En el paraíso

Cartas desde Laos

El drama económico al que nos ha conducido la especulación financiera en los últimos años, ha tenido en España a uno de sus países de referencia al que miran impasibles, como de costumbre, las “potencias” europeas, por un lado para expiar y redimir sus propias culpas y, por otro, para continuar alimentando un nuevo ciclo especulativo. También es cierto, que esta situación se ha acrecentado gracias a la indolencia de unos partidos políticos lacayos de ese mismo poder financiero, integrados por personas caracterizadas por su falta de formación, por tener unos hábitos de comportamiento corroídos y soberbios y por practicar y fomentar un desprecio visceral al sentido colectivo de la convivencia socialmente justa y duradera castrando así la honestidad, la dignidad y el desarrollo moral de una buena parte de los españoles. Esos políticos, orgullosos de la sutileza con la que tejen sus redes clientelares han conseguido, gracias a la trama financiera partitocrática urdida entre bastidores desde 1978, una salvaguarda legal con la que proteger a sus jefes, a los poderosos ajenos a los cargos electos, cuyos plazos de planificación son mucho más largos de lo que pueden imaginar sus pueriles mentes, solo habilitadas para la gula y los trapicheos circenses, generalmente personales o familiares y habitualmente ideológicos.

 La noticia del suicidio de un señor, padre de familia, acosado por la deuda de casi 25.000 euros tras una supuesta dación en pago y tras conocer la deuda con la Agencia Tributaria resultado del “incremento de patrimonio” derivada de esa misma dación en pago, evidencia la realidad mercantilizada de ese drama y la certeza de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de febrero, al calificar la ley hipotecaria como “criminal” frente a la pasividad de la mayor parte de la caterva política y ante la progresiva intervención del poder judicial que detiene los desahucios cuando puede, consciente de la estafa legal orquestada.

¿Quiénes son esos jefes, referidos con anterioridad, que se encuentran detrás de la especulación financiera y la presión contra los poderes públicos para forzar la aceptación social del chantaje depredador de sus intereses? ¿Quiénes son esos “intocables”, que al contrario de lo que ocurrió con el protagonista de la magnífica película de Brian de Palma, no han sido nunca llevados ante la justicia? La recurrencia a conceptos que remiten a otros conceptos con los que agotar la paciencia y la inquietud de quienes cuestionan es la respuesta habitual: los “mercados”. Lo turbador es que este término viene acompañado de una cadena de interrogantes los cuales, en muchas ocasiones para vergüenza propia, terminan conduciendo a cada uno de nosotros como actores principales, en la medida que participamos en planes de ahorro, planes de pensiones e inversiones bursátiles de diversa índole. Meras piezas del engranaje, meros animales de la granja.

Qué duda cabe que la especulación financiera encuentra en esas inversiones, con diferentes grados y tipos de capital, la panacea para sus beneficios sin escrúpulos, llegando a hacer estallar sus propias burbujas –tecnológicas, alimentarias, inmobiliarias, etc.- con absoluta indiferencia de las personas estafadas. Los paraísos fiscales, como principal recurso de la gran evasión y elusión de capital es un buen ejemplo para identificar el robo económico de las grandes fortunas. No obstante, con estos paraísos tan solo nos ocupamos de las formas civiles contemporáneas del saqueo histórico al capital productivo.

Los paraísos fiscales de los “mercados” son una broma frente a los paraísos de financiación clerical. Al menos los primeros tienen mala conciencia y necesitan esconderse detrás de la ingeniería financiera delictiva o alegales. Los segundos, aunque no renuncian a los paraísos fiscales, encuentran en sus prácticas históricas de alianza con el poder político y de control educativo y social sus fuentes de enriquecimiento a largo plazo.

La trama financiera en la historia de la Iglesia Católica puede rastrearse desde su propio entramado doctrinal, constituido por la ambigüedad y la bipolaridad en la cuestión del dinero, naturaleza híbrida que queda expresada a partir de la fórmula según la cual la Iglesia de Cristo está en el mundo, con el mundo, pero no es de este mundo. La vida del Papa Calixto I, en el siglo III, es todo un ejemplo de práctica de la usura, a pesar de estar condenada sin paliativos en el Éxodo 22.25, el Levítico 25.35-38, y el Deuteronomio 23.19-21. Precisamente esta naturaleza esquizoide la proporciona el mensaje neotestamentario que conjuga armónicamente un escatologismo inminente con una Iglesia inserta de modo permanente en un mundo duradero e inmediatamente configurada como poder en el concierto político de los poderes, según magistralmente explica Gonzalo Puente Ojea en el prólogo al libro de Rossend Domenech titulado Marcinkus. Las claves secretas de las finanzas del Vaticano. De ese modo,  la lógica del beneficio clerical se levanta sobre la realidad fáctica de la organización eclesiástica que devora el mensaje cristiano de amor urdido y pergeñado.

