Acusan al PRI/PAN de alentar reformas para penalizar el aborto
Candelaria Rodríguez l Alerta mujeres a la población sobre el grave retroceso en las legislaciones en los Estados para frenar la ley que despenaliza el aborto, y denuncia de manera pública al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ser fieles y sumisos lacayos de la jerarquía católica y de los grupos conservadores.
Nancy Zarate Castillo, dirigente de la agrupación Ddeser en Chiapas, al leer un pronunciamiento durante la presentación de un performance, acuso a la iglesia católica y a los grupos conservadores del país, que se han erigido, de facto, en enemigos de los derechos de las mujeres instalando una nueva inquisición que violenta la laicidad del estado.
La postura de la feminista, es consecuencia de las aprobaciones que diversas legislaciones de 13 estados vienen realizando contra los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, con respecto a suspender un embarazo.
Aunque parezca increíble, dijo, en pleno siglo XXI cuando se empezaba hablar con mayor fuerza de derechos humanos; se reconocía la violencia de género y se utilizaban instrumentos internacionales para avanzar en la concreción de una ciudadanía plena para las mujeres, no obstante, en trece de los congresos locales de nuestro país, se restringe la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos…
Y agrego, que la manifestación de esta nueva inquisición en la vida civil, legislativa y política se observa claramente, en sus campañas impulsadas en contra de ampliar los servicios anticonceptivos para ofrecer el condón femenino y la pastilla de anticoncepción de emergencia; el uso del condón consciente e informado para evitar embarazos no deseados y su firme oposición a reconocer al aborto clandestino como una causa de muerte muy frecuente para las mujeres que lo practican en lugares insalubres.
Dijo, que el fracaso en sus campañas para anular la ley que despenaliza del aborto en el Distrito Federal y su estrategia para impedir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ha llevado al gobierno federal a moverse a diferentes Estados de la República para promover, impulsar y en complicidades con diversos partidos políticos como el PRI y el PAN aprobar leyes que estigmatizan, violentan, restringen derechos y condenan a las mujeres por atreverse a tomar decisiones sobre cuando y en que condiciones desean tener hijos e hijas.
Esa jerarquía de la iglesia católica, continúa, que se dice preocupada por sus fieles y que cierra los ojos cuando se trata de enjuiciar a curas pederastas, vuelca su intolerancia contra las mujeres, al quererlas reducir a máquinas reproductoras, sin decisión, ni toma de conciencia.
Las entidades que han realizado modificaciones a las constituciones son: Baja California, Colima, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Puebla y Querétaro donde las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, son consideradas como criminales y sujetas de proceso legal.
Zarate Castllo, enumera las reformas que criminalizan a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo: Estas reformas que consideran al óvulo fecundado como persona y prohíben todo tipo de aborto podrían además:
Convertir en delincuentes a las mujeres que usan Dispositivo Intrauterino (DIU); Criminalizar los servicios de reproducción asistida (fecundación in Vitro, conservación de óvulos fecundados; Negar servicio médicos a las mujeres con embarazo ectópico (el ovulo se implantó fuera del útero), y Negar alternativas a las mujeres las ponen en riesgo o son producto de una violación
Las mujeres reunidas en este acto y las organizaciones abajo firmantes, demandaron al gobierno mexicano el respeto irrestricto de sus nuestros derechos, “no queremos saber de una sola mujer más obligada a parir como el caso Paulina, la niña de Baja California que habiendo sido violada no se le permitió abortar o la de Guanajuato que para que no abortara fue amenazada por las autoridades de encarcelarla”.
Y sostienen que Ley que penaliza, obliga a todas las mujeres. Una ley que despenaliza, no obliga a ninguna. “No queremos una solo mujer encarcelada por elegir, condenada a no poder decidir y sentenciada a solo parir” clamaron las mujeres de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir.
