En busca de una ley contra las sectas

Manipulación psicológica y abusos sexuales son habituales en las organizaciones sectarias. Pablo Salum, un ex captado, cuenta su historia y su lucha por una norma que proteja a las víctimas.

Sus historias no las cuentan porque las leyeron por ahí, ni porque se las contaron. Las miles de personas que denuncian sectas y sectarios son los que vivieron el horror de pertenecer. Algunos pudieron salir pero sus familias quedaron.
Aquí, el caso de un chico que escapó de una secta y de un abogado que las “caza”.
Pablo Salum es la cara más visible de los que luchan contra esta forma de organización. Su madre y dos hermanos quedaron dentro de la secta Escuela de Yoga, de donde él pudo escapar a los 14 años. Pablo denunció que el fundador corrompe sexualmente a menores de edad, junto a otros delitos. Agravando la situación, su madre es una de las jerarquías máximas de la secta.
Hace pocos días, comenzó a pedirles a varios senadores nacionales que lean el proyecto que está proponiendo. “Los puntos más importantes que se pueden comenzar ya son las campañas de difusión, el tema de la seguridad, más que nada porque contra los grupos que vamos son bastante peligrosos”, cuenta a Miradas al Sur. La iniciativa plantea la creación de un comité de especialistas y políticos que evalúen todos los movimientos que existen en la actualidad y que se haga un informe bien elaborado sobre cómo actúan. La idea apunta a los grupos sectarios destructivos, que tienen estructuras piramidales hechas para manipular y corromper a la gente. Es por eso que la base del proyecto es que finalmente se contemple como delito la manipulación psicológica sectaria.
El año pasado, en Córdoba, se votó una Ley Provincial 9.891 creadora del “Programa provincial de prevención y asistencia a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica” que se ocupará de investigar y estudiar las principales directrices de los grupos, realizar campañas de información en la población sobre sus características de modo que cada uno pueda prevenirse contra las consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que cada ciudadano no sea privado de su derecho de libre decisión; canalizar las presentaciones receptadas sobre estos grupos que impliquen algún tipo de violación de derechos, denunciándolos ante las autoridades correspondientes; promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la ayuda a los adeptos deseosos de salirse del grupo, así como de los ex-adeptos en su reinserción social y la solidaridad correspondiente con sus familiares; sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la educación tolerante, ante la peligrosidad que supone la existencia de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica; coordinar acciones con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial, y proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de manipulación mental y de condicionamiento psíquico o intelectual que, bajo cualquier máscara filosófica, religiosa o comercial pueden disimular sus prácticas. La provincia de Corrientes sigue por esa línea también, aunque todavía falta la aprobación de la Cámara de senadores.
“Es un buen comienzo, apoya a las víctimas de sectas, pero no es algo tan amplio como lo que queremos hacer. Queremos seguir el modelo de la Ley About-Picard, queremos lograr una amplia gama sobre este tema, sobre todo en el tema fiscal porque no tienen ningún control: se mueven con ese dinero, pueden hasta financiar campañas terroristas, cualquier cosa.”
La norma francesa que se aprobó en 2001 creó órganos públicos especializados contra las sectas y les restringió el acceso a la categoría de asociación religiosa. Uno de los principales aportes de la iniciativa es reconocer situaciones como la coerción psicológica o la manipulación mental, el abuso fraudulento, el estado de ignorancia o de sujeción en que suelen encontrarse las personas captadas o la alteración del juicio. La ley prevé la disolución de cualquier grupo que haya recibido dos condenas con sentencia firme por motivos como corrupción de menores, ejercicio ilegal de la medicina, manipulación psicológica, abuso de confianza, y que opere no solamente en sectas, sino en empresas, ámbitos escolares y familiares.
La experiencia de Pablo advierte que a los líderes no los agarran porque “cuando van a consultarles a los captados, les dicen que está todo bien, y además, son mayores de edad.Y los que pueden escapar no logran rescatar a sus familias. Lamentablemente, todavía no hay una ley que te ayude frente a la Justicia a sacarlo y recuperarlo mediante tratamiento. Estamos pidiendo una guarda por parte del Estado nacional a los niños que están adentro de los grupos, la reforma o que se quite o se cree algo nuevo de Registro de Cultos, que fue creado en 1978 por la dictadura, y lo único que hace es darle legalidad a estos grupos para que funcionen. No evalúan nada, y provoca que el Estado sea cómplice”, dice Salum. La idea base es que el comité reciba denuncias y además investigue. Además, que prevea penas de prisión, y que, si un grupo tiene más de tres denuncias comprobadas, se pueda ordenar la disolución. “Sumado al quite de publicidades para ciertos grupos que dejan morir a la gente, y que no tienen que funcionar”, afirma.
Claudio María Domínguez e Isha no están dentro de las llamadas sectas destructivas. “Pero Domínguez tiene una empresa de espiritualismo y comete bastantes errores al sugerir médicos truchos o recomendar ciertas cosas. Isha sigue el mismo estilo, pero además tiene un centro en Uruguay en donde a la gente la tratan muy mal, la reducen a la servidumbre, los explotan; hay casos de suicidios, de gente que se ha tenido que internar en psiquiátricos por problemas que tuvo ahí. Es muy grave cuando juegan con la cabeza de una persona. Los tipos se terminan convirtiendo en una puerta de entrada a otras cosas. Todos tenemos derecho a creer en algo, pero estamos hablando de gente que utiliza esto con otros fines.”

