Interrupción voluntaria del embarazo. Iglesia católica, partidos conservadores y grandes medios se encolumnaron detrás de la Comisión Nacional pro Derogación de la Ley del Aborto. Apuestan a un referéndum en 2013.
Todo el mundo está en contra del aborto”, declaró José Pepe Mujica, presidente del Uruguay, donde el Poder Legislativo acaba de sancionar la ley que despenaliza esa práctica a partir de lo cual en el país oriental se armó un revuelo de gran magnitud, impulsado por los mismos de siempre: la Iglesia católica, partidos conservadores, grandes medios de comunicación, fundamentalistas, operadores y oportunistas. La afirmación que Mujica hizo a la cadena británica BBC dio en el clavo. Volvió a aclarar que no se trata de impulsar o fomentar tal procedimiento, que se realiza de todas maneras, a pesar de la prohibición, sino que se busca brindar amparo sanitario a las mujeres de menos recursos que ponen su vida en peligro cuando se ven obligadas a acudir a centros clandestinos para frenar un embarazo no deseado.
Inmediatamente después de sancionada la despenalización, la maquinaria se puso en funcionamiento. Hubo desde amagues de excomunión por parte de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU), amenazas del opositor Partido Nacional (blancos) de que buscará derogar la norma, interponiendo planteos de inconstitucionalidad en la Justicia, hubo anticipos de que se apelará a la Corte Interamericana, los medios asedian con duras críticas y ya se lanzó la campaña para juntar firmas y conseguir que se convoque a un referéndum para el año que viene en el que la ciudadanía se pronuncie sobre la norma.
Como primera medida, los opositores partidos tradicionales, el Nacional y el Colorado, fundaron la Comisión Nacional pro Derogación de la Ley del Aborto, con la intención de concentrar en un organismo todas las acciones de una guerra declarada. La Comisión empezó por pedirle a Mujica que, como hizo Tabaré Vázquez en 2008, vete la iniciativa. Posibilidad que el mandatario del Frente Amplio descartó de plano. Aunque, según interpretó la prensa local, el ex tupamaro se habría manifestado a favor del referéndum, al afirmar que este “es un tema que lo tendría que resolver el voto de la gente”. Pero, al mismo tiempo, agregó: “Es un tema de conciencia y que cada cual lo tiene que resolver en su fuero interno”.
Luego, a la agencia de noticias AFP (otro medio internacional) le aseguró ser de postura contraria al aborto. Y, analizó: “El hecho de que Uruguay tenga una población envejecida no ayuda a promover cambios en la sociedad, tanto en el tema del aborto como así también en la regulación estatal de la marihuana”. Y remató: “La interrupción voluntaria del embarazo debería resolverse por el voto directo de todas las mujeres del Uruguay. En ese sentido, los hombres deberíamos callarnos la boca”.
La directora ejecutiva de la organización Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), Lilián Abracinskas, se manifestó en contra de la recolección de firmas para un referéndum sobre el aborto y calificó la iniciativa como “intransigente y poco democrática”. Esa opción no existió cuando Tabaré Vázquez vetó la norma a la que Abracinskas había dedicado mucho trabajo. Para la dirigente, esta ley “tuvo tantas modificaciones que quedamos con una sensación de mucha frustración: no se termina reconociendo un derecho, sino que no se aplica la pena si se cumplen una serie de requisitos”, renegó. Pero añadió que las organizaciones igual la defienden porque es eso o volver a que cada quien resuelva su aborto en el circuito clandestino.
Igualmente, todos los sondeos realizados hasta el momento fijan que los uruguayos están a favor de la despenalización. Los que maneja el sector que apoya la medida, hablan de que un 63% de los ciudadanos está a favor de la despenalización. Los menos optimistas revelan que aproximadamente el 51% de la población está a favor, un 42% en contra y un 7% no opina. La oposición apuesta a revertir estos índices. Los que, por otra parte, desmienten la versión de que esta medida divide al país al medio. Como de este lado del charco, esa versión es sólo una sensación cuya simetría se sostiene en el gran poder de lobby que tiene el sector que se opone. De todas maneras, ni la anunciada demanda contra Uruguay ante la OEA por parte de varias organizaciones se llevó a cabo, ni la amenaza de excomulgar de la Iglesia católica a los legisladores que votaron a favor resistió más de una semana. El mismo Secretario General de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU), monseñor Heriberto Bodeant, a quien varios medios, como el diario El Observador, le atribuyeron la versión, tuvo que salir a aclarar “que los legisladores católicos que votaron la ley que despenaliza el aborto no fueron ni quedan excomulgados por la Iglesia”. Entre los argumentos con que asedió la prensa local hubo una curiosidad. El otro sábado el diario La República tituló: “El diario argentino La Nación criticó la despenalización del aborto”. Hacía referencia a una editorial que afirmaba: “Uruguay privilegió la muerte” y agregaba: “El medio argentino considera que la ley es un retroceso”, que “dejará truncas las vidas de los niños por nacer, cuyos derechos no serán respetados”.
