La detención de dos titiriteros por exhibir en un espectáculo un cartel que decía “GORA ALKA-ETA” no solo me sorprende, sino que sobre todo me alarma por el carácter represivo que tal actuación implica. Es inaceptable, desde la perspectiva de lo que debe ser un Estado democrático y de Derecho, la criminalización de la sátira política; especialmente cuando la misma no dice lo que la gente está afirmando, sin pudor, que dice. Leamos bien “ GORA ALKA-ETA“, expresión que nadie ha podido explicar como de apoyo o enaltecimiento a terrorismo alguno, sino todo lo contrario.
La reacción de la “caverna” ha sido la de siempre, criminalizándolos y utilizando el caso para atacar al actual gobierno municipal. Lo sorprendente no es eso, sino la reacción del Ayuntamiento de Madrid anunciando acciones legales en contra de unos titiriteros que el propio Ayuntamiento había contratado.
La actuación de la compañía Títeres desde Abajo seguramente no debió programarse dentro de las actividades infantiles previstas durante la celebración de los carnavales en Madrid. No cabe duda de que ahí existe una responsabilidad por parte de quien les contrató o les programó como espectáculo infantil. Pero llevarles a la Audiencia Nacional, detenidos e “investigados” por un presunto delito de “enaltecimiento del terrorismo”, es un viaje muy largo y solo de ida.
Es decir, la discusión debe ser reconducida hacia dos planos distintos: de una parte, ¿estamos o no ante un espectáculo infantil?; y, de otra, ¿se debe criminalizar la sátira política? Separar las dos discusiones resulta esencial para delimitar los ámbitos de cada una y, sobre todo, las responsabilidades y posicionamientos de unos y otros.
Respecto del primero de los temas puedo entender -y seguramente comparto- que un espectáculo de sátira política no deba ser exhibido a un público infantil. Cada cual es dueño de educar a sus hijos en las ideas y convicciones que estime convenientes, pero esas convicciones no pueden, o no deben, ser divulgadas con dinero público. No estoy conforme con la educación religiosa con dinero público y tampoco con la sátira política, del signo que sea, en espectáculos financiados con dinero de todos.
Dicho esto, en lo que a mí concierne e importa -y que es lo más grave del asunto por afectar a un derecho constitucional como es el derecho a la libertad personal de los dos detenidos-, me parece que criminalizar este tipo de actuaciones es un claro atentado a la libertad de expresión impropio de un gobierno municipal que se dice de progreso. Con actuaciones policiales y legales de este tipo no se progresa, sino que se retrocede a niveles preconstitucionales.
Más aún, la actuación de la Policía Municipal ha abierto un escenario procesal-penal de difícil predicción en sus resultados, pero que contiene los siguientes elementos ciertos: dos personas han sido privadas de su libertad, imputadas (bueno, investigadas) por un delito de enaltecimiento del terrorismo y, además, tendrán que afrontar un proceso penal cuyo desenlace todavía desconocemos, pero que no pinta nada bien. Desenlace que dependerá, en gran medida, de qué juez y fiscal estén de guardia este fin de semana.
Si a todo ello sumamos que ya se han posicionado determinadas asociaciones anunciando acciones legales y que el propio Ayuntamiento de Madrid también lo ha hecho, es claro que dos artistas -de mejor o peor calidad- se verán ante un proceso penal por un delito que solo conoce nuestro ordenamiento jurídico: el enaltecimiento del terrorismo. Contarán con antecedentes policiales y eso les acompañará durante mucho tiempo allá donde vayan.
La sátira política, algo que mensualmente hacemos en Revista Mongolia, es un sano y maduro instrumento para cuestionar al poder. Es otra forma de contrapoder que siempre ha molestado a quienes ostentan el poder en sus diversas formas. Lo que no deja de sorprenderme y preocuparme es que “la nueva política”, la que vino para representarnos a los que no nos sentíamos representados, actúe contra dicha forma de expresión de igual forma a como lo viene haciendo el establishment desde tiempos inmemoriales.
Obviamente, cada cual debe saber dónde y ante quiénes expone sus ideas y en qué forma. En Mongolia nunca se nos ocurriría hacer un espectáculo infantil porque nuestra forma de entender la sátira política es impropia para los niños; algunas veces creo que hasta para muchos adultos. Sin embargo, es evidente que a Mongolia nunca nos contratarían para hacer reír a niños con nuestra forma de entender la crítica a la realidad política, social, económica y cultural.
En resumidas cuentas, el error estuvo en la programación de un evento de esas características en una franja de espectáculos orientados a los niños. Peor aún es que ese error se esté tratando de tapar por la peor de las vías: criminalizando a los artistas como si de ellos fuese la responsabilidad de lo sucedido.
Me explicaré. Sin duda que el mismo espectáculo, destinado a adultos, no habría causado el revuelo que está generando el cartel de “ GORA ALKA-ETA“. A quien no le hubiese gustado se habría marchado. Pero al exhibirse tal cartel ante niños de corta edad se produjeron reacciones que los responsables del Ayuntamiento no han sabido manejar, con lo que al final la culpa es del mensajero.
Nunca se les olvidará este carnaval a los dos miembros de la compañía Títeres desde Abajo. Y tampoco a los que pensábamos que ahora gobiernan los que sí nos representan. Bajo ninguna perspectiva es admisible que el Ayuntamiento de Madrid ejercite acciones legales en contra de unos artistas que, con mayor o menor acierto, tan solo han ejercido su derecho a la libertad de expresión cuidando claramente de no usar términos que tuviesen ningún significado de relevancia penal, porque “ GORA ALKA-ETA” no tiene ningún sentido más que el satírico.
En un Estado democrático y de Derecho no es necesario probar el animus iocandien pleno carnaval, sino justo lo contrario: quien acuse, denuncie o detenga tendrá que probar que existía la intención y el ánimo de enaltecer a una organización terrorista. Lo actuado responde a un miedo insuperable a la crítica, tratándose de una actuación desproporcionada con posibles consecuencias legales para quien ha actuado precipitadamente privando de libertad a dos personas que no han cometido ilícito alguno.
Criminalizarles a ellos es criminalizarnos a todos. Asimismo, representa una renuncia evidente a valores por los cuales fueron elegidos para dirigir los destinos de Madrid. Gobernar tiene sus costos y uno de ellos es admitir los errores y aceptar las críticas, porque la política no solo consiste en tener un cargo, sino en ejercerlo conforme al mandato recibido de los ciudadanos.