No obstante, si atendemos a la realidad reciente, como prueba ulterior de esa misma hipocresía estructural, puede rastrearse la vocación usurera comenzando por el Instituto para las Obras de Religión -comúnmente conocido como Banco Vaticano– y su vínculo con la entidad católica milanesa Banco Ambrosiano, del que era accionista principal cuando, tras el cambio de regulación financiera en Italia de 1968, comenzó a aflorar todo el lavado y planchado del dinero que provenía del tráfico de heroína de la familia mafiosa Gambino, hecho destacado que puso en alerta tanto a la magistratura milanesa, como a la Federal Bureau of Investigation (FBI). Curiosamente, el único Papa que se interesó por este escándalo, Juan Pablo I, murió treinta y tres días después de hacerse cargo del Pontificado. Este trágico y repentino suceso fue comunicado por el secretario del Banco Vaticano, Paul C. Marcinkus cesado el día anterior, que fue el primero en visitar al Papa ese día a las 6.45h de la mañana. Finalmente, en 1982, nació el Nuevo Banco Ambrosiano que pagó las deudas contraídas por su predecesor a causa de una autodeclarada responsabilidad moral. De nuevo hoy, entre las razones que se apuntan sobre la dimisión de Benedicto XVI se encuentran las finanzas vaticanas. De hecho, su última decisión como Papa fue nombrar un nuevo responsable del Banco Vaticano, el barón Ernst Von Freyberg.

Desde el ámbito español el panorama se presenta como un vergel clerico-bancario antes, y sobre todo después, de 1939. Al fin y al cabo para algo lograron una victoriosa cruzada de salvación. Conocido es el vínculo entre el Banco Popular y el Opus Dei, especialmente en la etapa de dos insignes numerarios, Luis Valls, presidente desde 1972 hasta 2004 y Rafael Termes consejero delegado desde 1966 a 1977, año en el que fue elegido presidente de la Asociación Española de Banca, hasta 1990. A esto hay que añadir la participación de la Iglesia católica, con el Arzobispado de Valladolid a la cabeza, en las inversiones especulativas de Gescartera, que supuso una estafa de 120 millones de euros o entidades fundadas por la Iglesia católica como CajaSur en Córdoba, Caja de la Inmaculada de Aragón (CAI) en Zaragoza y Cajacírculo en Burgos; sin olvidar otras entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), resultado histórico de la fusión de Cajas como el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, la Caja de Ahorros de nuestra Señora de los Dolores de Crevillente, la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela o la Caja de Ahorros del Sindicato Católico Agrario de Yecla.

Por detenernos en las tres entidades financieras vinculadas directamente con la Iglesia católica, CajaSur, asidua a las fiestas del ladrillo, fue intervenida por el Banco de España en mayo de 2010 a petición de su presidente, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, debido a sus deudas que superaban los 850 millones de euros y ante la posibilidad de fusionarse con Unicaja con el fin de constituir la mayor Caja andaluza y la sexta entidad financiera de España. Proviene de la fusión en 1995 entre el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, entidad católica fundada en 1864, y la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba vinculada a la Diputación. Fue comprada en julio de 2010 por Bilbao Bizkaia Kutxa. Por su parte, la CAI, junto con Cajacírculo, además de Caja Badajoz, constituyen desde 2011 el Grupo Caja3. CAI se fundó en 1905 por la Acción Social Católica de Zaragoza y, Cajacírculo,fue constituida por el consejo de gobierno del Círculo Católico de Obreros de Burgos a instancias del arzobispo de Burgos en 1908.

Como explicaba Rafael Termes en el libro de su patrocinio Capitalismo y cultura cristiana, el problema del capitalismo no es su sistema económico sino su sistema ético-cultural. En esa creencia vive y ha vivido la estructura de poder de la Iglesia católica, del mismo modo que Agustín de Tagaste explicaba en La Ciudad de Dios, la devastación de Roma por parte de las tropas de Alarico en el 410. La causa del saqueo no era la decadencia del Imperio, sino su distancia de la fe en Cristo, es decir, el problema de la crisis económica no es el capitalismo en sí, sino su distancia de la Iglesia. Esta lógica torticera, que crea víctimas propiciatorias para sus propios pecados, que legitima y santifica la avaricia siempre que conduzca al reino de Dios, bendice hoy como siempre al dinero en su desprecio de la libertad y de la vida humana. La situación económica que padecemos lo evidencia. De hecho la Iglesia católica no se ha manifestado contra la miseria provocada a millones de personas, como sí lo hace contra el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, el divorcio, los anticonceptivos o la Educación para la Ciudadanía, movilizando para ello toda su fuerza social y mediática. Por fortuna, la confesión, el arrepentimiento diario y la absolución sacerdotal la redime de su contribución al genocidio económico.