Marco legal. Héctor Navarro es abogado y presidente de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas, que trabaja en todos los países de habla española y también en la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos, brindando asesoramientos e investigando, todo gratuitamente. Navarro también investiga por su cuenta.
Los pedidos de ayuda los reciben en la Red y por fuera, de parte de gente que lo conoce del tiempo en que fue perito judicial en el famoso caso de Los Niños de Dios, secta creada en Estados Unidos en los ’70, conocida por promocionar la pedofilia en sus “manuales”, y además denunciada incansablemente por abusos sexuales, sumando reiteradas profecías apocalípticas del fin del mundo.
El abogado cuenta que a nuestro país llegaron muchas sectas surgidas en otros países: “La Cienciología, Los Niños de Dios, Gnosis, Hare Krishna son las más conocidas. Pero Argentina tiene el enorme mérito de haberse inventado aquí sectas destructivas que luego se extendieron a otros países: Silo, que llegó a formar el Partido Humanista y se extendió a España; Emecu, una secta fundada en Buenos Aires por un electricista vasco, Joaquín Trincado, que llegó a tener al general Sandino entre sus adeptos; Nueva Acrópolis, que actualmente tiene su sede central en España; y la Escuela de Yoga Buenos Aires, que tiene su sede principal ahora en Estados Unidos”, detalla el especialista.
“A veces nos informan de grupos que están actuando y nos preguntan si son sectas, simplemente por ser vecinos o haberlos conocido de cualquier modo. No siempre son las personas que tienen un familiar captado por una secta”, aclara. “Además, para llevarlos a juicio, siempre es necesario conseguir material escrito de la secta. En este tema el conocimiento de las doctrinas y práctica del grupo es fundamental.”
Estar durante todo lo que dure la investigación de una secta, acompañando a las familias crea un vínculo muy profundo. “Tengo amistades muy verdaderas que solamente se entienden porque cuando un hijo u otro familiar está afectado por una secta la gente se siente conmocionada en lo más profundo de sus sentimientos. Hemos llorado, hemos festejado juntos. Porque las sectas destruyen el vínculo del adepto con su familia. Siempre ocurre eso”, afirma el abogado. Pero la mala fe también estuvo presente en esos lazos. Cuando Navarro denunció a la secta Gayatri Vedanta de yoga, el hijo de la familia llegó a denunciar por televisión a su padre por falsificar balances y financiar abortos, a la madre de deprimirse cuando se le murió un hijo y a una hermana de necrófila porque usaba la moda gótica. “Además, aceptó que el líder de la secta simulara un falso secuestro y que nos denunciara a mí y a su padre: a mí me denunció por haberlo violado, siendo que yo tengo 70 años y él tiene 30 años y es cinturón negro de karate.” Al momento de las declaraciones, la familia dijo lo cierto: que él ni siquiera conoció al hijo que lo denunció. Y Navarro consiguió que procesaran al “líder” por falso testimonio, defraudación, usurpación de títulos y honores (dice ser médico, rabino, gurú, psicólogo).
Aunque espera una ley contra las sectas, al abogado le parece importante que haya salido una norma provincial que protega a las víctimas. “Aunque sea por el simple hecho de crear una conciencia social. Y, en este caso, una conciencia política”, enfatiza. “Tal vez nos tenemos que congratular por eso. Me asombró comprobar que en México y en Uruguay, donde tuve que hacer las denuncias contra ese tipo que dice ser Jesucristo (el de la secta Defensores de Cristo) y contra Isha, la gente en esos países, en general, no está alerta sobre las sectas destructivas. Creo que en la Argentina se ha debatido más en los medios ese problema y la gente tiene cierto nivel de conciencia.”.

