El Vaticano respalda al Episcopado español en su disputa con el Gobierno

El cardenal Bertone avala la postura de la jerarquía eclesiástica en temas como el aborto, el matrimonio homosexual o Ciudadanía

«He tratado de comprender, pero también de hacer comprender, que si algo es necesario es restringir y no ampliar las posibilidades del aborto». Con estas palabras cerró su «provechosa» visita a España el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, que tras entrevistarse el miércoles con el presidente del Gobierno y varios ministros no ocultó ayer su satisfacción, aunque tampoco les ahorró críticas en los asuntos más espinosos que alimentan la disputa con la Conferencia Episcopal española.

Conciliador y diplomático, Bertone exhibió un puño de hierro enfundado en un guante de seda. Se mostró satisfecho de su misión diplomática, pero arremetió contra el aborto y respaldó las posturas del Episcopado español en temas como el matrimonio homosexual o la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Lo hizo en la conferencia 'Los Derechos Humanos en el magisterio de Benedicto XVI', que dictó en la Sede de la Conferencia Episcopal española (CEE), tras la que recuperó el tono moderado y dialogante del que hizo gala la víspera en sus encuentros con José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de La Vega.

Reiteró Bertone el aval vaticano a la Iglesia española en asuntos como la eutanasia, el derecho a la vida, la educación en valores cristianos, el matrimonio y la familia, «fundada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, unidos por un vínculo indisoluble libremente contraído», dijo.

Defendió también la dignidad del ser humano «desde su concepción hasta su ocaso natural», en alusión al aborto y la eutanasia, y apoyó la familia tradicional «como la verdadera escuela de humanidad y de valores perennes, lugar primario de la educación de la persona».

Sin citar Educación para la Ciudadanía, añadió que a los padres «compete por derecho natural la primera tarea educativa» y que «se debe respetar el derecho a elegir la educación para sus hijos acorde con sus ideas y, en especial, según sus convicciones religiosas».

Defendió también la enseñanza confesional en los centros públicos «acorde con el principio de laicidad», que a su juicio «no supone adhesión ni, por tanto, identificación del Estado con los dogmas y la moral que integran el contenido de esta materia».

Con todo, tras la conferencia y flanqueado a su derecha por el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, y el obispo Juan Antonio Martínez Camino a su izquierda, admitió Bertone que deja España «satisfecho» y que le sonó bien la música de los discursos del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno.

Precisó el cardenal que le satisface la postura del Ejecutivo español ante asuntos como la libertad religiosa o el mantenimiento de los acuerdos con la Santa Sede, no así sobre el aborto y su legislación, un tema en el que «naturalmente estamos es posiciones distintas», reiteró risueño.

«En general, la visita ha sido provechosa para todas las partes, para la Santa Sede, para la Iglesia de España y para el Estado español», resumió Bertone, que, ahora sí, quitó hierro a la situación de acoso a los valores eclesiásticos que denuncian algunos sectores del Episcopado español.

Hizo gala el cardenal de un perfecto dominio de la denominada 'diplomacia vaticana' y explicó que «en España está presente el problema de la redefinición de los derechos fundamentales como lo está en Italia, pero en mis conversaciones he escuchado más la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito de la libertad religiosa, de la familia y la educación», dijo.

Bertone reiteró que el Gobierno español le ha dado garantías de «que no se modificarán y se mantendrán los acuerdos con la Santa Sede» y que en la reforma de la libertad religiosa se respetará los principios católicos. «El presidente del Gobierno me ha asegurado que se tendrá en cuenta el especial arraigo artístico, cultural e histórico de la Iglesia católica en España», destacó.

Aseguró que su conferencia de ayer no fue «una contestación a las posiciones del Gobierno español en estos asuntos, ha sido un discurso general y fundamental sobre los derechos humanos tal como han sido vistos por la Iglesia en su concepción y no sólo en cuanto a su aplicación concreta».

«Naturalmente, en este cuadro general se pueden tomar los puntos particulares que interesan y que están presentes en el debate público tanto en España como en cualquier otra parte del mundo», concluyó Bertone. El cardenal Tarcisio Bertone disertó durante casi una hora en la sala de plenos de la Conferencia Episcopal Española, y cuando concluyó admitió sólo tres preguntas de los informadores. Leyó su conferencia en español, pero habló en italiano. Fue traducido por el portavoz del Episcopado. A los asistentes habituales a los actos organizados en la sede de la Conferencia Episcopal les resultó chocante escuchar el tono sereno y conciliador que trasmitían las palabras del cardenal italiano en boca de Juan Antonio Martínez Camino, que por lo común recurre a un discurso menos condescendiente con el Ejecutivo y un tono menos conciliador.

A la derecha de Bertone, guardó silencio su anfitrión en España, Antonio María Rouco Varela. El presidente de la curia había recibido y presentado al número dos del Vaticano con una calurosa introducción en la que elogió su figura y su trayectoria.

Gesticulante ante algunas respuestas de Bertone, Rouco Varela no abandonó en ningún momento el discreto segundo plano que ha mantenido a lo largo de la visita del cardenal vaticano, técnicamente privada, pero convertida en una visita de Estado con todas sus consecuencias.

Tras su breve comparecencia ante los informadores, Bertone almorzó en la sede de la Nunciatura con los más de sesenta prelados españoles que viajaron hasta Madrid para escuchar y arropar al jefe de la diplomacia vaticana. Terminado el almuerzo, el secretario de Estado del Vaticano voló de regreso a Roma.

Entre los más de trescientos asistentes a la conferencia de Bertone estuvieron el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo; el defensor del Pueblo, Enrique Múgica; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.

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