Entre Dios y el César

75 años después de la aprobación de la Constitución ‘laica’ de la Segunda República, la ‘cuestión religiosa’ está pendiente de resolución entre el Gobierno y la Iglesia

COMENTARIO: Si bien el artículo recoge opiniones diversas sobre la religión y la Constitución de la II República, para el laicismo, esta Constitución supuso el avance más importante que en toda la historia de España se haya dado en esta materia. Se respetaban las creencias individuales, pero el Estado se mantenía neutral ante las mismas, limitndo sus privilegios, en enseñanza, financiación, jurídicos,… Nada que ver con la confusa y confesional Constitución de 1978


EL PSOE acaba de difundir un manifiesto en el que defiende la laicidad como un marco «idóneo» de integración frente a los «fundamentalismos monoteistas o religiosos, que siembran fronteras entre los ciudadanos». Los obispos, por su parte, denuncian en una Instrucción Pastoral la fuerte ola de «laicismo excluyente» y advierten sobre el peligro de reabrir viejas heridas. Se cumplen ahora 75 años de la Constitución de 1931, nacida en el fragor de la Segunda República, en la que la 'cuestión religiosa' fue la piedra de toque. La aprobación de la Carta Magna provocó la dimisión del propio presidente del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora, que había definido su alma como «hija a la vez de la religión y de la revolución».

Está claro que la sociedad actual no tiene nada que ver con la de entonces, pero la religión sigue siendo una asignatura pendiente. Sectores del partido del Gobierno promueven una política abiertamente laicista. Mientras, desde ámbitos religiosos se defiende una idea de nación y de tradición cultural más allá del magisterio estrictamente eclesial.

Así lo ven los especialistas en la materia, aunque se muevan y vengan de espacios distintos. Dice Santos Juliá que volver a hablar de una Iglesia perseguida o del laicismo como enemigo de la patria «nos devuelve al túnel del tiempo». El catedrático de Historia Social y Pensamiento Político de la UNED, que acaba de publicar 'Memoria de la Guerra y del Franquismo' (Taurus), advierte del «gran riesgo» que supone el que resurja aquel lenguaje de enfrentamiento y de imposibilidad de hablar.

Juan María Laboa, catedrático de Historia de la Iglesia de la Universidad de Comillas, considera que no se trató únicamente de sucesos o actuaciones concretas, sino de «teorías y planteamientos de fondo acerca del concepto y función de la Iglesia y de su presencia en la sociedad». El investigador reconoce que la historia del constitucionalismo español es pródiga en ejemplos de constituciones intransigentes y partidistas, pero, en general, mantuvieron cierto equilibrio en el tema religioso. En 1931 esa línea se quebró». El teólogo e historiador Joan Bada, coordinador de unas jornadas en Cataluña sobre la laicidad y confesionalidad del Estado, señala que los ponentes de este encuentro comparten la tesis de que «la cuestión religiosa está pendiente de resolución en España». Y ofrece su explicación: «Hay sectores que no asumen que la democracia y el catolicismo son compatibles. En la práctica no se da esta compatibilidad porque los sectores integristas quieren imponer un estilo de Estado confesional».

En el congreso internacional 'II República y Guerra Civil. Sesenta años después', organizado por la Universidad CEU San Pablo y Cardenal Herrera, los ponentes coincidieron en que hay varias memorias históricas. Uno de ellos, el historiador y ex dirigente socialista navarro Víctor Manuel Arbeloa, señaló que «las intenciones laicistas y jacobinistas contra la Iglesia del nuevo Gobierno quedaron reflejadas en las sesiones de la Cortes, sobre el proyecto constitucional, donde los debates se plantearon en términos clerical-anticlerical a favor-en contra de las órdenes religiosas».

Las Constituyentes de la II República estuvieron formadas por una mayoría de socialistas y republicanos de izquierda que sumaban 260 diputados, republicanos de centro -eran 115-, y diputados de derecha (70). Había diputados independientes hasta alcanzar los 470. Manuel Azaña consiguió reunir la voluntad de los partidos republicanos de izquierda y socialistas para aprobar un articulado constitucional -salió adelante con 368 votos a favor, 38 en contra y numerosas abstenciones-, que no fue aceptado por el mundo católico al considerarlo sectario.

