Entre la gran mayoría de la sociedad española hace tiempo que desapareció el conflicto religioso. También nos hemos dotado de una Constitución que declara que ninguna confesión tiene carácter estatal. Y sin embargo, ahora llega la sinrazón del último acuerdo Estado-Iglesia católica, que aumenta desde el 0,52% hasta el 0,7% el porcentaje del IRPF destinado a financiar la organización, el culto y el clero católicos.
El Estado soluciona así la propina ilegítima a cargo del Presupuesto que cada año concedía a la Iglesia, a cambio de enterrar el acuerdo de 1993 por el que los obispos se comprometían a caminar hacia la autofinanciación. Ante el ruido generado, las ONG denominadas de interés social, muchas de las cuales son un brazo más de la Iglesia católica, exigen también (y se les concederá) el 0,7% del IRPF. Lo que significa que el Estado dejará de recibir, y de gastar en infraestructuras y servicios públicos, un dinero que pertenece a todos: católicos y fieles de otras religiones, agnósticos, ateos, indiferentes… Cabe de paso señalar que la fórmula administrativa de marcar una casilla en el impreso del IRPF es, además, contraria al precepto constitucional de no estar obligado a declarar la condición religiosa de cada individuo.
En un Estado que no profesa religión alguna, las diferentes confesiones religiosas lo que deben hacer es autofinanciarse. Y la Iglesia católica española tiene medios para ello. Podría y debería hacerlo con las cuotas y donaciones de sus feligreses; con los beneficios y plusvalías de su patrimonio y propiedades; con sus múltiples negocios, empresas financieras y de otro signo; con la prestación de sus servicios… Y todo ello sin estar exenta de sus deberes tributarios.
En un Estado que no profesa religión alguna, las diferentes confesiones religiosas lo que deben hacer es autofinanciarse. Y la Iglesia católica española tiene medios para ello. Podría y debería hacerlo con las cuotas y donaciones de sus feligreses; con los beneficios y plusvalías de su patrimonio y propiedades; con sus múltiples negocios, empresas financieras y de otro signo; con la prestación de sus servicios… Y todo ello sin estar exenta de sus deberes tributarios.
En cuanto al Estado, lo que debe hacer es garantizar la igualdad de trato a todas las confesiones religiosas legalizadas. Pero no es así en España.
El Gobierno ha presentado este acuerdo con la Iglesia como un avance. Indica que ahora no habrá financiación estatal directa, lo cual es falso, puesto que la fórmula del porcentaje (sea el 0,52 o el 0,7) es financiación directa pura y dura, ya que se detrae de la caja general. Y asegura que se va a atender la exigencia de la Unión Europea de que la Iglesia pague IVA, lo que está por ver.
Lo que ciertamente sería un avance es que el Gobierno denunciara o no cumpliera los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que infringen nuestro ordenamiento constitucional y son la causa de muchos problemas (Existen fórmulas en la Constitución: Tít. III, Cap. 3).
Recordemos que la Iglesia católica tiene, además, otros muchos privilegios económicos. ¿Qué pasa con el Impuesto de Bienes Inmuebles del que está exento su enorme patrimonio y con otras ventajas fiscales? ¿Qué hay del dinero que se gastan o dejan de percibir ayuntamientos, comunidades autónomas y otros entes públicos para apoyar actividades religiosas de todo tipo, y hablo de cosas que van de la cesión de suelo al arreglo y mantenimiento de instalaciones para el culto? ¿Qué pasa con el pago de toda la educación concertada de ideario católico, que supone más de 3.500 millones de euros al año? ¿Y con los 600 millones de euros al año que se abonan a los miles de profesores de religión que en la escuela pública se dedican a difundir la fe católica? ¿Y con el mantenimiento público de congregaciones católicas que supuestamente hacen obra social? ¿Y qué control ejerce Hacienda sobre las donaciones, los cepillos y lo recaudado por servicios religiosos?
La sinrazón de este pacto, que la Conferencia Episcopal evidentemente aplaude y denomina con cierto sarcasmo un "acuerdo de laicidad inteligente", coloca a los poderes públicos que lo respaldan en un espacio de clara confesionalidad católica. Pues a ello hay que añadir, como ejemplos, la participación activa en rituales católicos de innumerables cargos públicos, más una Ley de Educación (LOE) de claro marchamo confesional.
Los clérigos y algunos políticos justifican esta excepcionalidad afirmando que en España hay un 80% de católicos. Mienten. A saber: bautizos, comuniones, bodas y funerales responden, en un alto grado, más a prácticas paganas, costumbristas, sociales y consumistas que a una verdadera fe católica. El buen dato es que tan sólo un 22% de los declarantes del IRPF colocan la cruz para la financiación del clero y el culto católicos, según Hacienda. Otro buen dato es que menos de un 25% de la ciudadanía, según la propia Iglesia, cumple habitualmente con el culto católico. Y aunque la Iglesia niega el derecho a apostatar, más del 85% de los ciudadanos españoles hacen caso omiso a la doctrina católica en lo referente a la sexualidad, al modelo católico de familia, a la homofobia y sexismo de su doctrina, a las restricciones en cuestiones relacionadas con la salud y con la ciencia. Y en una reciente encuesta del pasado abril de la Fundación Santa María tan sólo un 10% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años se declaran católicos practicantes. Entonces, ¿a qué responden los privilegios que se pretenden mantener e incluso extender?
Argumenta el Gobierno que así podrán negociar mejor y con tranquilidad "otras cosas", como la cuestión de la religión en las escuelas. Pero cuando pase este momento de besamanos, habrá clérigos que, como siempre, continuarán profiriendo consignas contra todo aquello que no comulgue con su ideario católico, y seguirán presionando con dureza para conseguir renovados privilegios. Y seguiremos padeciendo los ataques furibundos e integristas del clero católico contra la libertad de expresión y las manifestaciones artísticas, filosóficas, científicas e históricas que van contra sus dogmas. Lo que no hace sino acrecentar la sinrazón del acuerdo del 0,7%.
