El Tribunal de Cuentas tiene paralizada la fiscalización de la Iglesia desde 2017

El organismo ni siquiera ha comenzado a elaborar el borrador para auditar la partida pública de las cuentas de la Iglesia que se aprobó hace ya casi dos años con fuertes resistencias desde el Congreso y el propio tribunal

El Tribunal de Cuentas se resiste a auditar la partida pública de las cuentas de la Iglesia como aprobó en el pleno de diciembre de 2017. El informe preliminimar está paralizado y ni siquiera se ha elaborado un borrador ni la hoja de ruta de cómo se va a llevar a cabo. Una auditoria que debería estar terminada en 2019, como recoge el programa del tribunal aprobado para este año, y que no ha echado a andar.

Según fuentes del tribunal consultadas por la Cadena SER, lo único que se ha hecho en estos dos años es la constitución de una co-ponencia que pasa por la elección de tres consejeros, responsables de elaborar el informe de fiscalización. Se trata de Manuel Aznar López, consejero del Área de Administración Económica del Estado; Javier Medina Guijarro, consejero del Departamento Financiero, Fundaciones y otros Entes Estatales; y Enriqueta Chicano, consejera del área Político-Administrativa.

En este caso actúan los tres consejeros por una cuestión competencial, ya que en la fiscalización de la partida pública de las cuentas de la Iglesia intervienen varias áreas del sector público y afecta a varios ministerios. Por un lado, el de Justicia, que recibe la memoria anual de la Iglesia, el de Economía, por la partida de ingresos y gastos, el de Hacienda, recaudador del IRPF, y el de Exteriores por el Concordato.

Los consejeros deben analizar ingresos y gastos por un total de unos 260 millones, cantidad que la Iglesia recibe por la recaudación tributaria. Es más, la Confederación Episcopal ya ha remitido a Justicia su última memoria, correspondiente a 2017, sin que se haya movido un papel en el organismo fiscalizador.

Según estas mismas fuentes, aunque los consejeros elaboraran un borrador de aquí a noviembre, faltarían todavía varios trámites; acordar un borrador-texto común, remitirlo a los ministerios eludidos para que hagan sus alegaciones en el plazo de 15 días, incluir las observaciones del resto de los consejeros y llevarlo a pleno para su aprobación. Un recorrido que incluso acelerando los plazos llevaría mínimo al mes de abril.

No hay voluntad

Las fuentes del tribunal consultadas por la Cadena SER coinciden en que no hay voluntad. “No hay ningún motivo para retrasarlo, ya que los trabajos preparatorios no pueden dilatarse tanto. Por la vía de los hechos están tratando de que no se haga” asegura uno de sus miembros.

Es más, el tiempo medio de elaboración de informes suele ser de un año. Es el caso de la consulta independentista del 9-N, las fiscalizaciones de partidos políticos, o informes más complejos de entidades públicas, entre otros.

La Cadena Ser se ha puesto en contacto con el organismo fiscalizador, aseguran que “el procedimiento de fiscalización sigue su curso”. El programa de fiscalizaciones aprobado y publicado en la web del tribunal señala que 2019 es el año en el que debe de estar concluido. Estas mismas fuentes señalan que

Resistencia histórica

En 2016 los consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por el PSOE, reclamaron la fiscalización de la Iglesia, que fue desestimada por mayoría absoluta. En la misma línea, un año antes, PSOE y UP presentaron una iniciativa en el Congreso que reclamaba la fiscalización de los fondos que recibe la Conferencia Episcopal (CEE) a través del IRPF, es decir, la partida que recibe la Iglesia a través de los contribuyentes que marcan voluntariamente su casilla en la declaración de la Renta. La propuesta fue tumbada por el PP en la Cámara y no salió adelante. No fue hasta 2017 cuando finalmente se aprobó, con muchas dificultades y resistencias, e incluyendo a otras confesiones religiosas.

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