En mayo de 2015 se confirmó el primer caso de virus del Zika en Brasil. Desde entonces, el virus que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Aedes (los mismos que transmiten el dengue y la chikunguña) se ha esparcido y está presente ya en 26 países del continente.
La persona infectada suele presentar fiebre, brotes en la piel, dolor en sus articulaciones y conjuntivitis. Sin embargo, lo más preocupante es el muy probable nexo entre el virus en mujeres embarazadas y la microcefalia: niños que nacen con un desarrollo insuficiente de su cerebro. Justamente el reporte de unos 4.000 casos de microcefalia en Brasil, el aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré en las zonas afectadas por el virus y la facilidad con la que se está extendiendo el zika por el continente –se esperan unos tres millones de casos en 2016– llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar la epidemia de zika como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el pasado 1.º de febrero.
El aumento de casos de microcefalia ha despertado como nunca antes el debate sobre el derecho de acceso al aborto seguro para las mujeres que viven en América Latina y la vigencia de leyes restrictivas en la región.
“Existe la hipótesis de que el zika causa microcefalia. Pero aún no hay evidencias del verdadero riesgo de tener microcefalia para una mujer embarazada con infección por zika. Por lo cual un aborto en ese caso puede ser innecesario”, dice Fernando Althabe, médico obstetra e investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y uno de los científicos que la OMS designó como miembro del Comité de Emergencia sobre el virus del Zika. “Es diferente el caso en que la mujer ya sabe que tendrá un bebé con microcefalia. Frente a un diagnóstico de una malformación, es lógico que las mujeres se planteen la posibilidad de abortar”, agrega el especialista.
No obstante, ya la Iglesia Católica, con gran influencia sobre la región, ha dejado claro que el aborto, ni siquiera en este caso, es una opción dentro de su institución. Consultado sobre el tema, el papa Francisco dijo ayer, en su vuelo de regreso al Vaticano tras su visita en México, que “el aborto no es un mal menor: es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto”.
Sin embargo, recordando el caso en el que el papa Pablo VI permitió a monjas en África usar anticonceptivos para casos en los que fueron violentadas, abrió la puerta para el uso de métodos anticonceptivos en el marco de la epidemia del zika: “evitar el embarazo no es un mal absoluto”, dijo.
“Los embarazos no deseados y el acceso a anticonceptivos, sobre todo en países muy religiosos de América Latina, son un tema. Es una cuestión que cae en el lado de la ética y los derechos humanos”, dice por su parte Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. “Pero lo que nosotros decimos es que la decisión del embarazo es una decisión de la mujer, su pareja y su médico. Nosotros aconsejamos que la mujer hable con su médico, le diga si tiene síntomas del virus del Zika. Por supuesto, debemos obedecer las leyes del país y debe ser discutido en ese marco”.
El aborto en América Latina
En la región latinoamericana, las normas varían desde naciones extremadamente restrictivas, como El Salvador, donde hay mujeres encarceladas tanto por haber decidido optar por un aborto inducido hasta algunas que han sufrido abortos espontáneos; hasta Uruguay, donde desde 2012 rige una ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, convirtiéndose casi una excepción en la región.
Además, el acceso al aborto seguro no solo depende de las normas sino de la implementación real de medidas de salud sexual y reproductiva, como las que señala la Convención de la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres (CEDAW).
En diálogo con Scientific American, Cécile Pouilly, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, comentó que “el brote epidémico de zika exacerba una situación de derechos humanos que ya era preocupante con respecto a la salud sexual y reproductiva en la región de América Latina. Incluso antes del brote, los mecanismos de derechos humanos internacionales y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas habrían urgido a los países con leyes de aborto restrictivas a que descriminalicen el aborto y garanticen el acceso legal al menos en los casos en que hubo una violación o incesto o haya que salvar la salud o la vida”. Adicionalmente, agregó Pouilly, “en algunos países que permiten algunos abortos legales, el aborto aún no está disponible para muchas mujeres, especialmente para las más vulnerables. Los servicios de salud deben siempre estar disponibles, accesibles, asequibles, de buena calidad y sin discriminación”.
El zika puso en debate una problemática que ha estado presente en la región por diferentes razones. “Las restricciones fuertes se mantienen por una combinación compleja de razones adicionales al trasfondo religioso. Una fundamental es la prevalencia de creencias, actitudes y conductas que exacerban la subordinación de las mujeres y niegan su autonomía física, económica y para decidir. Hay además mucho desconocimiento de las herramientas legales que permiten modular la regulación del aborto ofreciendo un balance entre la protección de los derechos de las mujeres y el interés en la vida fetal. Esto sigue haciendo que el debate sobre las reglas sea si se permite o se prohíbe el aborto cuando hay muchas opciones legales intermedias”, dice Paola Bergallo, investigadora del Conicet de Argentina y de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. “Esas opciones regulatorias han comenzado a ser usadas en países como Argentina, Colombia, Brasil, Perú y México, en los que pese a las creencias religiosas se han ido ampliando las permisiones para abortar. Todavía hay mucho por hacer, pero cuando se comienza a separar el argumento religioso de los compromisos legales en pos de los derechos humanos, las restricciones comienzan a ceder”.
El Gobierno de Brasil ha dicho que se niega a autorizar abortos en mujeres embarazadas con zika. Sin embargo, para Bergallo, “esa negación es incompatible con los compromisos asumidos por Brasil en su Constitución y los tratados de derechos humanos suscritos por el país en relación a los derechos de las mujeres. Es una decisión que no pasaría un test de constitucionalidad y que podría someter a Brasil y otros países de la región a responsabilidad internacional ante órganos del sistema de monitoreo de tratados de la ONU o el sistema interamericano de derechos humanos”.
Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró que el acceso al aborto tanto para las mujeres con zika o por otras razones debe ser considerado en el marco de políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos. “Asegurar los derechos de igualdad de las mujeres para decidir el número de hijos y el momento de tenerlos es una garantía de un derecho básico. Las mujeres deben tener no solo acceso a información adecuada sobre zika, sino también la disponibilidad de diferentes métodos anticonceptivos, con la idea de posibilitar que tome decisiones sobre si quiere quedar embarazada y cuándo. Que los países garanticen el acceso a un amplio rango de métodos anticonceptivos para las mujeres y para sus parejas sería un paso importante hacia el cumplimiento de obligaciones con los derechos humanos en América Latina”, concluye Pouilly.
