Las instalaciones de la Fundación San José en Carabanchel no se pueden usar con fines industriales. El edificio está en un suelo de uso dotacional para equipamientos sociales y lo usa Eurest una empresa de catering industrial.
El 'catering' que llega cada día al Congreso de los Diputados se elabora en una cocina que no tiene licencia para realizar tal actividad. Lo mismo ocurre con la comida preparada que la compañía Eurest Colectividades S. L. distribuye por los organismos públicos de la capital en los que tiene la concesión del servicio de restauración, desde Ifema hasta el Hospital Ramón y Cajal.
Las instalaciones en cuestión se encuentran en un recinto de la Fundación Instituto San José situado en Carabanchel. Esta organización religiosa dispone de permiso para encender los fogones, pero sólo si lo que se va a cocer sobre ellos se reparte exclusivamente por los organismos propios «de carácter asistencial» que gestiona «en el ámbito de la Comunidad de Madrid», lo cual no es el caso.
Alertado por una denuncia de un particular, el Ayuntamiento de Ana Botella le dio un ultimátum de dos meses para que subsanara «las deficiencias detectadas» por los técnicos municipales: «Distribuir comidas en régimen de 'catering' a centros distintos de los autorizados en licencia». Una vez expirado tal plazo en agosto, y sin haber tenido noticias de la entidad católica, el proceso se encuentra en «trámite de audiencia previo al decreto del cese de actividad», según explica una portavoz del Área de Seguridad y Emergencias, de quien depende la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (Agla).
Entre tanto, los camiones de Eurest siguen saliendo de la sede de la fundación en la calle Pinar de San José, tal y como pudo comprobar el miércoles este periódico. La compañía privada que presuntamente tiene alquiladas estas instalaciones en contra de la normativa vigente incluso ha trasladado su domicilio social a esta misma dirección.
«Estamos ante el vergonzoso y vergonzante caso de una organización que lleva saltándose la legalidad desde 2008 mientras el Ayuntamiento hace la vista gorda», asegura Jaime Lissavetzky, portavoz del Grupo Municipal Socialista, que lleva meses denunciando la «situación continuada de ilegalidad» de las instalaciones, donde se ejerce «una actividad sin el permiso pertinente».
El edificio de la Fundación Instituto San José destinado a «servicios propios de lavandería, cocina industrial, almacenes y oficinas» estuvo utilizándose durante al menos cuatro años sin licencia de primera ocupación y funcionamiento hasta que el Área de Urbanismo se la concedió el pasado diciembre, exactamente 29 días antes de que se ejecutara la orden de «clausura» que había sido decretada dos meses antes.
'Culebrón' administrativo
El 'culebrón' administrativo siguió en febrero de este año: el Agla recibió otro escrito de denuncia en el que se alertaba que el tipo de 'catering' que se prepara en las instalaciones adscritas al Arzobispado de Madrid no cuenta con el permiso pertinente. Así que se inició un nuevo expediente de disciplina urbanística. Varios trámites después, el 19 de mayo se emitía la resolución en la que se daba un plazo de dos meses para que se «ajuste la actividad a licencia o bien a través de su legalización». Ninguna de esas circunstancias se ha producido.
«Para legalizar esta situación ilegal sería necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que cambiara el uso de un suelo dotacional para equipamientos sociales por el de uso industrial. Y esto sería un trato de favor claro respecto al resto de los madrileños», apunta el concejal socialista Gabriel Calles, miembro de la Comisión de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de la capital.
Presentación de un recurso
La Fundación Instituto San José declinó hacer declaraciones sobre este asunto. Por su parte, Eurest explicó a través de un portavoz que la compañía ha planteado «un recurso» ante el Gobierno de Ana Botella que «sigue su cauce» y asegura que puede seguir realizando la actividad porque cuenta con «la licencia correspondiente».
La multinacional de 'catering' ha ido ocupando el hueco que ha dejado el Grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, en diversas instituciones públicas radicadas en Madrid, como la concesión de la cafetería Congreso de los Diputados. Al edificio de la carrera de San Jerónimo llegan sus furgonetas de reparto procedentes de Carabanchel los días que hay actividad parlamentaria.
Eurest se define a sí misma como la empresa «líder» en el sector de la restauración colectiva con más de 45 años de experiencia en España.
Furgonetas de Eurest Colectividades situadas en el recinto de la Fundación Instituto San José. ANTONIO HEREDIA
Archivos de imagen relacionados