'Revolución religiosa'

Fernando García de Cortázar admite que la Constitución de 1931 fue sectaria en ese contenido. «La II República concedió a la sempiterna 'cuestión religiosa' un papel relevante y trató de resolverla con una política torpemente anticlerical. El anticlericalismo de las izquierdas no fue un mero programa de reforma sino una verdadera 'revolución religiosa', laicista y estatista, difícilmente compatible con los principios y prácticas liberales. El 'trágala' del anticlericalismo se impuso y, lo que es más grave, adquirió rango constitucional. Con la Constitución en la mano, el Gobierno de la II República, durante sus dos primeros años, se lanzó a legislar para alcanzar la laicización de España, entendida ésta como la separación hostil de la Iglesia y el Estado y la utilización del poder de éste para contrarrestar la influencia social de aquélla», analiza.

El catedrático de la Universidad de Deusto asegura que «contra lo que a veces se ha dicho, el movimiento que había traído la República fue, en parte, protagonizado por políticos católicos conservadores como Alcalá-Zamora y Miguel Maura, que también deseaban la secularización de España pero entendiéndola de una forma bien distinta: un ideario liberal que afirmase la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado. Lo que, en definitiva, la Constitución de 1931 contribuyó a afirmar fue un verdadero confesionalismo laicista tan beligerante como el religioso».

Para Fernando de Meer, investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Navarra, la República «fue un gran proyecto cultural enraizado en la cultura de la modernidad. Los republicanos laicistas pensaban que un hombre de su tiempo tenía que hacer una distinción radical entre vida social y religión. Más aún, un 'hombre moderno' debería haberse liberado de toda concepción religiosa».

De Meer, autor de 'La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la II República', cree que el artículo 26 de la Constitución era la plasmación jurídica del laicismo eficaz. «Azaña partió de la siguiente premisa: 'España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva'. Esa afirmación se basaba en un presupuesto político -el Estado republicano excluía de sus fines toda preocupación religiosa-, y en una premisa cultural, naturalmente discutible, que formuló así: 'El pensamiento y la actividad especulativa de Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos; todo el movimiento superior de la cultura se hace en contra suya'. Por esa última razón afirmaba: 'Que haya en España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura'».

Fractura social

El investigador mantiene que el Estado era ante todo «un Estado al servicio de la cultura de la modernidad. Esa mentalidad planteó un profundo problema. Si desde el Gobierno se trataba de configurar las ideas de cada una de las personas que formaban la sociedad, según una antropología laicista, esa actitud introducía en la vida social un factor de desunión. Se violentaba la conciencia de las personas. Los laicistas afirmaban que pretendían unir. No veían que, si en la sociedad existían visiones plurales ante el hecho religioso y se intentaba imponer una antropología laicista, se produciría una fractura social, el enfrentamiento cultural, y era inevitable una guerra de ideas».

¿Qué lección deberíamos haber sacado y aprendido de aquellos episodios que se produjeron durante la República? Fernando García de Cortázar mantiene que 75 años «es un tiempo muy largo como para que la II República -frente a lo que dice Zapatero- pueda ser presentada como modelo ni contramodelo en una España actual, desideologizada, de bienestar económico y clases medias, no sometida como la Europa de 1931 a la presión creciente de los totalitarismos».

Así y todo, el profesor jesuita previene para que «no despertemos al león dormido, ni destruyamos la herencia de la Transición, que no fue un abrazo de silencios y amnesias pactadas, como subrayan hoy algunos, sino un consenso para alejar definitivamente del foro de la política el pasado herido de los españoles, herido tantas veces por la negativa a dar 'al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios'».

Consenso nacional

Fernando de Meer afirma que la lección quedó muy bien plasmada en la Constitución de 1978. «Las Cortes Constituyentes, consecuencia de las elecciones de junio de 1977, formaban un Congreso de los Diputados y un Senado en el que ningún partido podía intentar la aprobación de una Constitución según sus ideas. Los grupos políticos forjaron un gran consenso nacional. Se elaboró una Constitución en la que ningún partido político que pudiera llegar a gobernar España encontrara ideas que supusieran la negación explícita de sus concepciones políticas».

De Meer asegura que «el contraejemplo que suponían la II República y el régimen del general Franco, dos intentos de configurar una sociedad desde el Gobierno, llevó a los constituyentes de 1978 a buscar un amplio consenso para el artículo que establecía el carácter aconfesional del Estado, el derecho de libertad religiosa, y las relaciones entre los poderes públicos y las iglesias y otras confesiones religiosas».

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