Un alto cargo de la curia llama a la objeción de conciencia aun a costa de la pérdida del trabajo ? El Gobierno responde que los empleados públicos están obligados a cumplir las leyes
Ni 24 horas ha dejado pasar el Vaticano para lanzar un órdago contra la ley del matrimonio homosexual aprobada el jueves por el Congreso. El presidente del Consejo Pontificio de la Familia, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, reclamó ayer a los profesionales que tienen que aplicarlo a ejercer la misma objeción de conciencia "que se pide a los médicos y enfermeros contra un crimen como el aborto".
El cardenal recuerda, en una entrevista al diario milanés Corriere della Sera, que Juan Pablo II ya protestó contra la iniciativa del Gobierno español y que el actual papa, Benedicto XVI, "también ha hablado con gran claridad de cómo era de destructiva esta ley que abre el camino a la deshumanización".
LADRILLO A LADRILLO
Textualmente, el purpurado colombiano afirma que "lo que se está haciendo en España, y además con una mayoría bastante reducida, es la destrucción de la familia, ladrillo a ladrillo" y luego lanza el mensaje de rebelión: "Porque se trata de una ley inicua malvada, injusta, la Iglesia llama con urgencia a la libertad de conciencia y al deber de oponerse".
Y no es una invitación, sino una obligación. "No es facultativo. Todos los cristianos, como dice el Evangelium Vitae, deben estar preparados incluso para pagar el precio más alto, incluso con la pérdida del trabajo", aclara el alto cargo vaticano.
A diferencia de lo que sostiene hoy en España el PP, al Vaticano tampoco le valen las parejas de hecho. Al contrario. López Trujillo está convencido, y así lo expresa en el diario milanés, de que el cambio de la definición de matrimonio empezó "cuando se puso en circulación esa moneda falsa de las parejas de hecho", hasta llegar a un punto en que "parece que cualquier modelo de unión puede llegar a una familia, como si fuese un club".
DEBER DEMOCRÁTICO
Aunque evitó una confrontación abierta, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, no renunció a responder. La portavoz del Ejecutivo recordó que los funcionarios públicos, incluidos los municipales, tienen el deber de "cumplir las leyes que el Gobierno propone y el Parlamento aprueba en una sociedad democrática", de modo que los católicos no podrán invocar la objeción de conciencia para negarse a oficiar bodas gays. "Las leyes deben ser cumplidas por todo el mundo, pero sobre todo por los que prestan servicios en la función pública", subrayó.
La vicepresidenta también negó que la norma persiga "la destrucción de la familia", porque "todos los ciudadanos podrán constituir una familia con arreglo al derecho canónico o civil".
QUEJA DE IU
Con la consigna del "respeto mutuo" trató la número dos del Gobierno de rehuir el choque frontal con el Vaticano. Recordó que el Ejecutivo "cumple sus compromisos con los ciudadanos" y muestra "absoluto respeto" hacia la Iglesia católica, que a su vez "debe manifestarse con absoluta libertad en sus competencias y en el ámbito religioso, que no es el del Gobierno".
A pesar del carácter conservador de Joseph Ratzinger, De la Vega apostó por que España mantenga con la Santa Sede las mismas relaciones de siempre, basadas "en el respeto mutuo y el cumplimiento de los acuerdos".
Izquierda Unida, en cambio, advirtió tanto al Vaticano como a la jerarquía católica española de que con sus afirmaciones "se colocan al borde mismo del respeto a las leyes y a la Constitución".
Comentario de Yolanda
¿Aprenderá alguna vez la iglesia a estar en su sitio y no sacar los pies del tiesto? Vamos, cuando eligieron al cardenal Ratzinger, el inquisidor, como papa (en un sufragio restringido a 150 personas elegidas a dedo por papas anteriores) nuestro presidente supo estar en su sitio y, aunque seguro que no dió saltos de alegría, le felicitó. Pocos días después se dan los primeros pasos en un parlamento legalmente elegido por sufragio universal para extender el derecho al matrimonio a toda la población de un país, el nuestro. No se va a obligar a nadie a casarse y tampoco se va a obligar a los heterosexuales a divorciarse. Y se trata de un matrimonio civil, es decir, nuestro parlamento decide sobre cosas que le conciernen: no va a obligar a los curas a que se casen, ni quieren reformar el derecho canónico, ni mucho menos pretenden decirle al papa cómo tiene que gobernar su iglesia o su microestado. ¿Por qué, entonces, nos salen de inmediato clamando sobre la destrucción de la familia e instando a la desobediencia a los funcionarios que queden obligados a celebrar estas uniones?
Les recomendaría que releyeran el evangelio en esa parte en la que el hijo del carpintero le recuerda a alguien que dé al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios.
Saludos Yolanda
Comentario de Carmen
Con motivo de la aprobación de la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo el Estado Vaticano, se permite lanzar una campaña de desobediencia dirigida a los cargos públicos españoles, con objeto de obstaculizar el cumplimiento de dicha ley.
Se trata de una ley aprobada por el Parlamento español, legítima y democráticamente constituido, que cumple un mandato del electorado español que votó mayoritariamente un programa que incluía el planteamiento de dicha ley.
Es incalificable que un estado extranjero se inmiscuya hasta ese punto en la vida civil y política española, espero y exijo al Gobierno español que haga las gestiones oportunas ante el Estado Vaticano para defender la dignidad y la independencia de nuestro país y de nuestra democracia. Igualmente espero que los partidos políticos presentes en el Parlamento, hayan votado o no esta ley respalden nuestra democracia ante el Estado Vaticano.
Un abrazo, Carmen
