Durante más de tres siglos que duró el virreinato de la Nueva España, la Iglesia católica jugó al lado de la corona española un papel preponderante, aún -con el pretexto de la vigilancia de los actos de herejía- superior al de los reyes. Durante la guerra de Independencia y después de ella, la Iglesia -dado el poder económico concentrado por el cobro de los sacramentos, los diezmos, herencias y apropiación de grandes extensiones de tierra, sin pagar por ello ningún impuesto- también fue factor determinante en la designación de los presidentes en la emergente nación. Con las Leyes de Reforma se promovieron diversos cambios al Estado que repercutieron en la vida social, entre ellos: se suprimieron los fueros militares y eclesiásticos, para que cada institución se concretara a intervenir en los asuntos de sus respectivas competencias; se creó el Registro Civil; pero sobre todo se promueve el laicismo y la libertad religiosa (la tolerancia de religiones distintas a la católica), dicho en otras palabras, se crea el Estado laico. Desde entonces, uno de los objetivos principales de la Iglesia es anular el Estado laico y recuperar todos sus privilegios. En realidad esa separación perduró como tal, hasta la muerte de Juárez (1872). Durante la dictadura de Porfirio Díaz el Estado laico fue letra muerta. Más adelante, en la Constitución de 1917, en sus artículos 3, 5, 24, 27 y 130 se consagran los principios históricos de la separación Estado-Iglesia. No obstante el mandato constitucional, salvo en la administración del presidente Plutarco Elías Calles que pretendió dar cumplimiento a esos principios (siendo motivo de la Guerra Cristera 1926-1929), hasta 1992, existió un maridaje simulado entre la Iglesia y las autoridades en el poder. La Iglesia se encargaba de controlar a la grey satanizando al “comunismo” y los comunistas, y apoyando al gobierno en todos los actos represivos de los movimientos sociales. Por su parte el Estado permitía a la Iglesia la intervención en política -desde luego en su favor-, la propiedad y administración de escuelas, la realización de actividades religiosas fuera de los templos, etcétera. Sin embargo la Iglesia nunca ha estado conforme con no ser parte activa en las decisiones de gobierno o de carácter legislativo, y en esa dirección siguieron pugnando por anular no sólo materialmente al Estado laico, sino formalmente, es decir, por un cambio en el orden constitucional. Esa oportunidad se las dio el presidente Salinas de Gortari en 1992, que a cambio del reconocimiento de su legitimación por el Partido Acción Nacional, se comprometió y cumplió, entre otras cosas, reformar los artículos que contenían los principios del Estado laico, la desaparición del ejido y reanudar las relaciones con el Estado del Vaticano. Las reformas no fueron recibidas por el clero con mucha satisfacción, ya que el artículo 130, en su inciso c), expresamente prohíbe a los ministros del culto realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco pueden en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma los símbolos patrios.
Por otro lado, siendo presidente Vicente Fox (de extracción panista), en julio de 2002, al besar de rodillas el anillo papal de Juan Pablo II (cabeza de la Iglesia católica), dio a la sociedad entera una señal muy clara: “Nos sometemos a los designios de Dios y del clero”. A partir de esa fecha la intervención de los ministros católicos ha sido recurrente en denostar o exhortar al incumplimiento de las leyes (en especial las surgidas en el Distrito Federal) y sus instituciones (Suprema Corte de Justicia) sin que la Secretaría de Gobernación, responsable de conocer y resolver las infracciones procedentes de los ministros del culto (artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público), se haya pronunciado al respecto, mucho menos impuesto las sanciones que la propia ley establece para cada caso.
Justamente esta actitud omisa incentiva el desafío a la ley y a las instituciones republicanas (lo que sería, como en el pasado fue, suficiente para calificarlos como “peligro para México”), dando la sensación de contar con privilegios, con “fuero”. Así, la actitud pendenciera del vocero se acentúa, al grado que en la conferencia del domingo pasado, sin prueba alguna, acusa a Marcelo Ebrard de peculado, cualquier ministro de otro culto religioso estaría preocupado, pero al parecer el vocero no, ¿cuál es la razón? La impunidad como parte de los valores entendidos y convenidos con el gobierno federal. Prueba de ello es que el propio secretario de Gobernación, en la Conferencia del Episcopado Mexicano (30 de agosto), señala la competencia del Estado para establecer la definición de la política pública y el cumplimiento de la ley (¿?), dialogar con las asociaciones religiosas y dar validez a sus inquietudes (luego, ¿en dónde queda el cumplimiento del artículo 130 constitucional y por ende, la vigencia del estado de derecho?), pero además, reconoce a nombre del gobierno federal la carta denominada “Conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria”, en la que se invita a “sumarse y promover decididamente” en diversas fechas de septiembre las jornadas de oración por la patria, la celebración eucarística de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la mencionada carta.
Lo interesante de esta última, es que los obispos “ofrecerán su aportación para descubrir, junto con todos los mexicanos, los valores y límites de nuestra historia, destacando el papel y la aportación que la Iglesia católica ha tenido en el desarrollo de nuestro país (sic). Sobre el particular, Primitivo Martínez Fernández, en su obra La Inquisición, el lado oscuro de la Iglesia, sostiene: “Cuando la Iglesia percibe que su ideología se debilita, y como consecuencia su poder se fragmenta, acude a la violencia para producir la ‘pedagogía del miedo’, del terror, y poder así restablecer el control de su grey”. De esta forma -señala el autor- ante la ausencia de la palabra de Dios, sus representes se encargan de determinar los lineamientos de conducta sobre la base de lo que ellos consideran correcto y que debe ser valorado positivamente. Por tanto, todos aquellos que se apeguen a sus designios son personas buenas y alcanzarán el cielo, la vida eterna; en cambio, aquellos que no se ajusten a sus “valores” son pecadores y serán objeto de persecución y muerte, además de que su alma será condenada a permanecer eternamente en el fuego de los infiernos. Conforme al desarrollo de los últimos acontecimientos, desde mi punto de vista, la cultura del miedo y la impunidad son los primeros pasos para que el clero recobre el poder de decidir quién y cómo se debe gobernar el país.
La pasividad del gobierno federal muestra que de facto, ha concedido inmunidad absoluta a los ministros del clero católico (¿el fuero eclesiástico?), que se traduce en impunidad (un área más en la cual el Estado renuncia a su deber, creando un vacío que la anarquía llena), esperemos ver cuál es la finalidad de esa impunidad. Finalmente, no fue suficiente que el secretario de Educación Pública señalara que quienes no festejen el Bicentenario de la Independencia* y Centenario de la Revolución son “mezquinos”; ahora a esa arenga se suma la Iglesia católica creando un nuevo pecado: el pecado de omisión en que incurre toda persona que no festeje (al pueblo…, pan y circo; en nuestro país, sobre todo circo). Con la Iglesia nos hemos topado Sancho… con la Iglesia.
