El Gobierno argumenta que es necesaria una ley para restringir la libertad religiosa porque otros países la tienen, pero no es cierto.
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REDACCION HO.- Aprovechando el mes de agosto, el Gobierno ha planteado un nuevo paso en su intento de restringir libertades tan elementales como la de conciencia, lanzando la idea de utilizar la llamada ley de "libertad" religiosa, proyecto que está preparando el Ministerio de Justicia, para enterrar la manifestación pública de las creencias de los ciudadanos en una suerte de modernas catacumbas a las que los ministros y dirigentes socialistas aluden con el eufemismo de "vida privada".
El proyecto, que no oculta su carácter sectario y su intención de marginar y segregar a los ciudadanos católicos, incluye la retirada de los símbolos religiosos, propósito que ya ha encontrado la oposición de las confesiones religiosas, y es presentado desde el poder como una forma de homologar la legislación española a la de los países europeos.
Sin embargo también en este asunto, como en el del anteproyecto de ley del aborto, se está mintiendo a la ciudadanía. Los países de nuestro entorno no cuentan con leyes que pretenden cercenar la libertad religiosa y de conciencia de sus ciudadanos.
Según un estudio jurídico realizado por el abogado Joaquín Moeckel, los altos tribunales de Alemania, Estados Unidos e Italia han dictado sentencias contra la retirada de los símbolos religiosos en espacios públicos.
En 2003 un ciudadano alemán demandó al colegio infantil público de su hijo porque en el centro se bendecía la mesa antes de las comidas. En su reclamación, el demandante alegaba que era ateo y que aquellas oraciones lesionaban su derecho de libertad ideológica.
El Tribunal Constitucional Federal de Alemania rechazó el recurso de amparo y sentenció:
"No es inconstitucional que todos los niños desde su infancia, también los hijos de padres de ideología atea, conozcan que hay en la sociedad personas con creencias religiosas y que desean practicarla."
En Estados Unidos, la sentencia March vs. Chambers, dictada por el Tribunal Supremo en 1983, declaró constitucional que se rezara en la apertura de las sesiones legislativas del Senado norteamericano y que esa oración pública la llevara a cabo un pastor remunerado con fondos públicos:
"No cabe duda de que esta práctica se ha convertido en parte de nuestras tradiciones sociales; de suerte que la invocación del auxilio espiritual por parte de un órgano público al que se le confía la elaboración de las leyes no constituye una violación de la Primera Enmienda de la Constitución.
Se trata de un reconocimiento tolerable de las creencias ampliamente compartidas por el pueblo de este país y no un paso decidido al establecimiento de una iglesia oficial."
En 2005, una madre finlandesa demandó al colegio de Padua (Italia) donde estudiaban sus hijos porque en sus paredes había crucifijos. Para la mujer, aquellas imágenes vulneraban el principio de laicidad del Estado. El Consejo de Estado de Italia dictaminó en contra de la demandante:
"Como ya ha definido el Tribunal Constitucional italiano, la laicidad está implícita en los artículos que garantizan la inviolabilidad de los derechos fundamentales; la igualdad de todos, con independencia de la religión y condición personal; la autonomía recíproca del Estado y la Iglesia; la igualdad de todas las confesiones religiosas ante la ley y el derecho a organizarse libremente; y la libertad de culto."
Miente pues el gobierno del Partido Socialista y sus socios parlamentarios cuando argumentan que España necesita una ley que restrinja la libertad religiosa porque así lo han hecho los países de nuestro entorno.