Para lograr el referéndum se debe reunir la cantidad de firmas equivalente al 25% del padrón electoral (más de 650 mil firmas). Otra posibilidad es recolectar 12 mil firmas dentro del año de promulgada la ley, pero luego lo mismo deberá concurrir a las urnas un cuarto del padrón.
La Comisión Nacional de Seguimiento (CNS) y la Mysu recuerdan en un dossier que en el mundo “se ha comprobado que la legislación restrictiva no previene ni evita el aborto y que muy por el contrario lo transforma en un grave problema de salud para las mujeres. En tal sentido, la Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) en el Capítulo VII del Programa de Acción, convoca a los gobiernos a considerar el aborto inseguro como un problema mayor de salud pública, a mejorar los servicios de planificación familiar para evitar los abortos, a proveer de atención y orientación a las mujeres que tengan embarazos no planeados, que se determinen las medidas y cambios sobre el trato del aborto a nivel nacional, y local de acuerdo a procesos legales nacionales, y afirma que ‘en todos los casos las mujeres deben tener acceso a servicios de calidad para el manejo de las complicaciones de los abortos. Los servicios de orientación, educación y planificación familiar post-aborto deben ser inmediatos para ayudar a prevenir abortos repetidos’, y ‘debe considerarse la revisión de leyes de penalización contra las mujeres que han practicado abortos ilegales’”.
La norma, sancionada tras un debate histórico por 17 votos afirmativos (los 16 senadores oficialistas más Jorge Saravia, del centroderechista Partido Nacional) contra 14 negativos, despenaliza el aborto hasta la semana duodécima de gestación por la sola voluntad de la mujer, siempre que la intervención se realice bajo supervisión del Estado. En ese sentido, es similar a las legislaciones más avanzadas del mundo, hoy vigentes en Cuba, Puerto Rico, Guyana y Ciudad de México. Además, requiere que se cumplan los procedimientos allí establecidos. Esto es: las mujeres deberán acudir a un ginecólogo del Sistema Nacional Integrado de Salud y ponerlo en conocimiento de “las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso”. Éste debe disponer inmediatamente (para el mismo día o para el siguiente) la consulta con un equipo interdisciplinario, integrado por al menos tres profesionales de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo; otro, deberá tener especialización en el área de la salud psíquica; y el tercero, en el área social. Los que deberán explicarle los alcances de su decisión y de ninguna manera podrán denegar o autorizar la interrupción. Transcurridos cinco días de “reflexión”, ella tendrá la última palabra.
En el mundo existen seis categorías para organizar las diferentes legislaciones en la materia. En 57 países el aborto es legal sin restricciones. Abarcando al 39,5% de la población mundial. En otros 14, el aborto se permite por razones socioeconómicas y psicofísicas, incidiendo en el 21,3% de los habitantes del planeta tierra. Un 4,2% que vive en otras 23 naciones puede interrumpir el embarazo por razones psicofísicas. Otro 9,2% habita en 33 países en que el aborto es legal sólo por razones físicas. Contemplan únicamente situaciones específicas, como violación, grave malformación del feto, peligro de vida para la madre, etc. 66 naciones que contienen al 25,4% de la población mundial. Y sólo cuatro estados mantienen una prohibición total: Malta, Nicaragua, Chile y El Salvador (0,5% de la población mundial).
En el continente americano, naciones con las legislaciones más permisivas del mundo, como Cuba, Canadá, Estados Unidos, Guyana, Puerto Rico y Uruguay, además de la Ciudad de México, conviven con las del otro extremo. De hecho, tres de los cuatro países más restrictivos del planeta pertenecen a Latinoamérica.
Pepe feminista. El presidente oriental, José Mujica, señaló que en un hipotético referéndum sólo deberían votar las mujeres,
Archivos de imagen relacionados
