El TSJC examina el desvío a la concertada del dinero de las guarderías en Cataluña

Los alcaldes creen que derivar los fondos para los parvularios municipales a la concertada vulnera la ley de finanzas públicas
Ensenyament alega, en cambio, que se trataba de unas partidas genéricas y, por tanto, se podían modificar

Ni la CUP ha logrado que JuntsXSí se planteara modificar las condiciones de los conciertos educativos
Solo los 17 colegios del Opus recibieron el curso pasado 29,6 millones de euros

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) examinará si la Conselleria d’Ensenyament vulneró la ley de finanzas públicas de Catalunya al desviar, los años 2012 y 2014, laspartidas económicas inicialmente previstas para las guarderías municipales hacia las de «conciertos educativos», es decir, hacia las escuelas privadas que reciben fondos públicos. Así se lo han solicitado al TSJC la treintena de ayuntamientos que hace tres años iniciaron una demanda colectiva contra la Generalitat por haberles dejado sin los fondos comprometidos para los parvularios. La principal prueba que aportan los alcaldes es el certificado firmado en octubre pasado por la directora de Servicios de Ensenyament que admite que en esos dos ejercicios el departamento destinó 81,7 millones de euros de las guarderías a pagar «las nóminas delegadas» de los profesores de la concertada.

Ensenyament sostiene, en cambio, que la ‘conselleria’ estaba plenamente autorizada a hacer el traspaso de fondos de una partida presupuestaria a otra. «La de funcionamiento de las guarderías municipales es una partida ordinaria en el Presupuesto de la Generalitat», afirma Ensenyament. «En ningún caso se puede confundir con una partida nominativa, aquella que tiene concretado, tanto en su descripción como en su codificación económica, la empresa o entidad individual que ha de recibir la aportación».

Es más, ha asegurado a este diario la entonces titular del departamento, Irene Rigau, «todos los movimientos se hicieron entre partidas vinculadas y fueron autorizados por la Conselleria d’Economia». Para compensar los impagos a los ayuntamientos, Ensenyament firmó convenios con las cuatro diputaciones provinciales, que se hicieron cargo de los importes.

DESTINATARIOS PERFECTAMENTE IDENTIFICABLES

Con todo, los consistorios demandantes consideran que Ensenyament contravino el artículo 42 de la ley de finanzas públicas, que en su texto refundido del año 2002 prohíbe de forma explícita que se «reduzcan créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas». Y la partida para financiar el funcionamiento de los parvularios de titularidad municipal, asegura Elena Moreno, abogada de los ayuntamientos, «tenía unos destinatarios perfectamente identificables«. Moreno indica que los jueces tardarán al menos un año y medio en pronunciarse.

La letrada, que recuerda que la Generalitat «ha admitido incluso ante el Tribunal Constitucional que la educación infantil de entre cero y tres años es competencia suya«, acusa también a la Administración autonómica de «defraudar la confianza legítima de los consistorios», que esperaban recibir un dinero que el Govern no les pagó. Además, agrega Moreno, «es evidente que ha habido una inactividad por parte de Ensenyament», que en el 2014 consignó 45 millones de euros para el funcionamiento de las guarderías municipales «y no destinó ni un solo euro a este concepto». Del total del importe inicial, 39 millones fueron a los conciertos educativos, otros cuatro millones a pagar las conexiones a internet de las escuelas catalanas y dos millones más a los programas de formación e inserción.

«NOS DEJARON TIRADOS»

«Nos abandonaron, nos dejaron tirados a cargo de una etapa educativa que todo el mundo coincide en que es muy importante», clama Antoni Balmón, alcalde de Cornellà, que ha emprendido una demanda individual (separada de la de la treintena de pequeños municipios) contra la Generalitat. En su caso, las 700 plazas públicas del primer ciclo de educación infantil «se asumieron con recursos propios del ayuntamiento, sin tener que subir las cuotas a las familias».

El acuerdo por el que los jardines de infancia fueron asumidos por los consistorios data de hace más de 15 años. La Generalitat se comprometió entonces a financiar el servicio, a través de subvenciones, cuyos importes han ido variando a lo largo de los años. «La ayuda del Govern llegó a ser 2.800 euros por alumno al año, pero en el 2012 la ‘consellera’ Rigau la bajó a 875 euros«, explica Ana del Frago, secretaria de Educación del PSC y ex alcaldesa de Barberà del Vallès, uno de los ayuntamientos que emprendieron la demanda colectiva.