También en los centros neurálgicos de las finanzas mundiales se reproduce la misma hybris clerical productora del beneficio económico a escala mundial. Dejando atrás el caso del Banco Ambrosiano, como ente visible de las operaciones financieras delictivas del Vaticano en el siglo XX, las denuncias a la Santa Sede sobre sus multimillonarios lavados de dinero no dejan de sucederse en obras como las de Avro Manhattan (por ejemplo, The Vatican Billions, 1983), la de Jesús Ynfante (La cara oculta del Vaticano, 2004) o la de Gianluigi Nuzzi (Vaticano SpA. Da un archivio segreto la verità sugli scandali finanziari e politici della Chiesa, 2009); al igual que en investigaciones periodísticas como las del diario inglés London Telegraph, del alemán Inside Fraud Bulletin o del italiano la Repubblica.

Avro Manhattan, el mayor y mejor conocedor de la Iglesia católica en el siglo XX, en su relación con la política mundial y el dinero –traducido a casi todas las lenguas del mundo y curiosamente casi inédito en lengua española-, exponía a principios de los ochenta, los detalles del vínculo entre el Vaticano y la rama inglesa y napolitana de la familia judeoalemana de banquerosRothschild, así como sus grandes inversiones en el Credit Suisse de Londres y Suiza o en entidades financieras de EE.UU., como el Banco Morgan, Chase-Manhathan, Frist National Bank de Nueva York o Bankers Trust Company, entre otros. A todo esto,añade la denuncia de la adquisición de cientos de millones de acciones en las más poderosas corporaciones internacionales, tales como la Gulf Oil, Shell, General Motors, Betlehem Steel, General Electric, IBM, Disney, Internacional Business Machines y la aerolínea TWA. Más conocido es en el ámbito hispano la obra de Jesús Ynfante ya mencionada, en la que certifica que con capital del Vaticano hubo compras de porcentajes significativos y a menudo mayoritarios en empresas de muy diversos sectores económicos como textiles, telefónicas, ferroviarias, cementeras, eléctricas, alimentarias y de servicios; así como también en empresas inmobiliarias, de armamento y hasta en una empresa de plásticos especializada en la fabricación de preservativos. La obra más reciente es la del milanés Gianluigi Nuzzi, en la que analiza el período post-Marcinkus a partir de más de cuatro mil documentos y de la historia real del principal asesor económico del Vaticano, Renato Dardozzi, de los que se deduce el “articulado sistema de cuentas ocultas y paralelas para manejar el dinero del crimen organizado, recursos de sobornos, cuentas millonarias de dudosa reputación y obscuro proceder”.

Igualmente desde el ámbito periodístico, los diarios London Telegraphe Inside Fraud Bulletin en febrero de 2002, o la Repubblica en marzo de 2010 o febrero de 2013, demuestran que el Estado de la Ciudad del Vaticano es un Estado “cut out”, es decir, un Estado cuya legislación sobre el secreto bancario impide toda posibilidad de rastrear o encontrar una pista sobre los orígenes de los fondos financieros depositados o transferidos. De hecho paraísos fiscales como las Islas Bahamas, Suiza o Liechtenstein, son Estados menos utilizados que el Vaticano para el blanqueo de dinero sucio. Además, la gran diferencia entre el paraíso fiscal “convencional” y el del Vaticano es que en este último, sólo su Banco Central, es decir el Banco Vaticano o Istituto per le Opere di Religione, puede llevar a cabo el blanqueo de dinero, y no la banca privada extranjera que opera allí.

Ante el hecho de la inmensa riqueza del Vaticano, ¿será que la Iglesia católica, como institución, no puede oponerse al presente genocidio económico y a la corrupción porque participa activamente en la trama financiera que los origina? ¿Será que la caridad resuelve el orden social injusto que provoca guerras y millones de muertes por hambre y enfermedades en todo el planeta? En su primera encíclica,Deus caritas est, el Papa Benedicto XVI, señalaba que “La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado”. Lo suyo en cambio es la caridad, la ayuda humana y humanitaria, que no obstante nunca debe “dejar de lado a Dios y a Cristo”, apostilla el exPapa alemán. Y añade, “la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia”, junto con el anuncio de la Palabra de Dios y la celebración de los Sacramentos. Entonces, ¿es la caridad la realidad del símbolo de un Dios pobre, famélico, perseguido y crucificado? ¿Es posible ignorar el amor de la Iglesia católica a la propiedad privada y al lucro, fuera de su ambigüedad constitutiva como entidad de poder terrenal?

