Últimamente el Vaticano ha tratado de dar una imagen de cambio en su tratamiento de los casos de pedofilia sacerdotal, intentando hacer ver que, desde el propio Ratzinger hacia abajo, la voluntad es ahora de mano dura con los miembros del clero que hayan podido abusar. Sin embargo, poco ha dicho el Vaticano sobre su monumental retraso en cumplir con sus informes ante el Comité de Derechos del Niño, órgano encargado de supervigilar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
El último y único informe presentado por el Vaticano data de 1995. El siguiente debía de presentarlo en 1997, y, sin embargo, todavía no lo hace. Obviamente, tampoco ha entregado el tercer y cuarto informes que, según el calendario de dicha Convención, debía haber entregado en estos 13 años transcurridos desde 1997.
Esta situación pone al Vaticano a la par que los países caribeños de San Kitts y Nevis, que también han entregado solo un informe, y por delante solamente de cinco Estados del Pacífico: las Islas Cook, Nauru, Niue, Tuvalu y Tonga, que no han entregado ningún informe al Comité.
El Vaticano no ha explicado las razones de este imperdonable retraso. Podemos conjeturar algunas: o el Vaticano está realmente agobiado tratando de sacar a la luz un informe que no lo deje muy mal parado en relación con la implicación de la Iglesia en los casos de pedofilia, o, directamente, al Vaticano no le interesa cumplir con la Convención -de la cual, por cierto, nunca fue un gran defensor- pues su desidia en informar es muy anterior al estallido de los escándalos de pedofilia.
En cualquier caso, la Iglesia suma una explicación más en sus pasivos, que a estas alturas la ponen ya en el epicentro de la bancarrota moral (aunque, ciertamente, no material).