OTRAS NOTAS

El pasado 9 de febrero, en Córdoba, se aprobó la ley 9891 creadora del “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica”. Este proyecto tiene como objetivo “promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de cualquier situación de manipulación psicológica” y “brindar asistencia interdisciplinaria a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica”.

Los detalles macabros tienen una virtud: capturan la atención del público y llevan a un segundo plano la verdadera naturaleza de las cosas. Algo así pasó con el crimen de Ramoncito, el niño correntino asesinado en el 2006 en uno de los homicidios rituales más sangrientos del que se tenga memoria. La semana pasada, luego de un juicio que duró varios meses, siete de los nueve acusados por su asesinato fueron condenados a cadena perpetua. Todos los detenidos formaban parte de una secta religiosa.

Existen los medios y los recursos para sacar a los chicos de la calle”, afirma Cristina Fernández, Coordinadora del Registro Nacional de personas menores extraviadas. Esta oficina depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, y su objetivo es muy puntual: que los chicos vuelvan a su casa. “Vamos a comenzar con una prueba piloto: en alguna capital del interior y otra en alguna estación terminal de la Ciudad de Buenos Aires”, cuenta Fernández. Si su hijo no aparece, no pierda tiempo es la línea gratuita 0800-122-2442 que funciona las 24 horas.

Los que buscamos justicia somos 18 familias. Son 38 niños abusados en total”, dice Patricia. Ella –docente y una de las que encabeza las marchas de familiares de víctimas– opina que es demasiado para Tandil, una ciudad que según el último censo tiene 123.520 habitantes. Todos esos casos, sostiene Patricia, sufren de los retrasos de la justicia, dilaciones y una complicidad solapada que permite que los abusos sigan.

Esta semana, por fin, comenzó a debatirse en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación, el proyecto de legalización del aborto sin más requisitos que la voluntad de la madre y el límite de 12 semanas de gestación, como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Desde hace meses se esperaba que el tema fuera tratado ya que hay tres proyectos en el Senado, pero el honor lo tuvo la Cámara baja.

Federico Cash atiende el teléfono desde una estación de servicio en un punto intermedio entre San Salvador de Jujuy y Buenos Aires. De fondo, hay sonido de ruta y descampado. Su hija, María Cash, lleva dos semanas desaparecida y varios testigos aseguran que la vieron en distintos tramos de ese trayecto. “Hace 14 días que estoy arriba de una camioneta”, dice el hombre. “Trato que con mi presencia de padre los que la buscan actúen un poco más intensamente.”

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