Al contrario de lo que considera el gran teólogo Ratzinger, en lo que podría considerarse una autoparodia digna de los guiñoles, la defensa de la justicia social no es lo propio de una estrategia marxista inhumana. El mero voluntarismo caritativo, por urgente y necesario que sea en determinadas circunstancias, al margen de proselitismos, solo termina por retroalimentar un modelo social de beneficencia, dependiente y estructuralmente injusto. Claro que la Iglesia católica como todo consorcio internacional necesita de una autolegitimación corporativa ante las críticas tanto internas como externas que recibe. Organizaciones como Cáritas Diocesana española cumplen de forma excelente este papel, además de resolver las necesidades más perentorias de cientos de miles de personas a diario. Lo paradójico, en fin, es que la Conferencia Episcopal española sólo aporta a Cáritas un exiguo 2% de su presupuesto anual (el 64.3% lo recibe de fondos privados y el 33.7% de fondos públicos, según datos de la Memoria Anual 2011 de Cáritas española). El porcentaje de rentabilización mediática que obtiene a cambio es muy superior. Es más, repetir hasta la saciedad que la Iglesia ahorra dinero al Estado, asistencial o de cualquier otro tipo, es una completa falacia. ¿Cómo se financia la Iglesia católica española?

La Iglesia católica conoce bien, desde que el diezmo se hiciera obligatorio para ella a partir del siglo VI, lo importante que son los recursos ajenos para su economía. Ya en el siglo XIV, versificaba el Arcipreste de Hita el apego clerical al dinero, cuando decía: “donde hay mucho dinero hay mucha bendición…”. En la España posterior a 1978, se observa que el diezmo se ha transfigurado en contribución obligatoria y universal a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Y es que la multimillonaria Iglesia católica ingresa cada año del erario público cientos de millones de euros sólo a través de este medio. El mecanismo tiene una historia no siempre conocida. Su punto de partida se encuentra en los Acuerdos económicos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, los cuales apuntaban hacia la autofinanciación progresiva de la Iglesia católica en su artículo 2.5. Sin embargo, este propósito se fue revelando como una quimera después de siglos de ser subvencionada, revelación, por otra parte, que ya se tenía prevista en los artículos 2.2, 2.3 y 2.4 de esos mismos Acuerdos mediante un procedimiento transitorio, ¡aunque sin fecha de caducidad! Desde la Campaña IRPF de 1988 se estableció el denominado “impuesto religioso” por medio de la asignación tributaria. El procedimiento consistió en sustituir el pago directo de dinero público como dotación global a través de los Presupuestos Generales del Estado, como se venía haciendo hasta ese año, porun trámite administrativo obligatorio para todos los ciudadanos con el fin de favorecer la financiación de una organización ajena a la estructura del Estado. El resultado, por la gracia divina y auspiciado en época de mayorías absolutas del Partido Socialista Obrero Español en generosa aplicación del artículo 2.2 de los mismos Acuerdos, fue que el 0,5239% de lo recaudado en la Declaración de la Renta, -unido a diversas exenciones tributarias recogidas en los artículos 3, 4 y 5-, pasaba a formar parte de las arcas anuales de la Iglesia católica, para lo cual el Estado adelantaba mes a mes la previsión de la cifra total, con el fin de poder atender a las autodeclaradas “necesidades” de la Iglesia católica. Casualmente todos los años se excedía en la cantidad adelantada, aunque el Estado condonaba la cantidad del exceso año tras año. En esta situación, todos eran felices y nadie se quejaba. Bueno, algunos osados diputados socialistas sí lo hicieron, pero fueron rápidamente condenados al ostracismo político.

La consensuada felicidad clérico-política la rompió el Parlamento Europeo cuando denunció a España por estas prácticas que suponían un inaudito privilegio que violaba la más elemental igualdad jurídica en un Estado de Derecho. En 2006, se pensó en atender la reiterada denuncia de la Unión Europea, que comenzaba a plantear sanciones a España, y se “acordó”, por un lado, subir el porcentaje recaudatorio al 0,7% para poner fin a la reclamación europea sin que la Iglesia católica viese menoscabados sus ingresos precedentes del dinero de todos los contribuyentes y, por otro lado, reorganizar la casilla alternativa destinada a “otros fines” –cuyos criterios de selección sólo suelen superarlos organizaciones vinculadas a la Iglesia católica-. El resultado fue que el nuevo modelo aportaba más dinero aún a la Iglesia católica. Y en esta renombrada felicidad seguimos.

