Endemoniada competencia

La Iglesia católica tendrá que pagar el IBI en Italia. ¿Perderán también los obispos españoles el privilegio del que gozaban?

Las reglas europeas de la competencia están haciéndole el trabajo a algunos Gobiernos. En España, y en aplicación de tales reglas, la Iglesia católica perdió hace dos años uno de sus múltiples privilegios: la exención del pago del IVA. Tal prebenda suponía un ahorro a la Conferencia Episcopal de 30 millones de euros al año, según cálculos propios. La siguiente ventaja que podría estar en peligro es la exención del IBI (impuesto de bienes inmuebles), que, como el IVA, la Comisión Europea considera, en genérico, una ayuda de Estado que distorsiona la libre competencia. Las perspectivas no son buenas para los obispos si se tiene en cuenta que Mario Monti, presidente del Gobierno de un país tan católico y romano como Italia, va a limitar la exención de tal impuesto. Según Monti, el IBI (ICI, en sus siglas italianas) deben pagarlo los establecimientos eclesiásticos con ánimo de lucro o la parte proporcional de los mismos no destinada solo al culto, como escuelas, universidades, centros deportivos, hospitales, hoteles…

El ahorro que la exención del gravamen le está suponiendo cada año a la Iglesia italiana oscila entre los 100 millones de euros (según cálculos propios) y los 700 (según el experto de la publicación L’Espresso en estos asuntos). Es, en todo caso, una cifra importante de la que se beneficiarán las maltrechas arcas municipales del país. También en España las cantidades son voluminosas, como lo demuestra el hecho de que en octubre pasado el Ayuntamiento de Madrid se quejara de los 97 millones anuales que deja de recaudar por la exención del IBI de que disfrutan algunas instituciones; entre ellas, la Iglesia.

Monti estaba doblemente obligado a terminar con el privilegio eclesiástico. La opinión pública se lo exigió cuando recuperó el ICI derogado por Berlusconi y él mismo defendió las reglas europeas como comisario europeo de la Competencia, cargo que ahora ocupa el español Joaquín Almunia, que ha aplaudido la iniciativa del presidente italiano. Es una circunstancia inquietante para la Conferencia Episcopal Española, que quizá se las prometía más felices con el Gobierno de Mariano Rajoy.

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