El máximo órgano judicial andaluz asegura que “existe apariencia” de vulneración de los derechos fundamentales del alumnado, lo que podría suponer una suspensión cautelar de la asignatura
Los institutos granadinos comenzarán dentro de una semana el curso escolar con una asignatura que se encuentra, al menos, bajo sospecha. Así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al admitir a trámite el recurso presentado por algunos padres contra la aplicación de los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Andalucía, conforme al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales. Esta decisión deja la puerta abierta a una posible suspensión cautelar de la asignatura durante el próximo curso.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de Sevilla del alto tribunal andaluz rechazaba de esta forma los alegatos presentados el jueves por el Estado, la Junta de Andalucía y la Fiscalía, que sostenían que no existe tal vulneración, por lo que pedían que se tramitara por el contencioso-administrativo ordinario y no como una vulneración de derechos.
Derechos vulnerados. El auto del TSJA no deja lugar a las dudas. Aprecia una "apariencia de vulneración de derechos fundamentales en medida suficiente para la admisión a trámite del recurso interpuesto". De esta forma, indica que en el escrito presentado por los padres se hace mención expresa de la vulneración de derechos como la libertad de enseñanza y el derecho a los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, además de la libertad ideológica y religiosa". Los progenitores añaden que impugnan los decretos gubernamentales que dan luz verde a Educación para la Ciudadanía "en cuanto incorporan la normativa estatal sobre el contenido de la asignatura e impone la denominada ideología de género, vulnerando los derechos fundamentales antes indicados".
El escrito destaca que ante esta conclusión expuesta por los padres en su recurso "no se oponen las razones aducidas por las demás partes", ya que indica que tanto el Estado, como la Junta y el Ministerio Fiscal "alegan consideraciones que afectan propiamente al fondo del recurso, las cuales serán debidamente examinadas en su momento".
Plazo de recursos. El TSJA será, de esta forma, el órgano que resolverá finalmente el recurso, aunque las partes aún disponen de cinco días para recurrir el auto, pese a que el fiscal solicitó el jueves que se tramite por la vía contenciosa-administrativa ordinaria, al considera que no existe vulneración de derechos fundamentales, una cuestión que deberá decidir el alto tribunal andaluz.
La respuesta del Gobierno ante la decisión del TSJA no se hizo esperar. El abogado del Estado alegó que el escrito de los padres "se basa en normativa estatal y en consideraciones de legalidad ordinaria cuyo examen no corresponde apreciar al TSJA y, por lo tanto, no puede ser materia de este procedimiento". El letrado de la Junta de Andalucía también lamentó que el recurso "no cumple los requisitos legalmente establecidos para los decretos impugnados y que en estos "no permite apreciar la vulneración de los derechos fundamentales invocados".
Pese a que el TSJA ha considerado que puede existir vulneración de derechos fundamentales en la implantación de la asignatura, la semana pasada descartó la necesidad de suspender la aplicación de los decretos autonómicos, como demandaban como medida preventiva los padres. El TSJA consideró entonces que los progenitores no argumentaban su deseo de paralizar la implantación de la asignatura por la vía urgente, por lo que "no cabría tampoco suspender los decretos de la Junta de Andalucía en su integridad"