En cifras, según el B.O.E. y con perspectiva histórica, lo que todos los españoles pagamos anualmente a la Iglesia católica a través de la Declaración de la Renta, en función del porcentaje de las personas que señalan la equis -un 33% aproximadamente en la última década-, es lo siguiente: en 1988, a través del IRPF “se recaudaron” 83.198.015 millones de euros, de los cuales 41.520.363 millones de euros los tuvo que añadir graciosamente el Estado para cubrir lo que la propia Iglesia católica consideraba sus necesidades; en 1994 lo “recaudado” a través del IRPF fueron 109.985.215 millones de euros de los que 18.697.847 millones de euros fueron abonados por el Estado para alcanzar la cifra estipulada según las “necesidades” clericales; en 1997 la cifra “recaudada” fue de 120.875.554, de los que el Estado asumía alegremente 29.136.731 para igualar la “tarifa clerical”; en 2002, la cifra ascendió a 133.310.039 de los cuales 27.271.402 millones de euros eran suplementarios del Estado. Actualmente, en la campaña de IRPF de 2011 con una recaudación sin “sobre-sueldos” –ya no son necesarios porque el cálculo legal hace casi duplicar los anteriores ingresos-, la financiación del culto y del clero católico obtuvo 248,3 millones de euros. En la última campaña, la de 2012, la recaudación ascendió a unos 247 millones. Para la campaña de 2013 aún falta unos meses, aunque en breve comenzará la Conferencia Episcopal a hacer publicidad en todo tipo de medios para que el declarante marque la casilla de la Iglesia católica “Xtantos”. El coste de esa publicidad lo tiene más que amortizado.

En definitiva, treinta y cuatro años después de que la Iglesia católica declarara que buscaría su autofinanciación todavía hoy sigue viviendo del dinero público. Si un acuerdo se incumple por una de las partes, ¿es de obligado cumplimiento para la otra? La realidad nos dice que esta última no sólo no incumple el acuerdo sino que colabora con la parte incumplidora para que siga por el mismo camino. Deus caritas est y, por tanto, ¡a la Iglesia lo que pida! Éste es parte, sólo parte, del resultado económico de la trama política, jurídica e institucional urdida desde 1978 y levantada sobre el fascismo nacional-católico. Cada Gobierno en ambos periodos -dictadura y democracia- ha participado activamente en el saqueo al pueblo español a favor de la Iglesia católica: armonía preestablecida en estado puro.

La recaudación de dinero por parte de la Iglesia católica española a través de la casilla correspondiente en el IRPF es una pequeña parte del conjunto del dinero público que recibe, destinado exclusivamente a cubrir la financiación del culto y del clero católico. A los 247 millones de euros recaudados a través del IRPF del último ejercicio, hay que sumarle algunos miles de millones de euros más en subvenciones directas e indirectas. Si pretende hacerse un cálculo aproximado del dinero que obligatoriamente recibe la Iglesia católica en España de todos los contribuyentes –católicos, creyentes de otras confesiones y no creyentes-, hay que partir de la necesidad de distinguir entre la vías de financiación y las vías de exenciones fiscales, unido a la dificultad que supone acceder a ciertos datos que poseen tanto el Estado, como la Iglesia.

Respecto a las vías de financiación, además del IRPF, hay que distinguir las siguientes, atendiendo a los datos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, y de Comunidades Autónomas, por la Conferencia Episcopal, en el Informe sobre financiación de la Iglesia católica en España de abril de 2012 por la Asociación Europa Laica y en informaciones periodísticas de diarios como MiCiudadReal.es, El País o El Mundo:

a)      Personas que imparten religión en Centros públicos, concertados y privados sin concertar: se estima que unos 500 millones de euros están destinados al pago de estas personas, tanto para salarios como para pagos a la Seguridad Social. A esta cifra, para el curso 2009-2010, habría que añadir el coste de las horas perdidas por docentes que atienden a niños y niñas que no asisten a religión y que podrían estar haciendo otra labor docente o tutorial, así como el número de plazas de profesores que no se crean debido a estos gastos fijos.

