Entregan certificados de derechos de uso a asociaciones religiosas en Jalisco

Al encabezar la Entrega de Certificados de Derechos de Uso de Inmuebles Federales Afectos al Culto Público para Asociaciones Religiosas en Jalisco, lo que resulta histórico, ya que por primera vez el Estado mexicano realiza este tipo de acto, el Gobernador del Estado, Francisco Ramírez Acuña, informó que tan sólo en la entidad se entregarán 223 certificados en favor de 21 asociaciones religiosas, que corresponden a inmuebles localizados en diversos municipios.

La entrega, mencionó el Mandatario estatal, forma parte de un proyecto emprendido por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, y su Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, que busca regularizar esta situación, garantizando una mejor relación entre el Estado y las iglesias.

“En este marco, resulta indispensable reconocer lo que las iglesias han aportado a nuestro país, más allá del debate filosófico sobre quiénes somos, para qué estamos aquí, y a dónde vamos como seres humanos, es innegable la contribución en lo educativo, en lo cultural, con valores, en lo arquitectónico, e incluso en la organización social, entre muchas otras áreas, en las que la influencia de las asociaciones religiosas ha sido notable y determinante para el desarrollo y progreso de nuestro país”, indicó el Gobernador.

Añadió que con este acto, netamente republicano, el Gobierno federal reconoce la labor de todas las instituciones religiosas que contribuyen al desarrollo social y económico del país, y que, al otorgar certificados de derechos de uso, se ratifica que la propiedad de estos inmuebles permanece a la Nación, es decir, son  patrimonio de todos los mexicanos, al servicio de los mexicanos, entregados a las iglesias.

“El Gobierno de Jalisco ha sido respetuoso de todos los credos y las diferentes formas de pensar, porque compartimos plenamente los principios que respaldan este respeto y tolerancia que debe imperar en un Estado laico, como decidimos los mexicanos hace muchos años”, concluyó.

Por su parte, Vicente Anaya Cadena, director General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dijo que, por disposición constitucional, se decretó que los inmuebles afectos al culto público fueran propiedad de la Nación, fincas que suman alrededor de 65 mil en toda la República, y de ellas, tres mil 588 corresponden al Estado de Jalisco.

“El uso de estos inmuebles implica derechos y obligaciones a cargo de las asociaciones religiosas, los cuales, por cierto, se puntualizan al reverso del certificado que hoy reciben, lo cual trae consigo la responsabilidad y el compromiso del usuario para cuidar y preservar en las mejores condiciones los inmuebles bajo su custodia, con la participación del Gobierno federal y la coadyuvancia del Gobierno del Estado”, finalizó Anaya Cadena.

Al hacer uso de la palabra, el Excmo. Obispo auxiliar José Trinidad González Rodríguez, de la Arquidiócesis de Guadalajara, destacó que con este acto se salvaguarda lo que se afirmó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el artículo 18, sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

“Corresponde a nuestras asociaciones religiosas seguir destinando esos inmuebles a fines exclusivamente religiosos, cuidarlos, conservarlos, restaurarlos, construirlos o reconstruirlos, de acuerdo a las leyes que nos rigen. Corresponde al Estado seguir en esta disposición de reconocer, proteger y promover el derecho de toda persona individual o colectivamente, a profesar y practicar su religión y sus convicciones. Corresponde a ambos, Estado y asociaciones religiosas, seguir en comunicación, colaboración y disposición de continuar el trabajo pendiente de certificación de miles de recintos religiosos, con este carácter, en Jalisco, más de tres mil”.

Por último, Daniel Trejo Coria, representante de la Iglesia Luterana Mexicana, dijo que este acto no corresponde a un cumplimiento burocrático de una responsabilidad legal: “Por el contrario, entendemos esta entrega como una relación dialógica entre gobernantes y gobernados, la cual, sin duda, habrá de seguir en el futuro y permitirá tener para ambas partes del espectro, una relación de respeto, una relación de trabajo, en bien del Estado”.

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