La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, recibió el jueves pasado una carta del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la que éste “respalda” expresamente la potestad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos (Madrid), según han confirmado a Vozpópulifuentes gubernamentales.
La carta del número dos del papa Francisco, según esas fuentes, va un paso más allá de la postura de la jerarquía católica española -se ha limitado a instar a familia y Ejecutivo a ponerse de acuerdo-, y sobre ella debería “reflexionar” el abad de la basílica, Santiago Cantera, que rechaza de forma tajante la exhumación.
En la carta, Parolin es rotundo en su apoyo a la exhumación, y es la segunda vez que lo deja por escrito, pero esta vez con una mención expresa a los benedictinos que controlan la abadía y que serán forzados por la propia Iglesia a obedecer al Gobierno. “Deseo reiterar lo que señalé a vuestra excelencia durante nuestra reunión en el Vaticano, el pasado 29 de octubre, es decir que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la autoridad competente así lo dispone. A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles”, señala Parolin en un texto enviado el 14 de febrero como respuesta a otra que le había transmitido la vicepresidenta el 18 de enero transmitiendo su inquietud por la oposición del abad Cantera a la exhumación.
Plazo de 15 días
Sánchez y La Moncloa pretenden ignorar esa oposición numantina cuando concluya, a principios de marzo, el plazo de 15 días que tienen los deudos para comunicar al Ministerio de Justicia dónde quieren depositar los restos óseos del ex jefe de Estado. Si no lo hacen, será el propio Ejecutivo el que procederá a trasladarlos a otro lugar que nuca será la tumba que posee la familia en la cripta de la madrileña catedral de La Almudena.
Ahora mismo, lo único que puede frenar que esa operación se lleve a cabo antes de las elecciones generales del 28 de abril sería una eventual paralización cautelar que dicte la Sala Tercera del Tribunal Supremo en respuesta al recurso que ya ha anunciado la familia Franco.
Y el Ejecutivo socialista, a día de hoy, reconocen las fuentes consultadas por este periódico, confía en que el alto tribunal tenga en cuenta la “escrupulosidad” que ha tenido en todo momento para no hacerlo; es decir, que no dicte esa paralización cautelar y deje llevar a cabo la exhumación por una suerte de silencio judicial, antes de que se pronuncie sobre el fondo del asunto dentro de unos meses.
Algo similar a lo ocurrido con los restos del general Sanjurjo exhumados de la cripta del Monumento a los Caídos en Pamplona. Fueron exhumados en primera instancia, pero en julio del año pasado el Juzgado Número 2 de lo Contencioso Administrativo de la capital navarra ordenó la inhumación de nuevo en ese monumento.
A eso se refería la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras el Consejo de Ministros del 15 de febrero que aprobó el decreto de exhumación, cuando pidió que no se haga “justicia ficción” con este asunto.
La autorización de Cantera
El Gobierno admite en el propio decreto aprobado el viernes 15 de febrero que necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica, dirigida por Santiago Cantera, para ejecutar el desenterramiento de Franco -por ser un lugar de culto protegido por los acuerdos España-Santa Sede (1979)- o el visto bueno del Supremo.
Eso es lo que le ha llevado “a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo”.