b)      Financiación de Centros con ideario católico (“propio”): la cifra aproximada en el conjunto del Estado es de 3.900 millones de euros, a través de los módulos económicos de los conciertos educativos en cada Comunidad Autónoma. Es muy previsible que el aumento de la privatización de la enseñanza que promueven algunas Comunidades Autónomas, junto con la implantación de la LOMCE prevista por el ministro Wert, aumentará considerablemente el coste de esta financiación, incluyendo a los Centros que segregan a los alumnos por sexos, práctica rechazada por el Tribunal Supremo.

c)      Universidad: el cálculo del costo de subvenciones a Universidades católicas y a sus Fundaciones, mantenimiento de capillas, capellanes o profesorado de Teología, Derecho Canónico, etc., en Universidades públicas y becas para el alumnado que asiste a Universidades católicas, está por realizar debido a su complejidad técnica. A esto hay que añadir, la financiación estructural futura que se fomenta a través de la impartición de asignaturas de Religión católica en Facultades de Magisterio, presentadas como alternativas profesionales.

d)     Servicios asistenciales: entre el ámbito social (Cáritas, Manos Unidas y losmás de 3.000 centros y casas de caridad, dispensarios, casas de ancianos, discapacitados, orfanatos, guarderías, centros especiales de reeducación, centros de drogodependientes etc., a través por ejemplo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl) y el ámbito sanitario (subvenciones directas y convenios con actividades hospitalarias por parte de las Consejerías de Sanidad) se estima por parte de la Asociación Europa Laica que la cifra que recibe la Iglesia católica es de 2.700 millones de euros. Esta cifra deriva de la dejadez histórica por parte del Estado de la cobertura de necesidades sociales, del colchón económico con el que el Estado nutre el proselitismo de la “Obra Social de la Iglesia” –que vive de un voluntarismo engrasado con la fe de sus seguidores- y del fomento de argumentos demagógicos y falaces dirigidos a defender el ahorro que supone la Iglesia católica al Estado español.

e)      Funcionariado clerical: la nómina y los seguros sociales de capellanes hospitalarios (unos 800 en total), penitenciarios (más de 100) y castrenses (85) suponen unos 25 millones de euros al año.

f)       Restauración, sostenimiento y conservación del patrimonio en poder de la Iglesia católica: aunque las subvenciones se reciben a través de diversas fuentes como corporaciones municipales, gobiernos autonómicos o gobierno central, la asociación Europa Laica considera que ronda los 700 millones de euros anuales. Sólo desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2013 la cifra constatada es de casi ocho millones y medio. El Observatorio del Laicismo está llevando a cabo un interesante estudioal respecto. El 80% del patrimonio histórico-artístico nacionalestá en manos de la Iglesia, al igual que el 70% del suelo habitable en ciudades como Toledo, Ávila, Burgos o Santiago de Compostela.

g)      Fastos y eventos: las cifras conocidas de la visita del Papa a España en 2011 es de 60 millones de euros, aunque existen fundadas dudas sobre el total del dinero  público invertido, que superarían en mucho esa cifra. A esto habría que sumarse la cobertura mediática y la cesión de espacios televisivos y radiofónicos públicos tanto para programas propios como para la cobertura regular de sus noticias. Está por cuantificar el coste de estas retransmisiones e informaciones. La afectación, la gazmoñería y la beatería de la mayoría de los periodistas que retransmiten estos fastos y eventos, va a parte porque no es cuantificable.

h)      Subvenciones y gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local: esta financiación tampoco está cuantificada, pero el hecho es que a este tipo de eventos y de asociaciones nunca les falta una subvención, al contrario de lo que ocurre con eventos y asociaciones civiles, especialmente con la crisis económica, como actividades de Centros cívicos, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos o Residencias de Mayores. Su gran justificación la encontraron en declarar sus manifestaciones religiosas públicas como Patrimonio Cultural y Turístico, lo cual los blinda económicamente allí donde lo consiguen gracias al populismo tramontano del habitual político de turno.

