a los halcones de uno y otro bando para sacar adelante una pastoral "difícil y compleja" no sólo para "la comunión episcopal", sino respecto a unas relaciones con el Ejecutivo socialista, que Blázquez quiere normalizar. "La habilidad de Sebastián ha sido incuestionable para lograr un documento que prácticamente todos han votado a favor", dijo un prelado a Efe.
Pero la pastoral no cierra las graves querellas entre quienes la querían para hablar de los peligros que acechan a la unidad de España y han terminado votando un documento que explícitamente reconoce "la legitimidad de las posiciones nacionalistas", y quienes, dentro del sector más moderado, no han podido evitar esas apelaciones brutales contra la recuperación de la memoria histórica que promueve el Ejecutivo socialista, acusando a éste de reabrir viejas heridas de la Guerra Civil.
