En defensa de la educación pública

Clamar por la educación pública y laica es una reivindicación de plena actualidad, si se pretende preservar uno de los grandes pilares de la democracia del intencionado y progresivo deterioro que viene sufriendo en los últimos años. El origen del mismo no está en las sucesivas políticas coyunturales, sino más bien en el modelo educativo que se ha ido desarrollando, cuyo origen contenía el germen de esta ruina.

Las coordenadas básicas que se ha dado el Estado español por los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Iglesia Católica son esencialmente las mismas que se trazaron en la era franquista, salvo la declaración explícita de confesionalidad. Es decir, un sistema dual pero con hegemonía efectiva de la educación católica, tanto en la enseñanza privada como en la pública.

En efecto, el modelo educativo español se fundamenta en la coexistencia de una red de colegios públicos y de colegios privados, en su gran mayoría católicos, sostenidos económicamente por el Estado. Ello se justifica en base a la libertad de creación de centros docentes y la libertad de elección de los padres, garantizada por los poderes públicos mediante los denominados «conciertos educativos».

Parece un dislate que la enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, pueda estar segregada en función de una elección de los padres basada en su libertad religiosa o de creencias. Si no se pone ningún límite a la concertación con los colegios privados -en su gran mayoría católicos-, no hay solución para la crisis actual.

Sólo una congelación de los nuevos conciertos, una revisión de los actuales y la supresión gradual de algunos de ellos supondría realmente el inicio de un cambio. El reto que hoy debe afrontar la educación pública no es sólo el de la calidad, sino también el de su mera subsistencia, cuando los recursos materiales se derivan hacia la enseñanza privada. Aproximadamente el 36% de los alumnos de educación obligatoria están escolarizados en centros privados, y la tendencia apunta al incremento de dicho porcentaje, relegando los centros públicos a la atención casi exclusiva de los sectores socialmente marginados. La educación, igual en calidad para todos, es un derecho fundamental que no puede ser eludido por el Estado en atención a intereses particulares.

La financiación pública de la enseñanza privada debe limitarse, por lo tanto, a ser un recurso subsidiario, dirigido a apoyar ciertas expresiones de renovación pedagógica u otras circunstancias bien tasadas con formas jurídicas de economía social -cooperativas educativas-, y en todo caso su ratio no debería sobrepasar el 10 ó 15% de la población escolarizada.

Así pues, la tarea de reversión es ingente. Primero habría que tomar medidas políticas audaces: moratoria en los conciertos por 15 ó 20 años, junto a un plan de supresión de muchos de los existentes, y ello acompañado de una reforma legislativa que permita su puesta en práctica de manera eficaz. En segundo lugar, se requiere un plan central coordinado de mejora de la calidad en la educación pública.

Desde la promulgación en 1970 de la Ley General de Educación hasta la Ley de 1990 de Ordenación General del Sistema Educativo, la evolución del sistema ha sido expansiva en sus magnitudes básicas: número de centros y unidades escolares, número de alumnos matriculados, tasas de escolarización más elevadas e incremento permanente de los presupuestos y recursos financieros. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que, pese a todos los avances, las deficiencias del sistema español son aún muy marcadas si se compara con otros sistemas educativos de la OCDE.

El desafío de la escuela española, a medio plazo, además de poner fin a la hegemonía religiosa, es avanzar en calidad a todos los niveles (programas contra el fracaso escolar, nuevo desarrollo curricular, formación permanente del profesorado, adaptación a las nuevas tecnologías…) e instaurar la laicidad como principio fundamental del sistema y de su normativa concreta. Pero, a corto plazo, es evitar una segregación social educativa en la enseñanza obligatoria. El sostenimiento con fondos públicos de los colegios privados sustrae recursos materiales y deteriora la calidad de la enseñanza en la red pública de educación.

Es hora de tomar posiciones decididas, de hacerse eco de una reclamación fundamental sin cuya satisfacción la democracia está condenada al fracaso.

[La Asociación «Europa Laica» es una entidad de ámbito estatal fundada el 3 de marzo de 2001 e inscrita en el Registro de Asociaciones. Firman este comunicado Gonzalo Puente Ojea, presidente honorario de dicha asociación, y Juan Francisco González Barón, actual coordinador de la misma.]

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