En lo que respecta a las exenciones fiscales, hay que señalar las siguientes:

i)        Desgravación de impuestos: aunque la Iglesia católica paga el IVA desde 2009 a pesar de que dicha exención nunca fue recogida en los Acuerdos económicos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, la desgravación fiscal de los donativos que recibe por parte de empresas o fieles, no está regulado en modo alguno y, por tanto, no puede contabilizarse.

j)        Exenciones tributarias:dejando a un lado el amparo que recibe la Iglesia católica por los Acuerdos económicos citados, o por las leyes 30/1994 y 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo, el patrimonio inmobiliario de la Iglesia católica española es tan grande que no todo se encuentra protegido por este problemático paraguas fiscal. Por ejemplo, las fincas rústicas y urbanas no están exentas del pago del IBIbajo ningún aspecto legal, así como el impuesto de obras, el impuesto de sociedades, etc., que sí pagamos el resto de españoles. Teniendo en cuenta que las propiedades inmobiliarias de la Iglesia ronda los 100.000, diversos expertos como el hispanista estadounidense Stanley George Payne o el experto del diario El Paísen asuntos religiosos, Juan G. Bedoya, estiman en 2.500 millones de euros que el Estado, sobre todo a través de los Ayuntamientos, dejan de ingresar.

k)      Inmatriculaciones:permite a la Iglesia Católica inscribir a su nombreen el Registro de la Propiedad  bienes que no estén inscritos con anterioridad, al amparo del art. 206 de la Ley Hipotecaria del 8 de febrero de 1946 y al Decreto Ley de José María Aznar de 1998, en el que se equiparaba a la Iglesia católica con las Corporaciones de Derecho Público, los municipios, las provincias y el Estado, equiparando a obispos o arzobispos con los funcionarios públicos a la hora de certificar que los bienes a inmatricular son de su propiedad. Sólo en la Comunidad Autónoma de Navarra, donde la Plataforma por la Defensa del Patrimonio de Navarra se ha dedicado a la investigación de este hecho escandaloso, más de 1.200 inmuebles han pasado a manos de la Iglesia desde 1998. Una vez más el dinero del que se apropia la Iglesia católica a través de ese procedimiento no está calculado y es de difícil cuantificación.

Si se suman sólo las cantidades señaladas en negrita a lo largo del artículo correspondientes a datos constatables y contrastadas por fuentes diversas, se tendrá la cifra a la que asciende la financiación de la Iglesia católica en España: 10.632 millones de euros al año, casi el 2% del Producto Interior Bruto del Estado español. Es probable que Supertramp pensara en la Iglesia católica cuando tituló su disco: Crisis what crisis?

Mientras tanto, desde que comenzó la crisis económica reciente, una de las escasas muestras oficiales de “reflexión” sobre ella la mostró la Conferencia Episcopal Española en Asamblea Plenaria el 22 de noviembre de 2012, en la que manifestó:

Sin la familia, sin la protección del matrimonio y de la natalidad, no habrá salida duradera de la crisis. […] En la vida conyugal y familiar se juega el futuro de las personas y de la sociedad. Expresamos de nuevo a las familias que más sufren la crisis económica, con problemas de vivienda, falta de trabajo, pobreza, etc., nuestra cercanía y la de toda la comunidad católica. Estamos junto a ellas compartiendo nuestros bienes, nuestro afecto y nuestra oración. Del mismo modo, renovamos nuestro compromiso por activar la dimensión caritativa de la comunidad cristiana, promoviendo en nuestras diócesis la atención a los más necesitados. (Nota sobre la legislación familiar y la crisis económica)

Bienes, afecto y oración: ¿bajo qué categoría podemos situar el desahucioque llevó a cabo el Obispado de Ciudad Real en uno de sus inmuebles alquilados, cuyo titular es Antonio Ángel Algora Hernando, miembro del Consejo de economía de la Conferencia Episcopal? Es más, ¿se hace creíble la preocupación por la pobreza del nuevo Papa? A la vista de los datos, su declaración de intenciones ante los medios de comunicación parece ser una escenificación, resultado o de la ingenuidad -cosa poco probable en un experimentado cardenal jesuita-, o de la ambigüedad, la bipolaridad y la hybris, connatural al Clero. Dicen que en esto último se doctoró el Papa Francisco durante la Dictadura del General Jorge Rafael Videla.

No obstante, aunque la trama crematística de la Iglesia católica se encuentra diseñada desde la ingeniería financiera de una institución que desde finales del siglo XIX, ha aprendido a moverse de forma resuelta en la temporalidad cortoplacista del bipartidismo occidentalizador, formalmente democrático y estructuralmente servil y permeable al sostenimiento de los poderes tradicionales prerrevolucionarios, su estatus  como poder y como entidad fundadora de legitimidades en el ámbito sociopolítico no se ha mantenido de forma casual en el embate histórico de los dos últimos siglos.

