‘El tribunal no ha tenido en cuenta la ley urbanística’

El Ayuntamiento decide el lunes si recurre la sentencia del ‘mini-Vaticano’

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, quiso ser prudente ayer sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula el proyecto del Arzobispado de Madrid en la Cornisa de las Vistillas, el denominado mini-Vaticano, que preveía construir una Casa de la Iglesia, una residencia de sacerdotes y una biblioteca diocesana y sumar 14.000 metros cuadrados de construcción en la zona. "En estos momentos los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo están estudiando". El lunes se tomará la decisión de si se interpone recurso de casación ante el TSJM o no. Pero Martínez dejó caer una apreciación importante: "En la sentencia se tiene en cuenta la Ley de Patrimonio, pero se está obviando la legislación urbanística, la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que se está estudiando".

El Gobierno regional sigue sin hablar. Un portavoz de la Comunidad aseguró ayer que siguen estudiando la sentencia y que en los próximos días darán su opinión.

El Arzobispado, por su parte, cree que en el origen del fallo se encuentran errores producidos en la tramitación: "La sentencia se fundamenta en que la modificación del Plan General realizada por el Ayuntamiento carece de un instrumento específico que reúna los aspectos relacionados con la protección del patrimonio histórico de esa zona, que sí aparecen en el proyecto pero de manera dispersa", según fuentes episcopales. El Arzobispado cree viable el proyecto de construcción "si el Ayuntamiento introduce las modificaciones demandadas por la sentencia".

"Todas las impugnaciones vecinales a propósito del exceso de edificabilidad o de desconsideración medioambiental han sido desestimadas. Lo que sí permanece siempre abierto es el diálogo con los vecinos", concluye un portavoz del Arzobispado.

El grupo municipal socialista recordó ayer que votó en contra del Plan Parcial de Reforma de la zona aprobado en pleno en febrero de 2009 y que antes y después de la aprobación ha participado en diversas iniciativas encaminadas a paralizar el proyecto. "Esta sentencia es el resultado de una década de trabajo realizado", dijo ayer David Lucas, portavoz socialista en el Ayuntamiento madrileño. Pidió al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "que cumpla las sentencias, que reponga la situación jurídica de la Cornisa al momento anterior a la aprobación del plan que han rechazado los tribunales, que escuche a los vecinos y que termine ya con esta tropelía".

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