«El debate no tendría que ser qué se hizo con ese dinero, sinó por qué la Generalitat ha dejado de financiar una enseñanza de la que es plenamente responsable», agrega Jaume Graells, concejal de Educación en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. «Es una anomalía que se tendría que solucionar, porque no tiene sentido que los consistorios y las diputaciones estemos manteniendo una etapa educativa, en la que la Generalitat determina los contenidos que se han de enseñar, el número de alumnos por aula y las normas de calidad de la docencia», señala Graells.

LAS CIFRAS DE LA CONCERTADA

Ni el necesario apoyo de la CUP ha conseguido, en sus distintas negociaciones con el Govern de JuntsxSí, que la Generalitat se planteara siquiera modificar los conciertos educativos. Y eso que la formación anticapitalista lo ha intentado en varias ocasiones, empezando por el acuerdo sobre el plan de choque social y continuando con los Presupuestos para el 2017. Las ayudas a estos colegios, reconocidas por la ley de educación de Catalunya (LEC), han quedado fuera de cuestión en todos los casos.

El recorte del 16,7% que ha experimentado, de media, la inversión pública dedicada a educación en Catalunya «no ha repercutido de la misma manera en la financiación pública de la red concertada, que se redujo en un 11,6% entre el 2009 y el 2013», señala el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio en el último anuario de la Fundació Jaume Bofill.

Cierto es, indica Martínez-Celorrio, que los alumnos de la concertada aumentaron en ese periodo en 4.000 estudiantes y que las escuelas de titularidad privada ingresaron, en cambio, 134 millones de euros menos. «Pero al haber sido mucho mayor el ajuste en la pública, el porcentaje de la concertada respecto al total del gasto educativo aumentó», observa el investigador de la Universitat de Barcelona. «Buena parte de la partida recortada a las concertadas corresponde al profesorado», subraya.

Es difícil saber cuánto dinero destina Ensenyament a los conciertos educativos, entre otras cosas porque la cifra varía en función del número de alumnos matriculados y de los profesores contratados, pero sí se conoce que las 17 escuelas catalanas afines al Opus Dei recibieron el curso 2015-2016 más de 29,6 millones de euros, según la dirección general de Centros Concertados y Centros Privados de la Generalitat.

EL DINERO ERA PARA SUELDOS

Ensenyament, que este martes ha hecho público un comunicado rebajando a 73 millones de euros el dinero no abonado en el 2012 y en el 2014 a los ayuntamientos catalanes para sufragar las guarderías públicas y desviado hacia la partida de conciertos educativos, insiste en que la prioridad, en aquellos años de crisis, fuepagar las «nóminas a todos los docentes, también a los maestros y profesores de la escuela concertada, ya que es el departamento de Ensenyament el que efectúa directamente el pago de las nóminas de estos docentes».

En los mismos términos se han expresado las cinco asociaciones de escuelas concertadas de Catalunya, que aseguran que «en ningún caso, los beneficiarios de esta actuación fueron los centros docentes». Quienes recibieron esos fondos, afirman, fueron «los trabajadores de los centros concertados, porque la Administración tiene como obligación abonar los salarios del personal docente«. «Hubo que marcar unas prioridades y los salarios de los profesores fueron sagrados», ha asegurado la entonces ‘consellera’ Irene Rigau, en declaraciones a este diario.

AGREDIDAS

Las escuelas concertadas dicen sentirse agredidas por todo lo que está ocurriendo. Hasta el punto que el pasado febrero las asociaciones que las representan enviaron una carta a los padres de sus alumnos poniendo el foco en «el discurso, ya generalizado en muchos sectores, según el cual la escuela concertada es segregadora y mantiene ciertos privilegios».

Entre estos privilegios, según denuncian las plataformas de defensa de la escuela pública, figura la posibilidad que hasta este curso se ofrecía a la concertada de concurrir a la preinscripción escolar sin un límite de plazas prefijado de antemano, como sí les ocurría a los colegios públicos. Esto significa que, mientras la Generalitat decidía antes de la preinscripción cuántas clases de P-3 se iban a cerrar el curso siguiente en la pública, en función de los padrones municipales, en la concertada las supresiones de líneas no se realizaban hasta después de la matrícula.

También hay quien considera un privilegio el hecho de que, contra todo pronóstico, la Generalitat tardara casi un año en personarse en el caso de abusos sexuales cometidos en dos escuelas concertadas de los Maristas de Barcelona, a las que, además, mantiene todavía la financiación pública.

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