Junto a su capacidad camaleónica de adaptación a las distintas formas de organización política de la historia y de las culturas, desde los esclavismos, a los feudalismos, los liberalismos, los totalitarismos o las democracias –dicho una vez más, resultado de una naturaleza esquizoide proporcionada por el mensaje neotestamentario que conjuga armónicamente un escatologismo inminente con una Iglesia inserta de modo permanente en un mundo duradero e inmediatamente configurada como poder en el concierto político de los poderes-, la clave última de la que emana la fuerza terrenal de la Iglesia católica proviene del control de las conciencias, un control que se desarrolla bajo los ropajes de tres grandes categorías legitimadoras y al abrigo conceptual de dos ecuaciones, la primera de carácter psíquico y la segunda de carácter onto-social.

La primera legitimidad en la que se envuelve esta institución es de naturaleza ético-cultural, remite a una retórica ética del amor y posee una finalidad civilizadora, benefactora y universal sostenida en la figura construida de un profeta judío erigido a posteriori como fundador de una religión nueva. Esta ética del amor constituye el magma inspirador de todo proceso evangelizador, portador de verdades redentoras y de las buenas intenciones que mueven tanto las cruzadas contra los infieles –llámense, moros, judíos, cristianos ortodoxos, cátaros o rojos-, como en la conversión de paganos, -llámense indígenas precolombinos o africanos famélicos y “fornicadores”-, todo ello conseguido con la convicción fideísta del purificador de almas que ampara a todo psicópata torturador, genocida, encubridor y/o colaborador de diversos géneros de crímenes, como de lesa humanidad o de pederastia.

El segundo elemento de legitimación es de naturaleza pedagógica y se desarrolla sobre el entramado del proselitismo escolar, especialmente infantil, sobre todo a partir de la universalización de la escuela obligatoria y pública. Esta estructura es fundamental para el mantenimiento de la red clientelar futura y, por tanto, la Iglesia católica no duda en presionar a los poderes públicos para introducir, mantener y aumentar tanto la enseñanza de la religión confesional a los pupilos, como el sustento de catequistas acólitos fidelizados o la promoción de una producción contra-intelectual proselitista. La razón es sencilla: si se consigue introducir, desde los primeros años de vida -en los que se conforma tanto el carácter de la persona como la estructura básica de su red neuronal-, el temor de Dios en la conciencia del individuo o la necesidad de su encomienda, el flujo emocional que segrega facilitará la apertura a su palabra revelada, la penetración de la idea de pecado administrada y gestionada por los sacerdotes y la defensa acérrima de sus dogmas.

La tercera legitimidad es de carácter antropológica y entronca con las formas tradicionales de visualización social, tanto de las fiestas como de los ritos de paso que toda religión sincrética, y particularmente el catolicismo, absorbe para integrarse en la vida cultural de los pueblos. Solsticio de invierno o equinoccio de primavera son algunas de las principales festividades abducidas; entre los ritos de paso el nacimiento, la adolescencia, el compromiso amoroso y la muerte. Ritualizar todos estos acontecimientos e integrar las prácticas y los dogmas religiosos en las representaciones de reconocimiento público en la comunidad, contribuye de forma eficaz al control de las conciencias como expresión socializada del caudal escatológico, pedagógicamente fomentado, que se manifiesta como respuesta a la incertidumbre ante la muerte, propia y ajena, o a la inquietud ante el futuro, individual y colectivo.

Los ejes transversales de estas tres categorías legitimadoras -ético-cultural, pedagógica y antropológica- desde las que quedan engarzadas, son abordables tanto desde el psiquismo como desde la ontología social. Psíquicamente, la herida que provocan los miedos y traumas personales y sociales producen un dolor contrario a todo aquello que nos hace fuertes, antitético a la alegría o al placer, que termina generando en el individuo una vulnerabilidad ante la cual la cohorte católica está perfectamente organizada para su acción redentora: hospicios, hospitales, cuarteles, residencias de ancianos, cárceles, campos de refugiados, etc. Onto-socialmente, la avaricia de los prelados y los soldados de su ejército se entiende sobradamente con la ambición del político narcisista de turno, un dúo que encuentra en la credulidad de la masa su aliada imprescindible.

En conclusión, la Iglesia católica posee residencia en el paraíso porque encuentra una sólida residencia en la tierra: la segunda es condición de posibilidad de la primera. Ya nos lo advirtió José María Blanco White, otro exiliado forzoso que penetró como pocos en la naturaleza de la superstición, del fanatismo religioso y de las formas de control clerical cuando, desde Inglaterra, escribía:

“No procuréis que luche

El ignorante pueblo en las querellas

Con que esparcís centellas

De odios inextinguibles

Más que el error a las virtudes temibles.

Mas en vano os exhorto:

Del Fanatismo y la ambición aborto,

Los que tenéis raíces en el cielo

Nunca podéis dejar en paz el suelo”.

@DesdeLaos


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