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El Tribunal de Cuentas analiza si es legal que la Iglesia financie su tele con el IRPF

Un informe preliminar examina cómo gasta la institución el 0,7% del impuesto y afea al Estado la falta de control sobre los más de 250 millones anuales que recibe

La Iglesia católica es poco transparente a la hora de justificar a qué destina los más de 250 millones euros que recibe cada año como asignación tributaria con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta (IRPF). Y el Estado —los sucesivos Gobiernos en la etapa de democracia— no se ha preocupado de exigirle acabar con la opacidad. Es una de las principales conclusiones a las que llegan los tres consejeros del Tribunal de Cuentas encargados de elaborar como ponentes el primer informe de fiscalización sobre esta asignación prevista en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.

El proyecto de informe —un texto preliminar que debe pasar aún por la sección de fiscalización y ser aprobado por el pleno del tribunal—, al que tuvo acceso EL PAÍS, alerta asimismo de que la Iglesia podría estar incumpliendo la ley al destinar parte de esa cantidad (11 millones de euros en 2017) a financiar una televisión privada, Trece, algo que la legislación europea podría considerar una ayuda de Estado por distorsionar la competencia.

Fuente: Conferencia Episcopal. EL PAÍS

El texto, cuya existencia adelantó Infolibre, advierte también de que las cuentas que presenta la Iglesia para justificar a qué dedica la asignación presentan superávits (de 15,9 millones de euros en 2017) con los que la Iglesia y el Estado nunca han acordado qué hacer. Los obispos los han empleado en los últimos años en financiar una sociedad mercantil, la cadena Trece, y a dotar un fondo de reserva. Pero el tribunal recuerda que el compromiso que firmó el Estado en 1979 es para “colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Es decir, el hecho de que a los obispos les sobre dinero “podría desbordar” ese compromiso, señala el texto.

A ello se suma otro problema: ni el acuerdo ni ninguna otra norma concreta cuáles son las necesidades con cuyo “adecuado sostenimiento” debe contribuir el Estado. “Sería conveniente”, dice el borrador en las recomendaciones, que se concrete “la naturaleza” de esos gastos. Porque la memoria anual que cada año entrega la Conferencia Episcopal no ofrece suficiente información, según el documento. Ningún Ejecutivo desde 1980 ha pactado con la Iglesia qué contenidos mínimos debería tener, en qué plazos o cómo debería presentarse.

La memoria de 2017, que es el periodo que analiza el Tribunal, se entregó en septiembre de 2019, 20 meses después. Y las cantidades no coinciden, señala el texto. La justificada en la memoria es 300.000 euros inferior a la efectivamente recibida como asignación tributaria. En la propia memoria se dan dos cifras como definitivas “sin que se explique el origen de esta cantidad, ni la razón de la diferencia con la cifra oficialmente certificada”.

Fuente: Conferencia Episcopal y Tribunal de Cuentas. EL PAÍS

El proyecto de informe del Tribunal de Cuentas destaca en sus conclusiones que el encargado del seguimiento de los acuerdos y convenios con las confesiones religiosas es el Ministerio de Justicia, aunque hay otros involucrados por la relación con la Santa Sede, como el de Exteriores o el de Presidencia. El informe constata que ningún departamento de la Administración ha elaborado nunca informe alguno sobre las memorias que presenta la Iglesia. Y que tampoco hay ningún mecanismo de coordinación entre organismos ni se ha tratado el tema en ningún órgano de seguimiento entre el Estado y la Santa Sede.

Falta de concreción

La memoria apenas desglosa los conceptos a los que se destina el dinero de la equis católica, señala también el proyecto de informe de la Cámara de Cuentas. La información que la Iglesia presenta al Estado habla de conceptos como “envío a las diócesis para su sostenimiento” o “actividades pastorales nacionales”, sin mayor concreción. Hace unos años el presupuesto de Trece (entonces denominada 13TV) se incluía en las actividades pastorales nacionales. En 2013, por ejemplo, el 80% de ese apartado (seis millones de euros, lo mismo que dedicó a Cáritas ese año) se destinó a financiar la cadena de televisión de la Conferencia Episcopal.

El Tribunal de Cuentas lleva años rechazando el control de la asignación tributaria de la Iglesia, que finalmente fue incluido en el programa de fiscalizaciones de 2017. El trabajo ha progresado muy lentamente. Durante casi dos años el único avance fue designar a los tres consejeros encargados de elaborar el informe.

El texto consultado por este diario ya incluye las alegaciones de los afectados, pero todavía tiene que pasar por la sección de Fiscalización del Tribunal, compuesta por siete consejeros. En esa reunión —hay una al mes— no se vota el informe. Si hay discrepancias, estas se resuelven en el pleno del organismo, donde sí se produce una votación sobre el texto.

“NUNCA NOS HAN PEDIDO CAMBIAR EL SISTEMA”

Los representantes de la Conferencia Episcopal subrayaron ayer que la competencia del Tribunal de Cuentas es “fiscalizar a la Administración General del Estado y a los partidos políticos”, pero no a la Iglesia. Su secretario general, Luis Argüello, aseguró que si el Gobierno cree, a partir de lo que le dicte el Tribunal de Cuentas, que se debe cambiar el sistema, la Iglesia lo hará. El gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal añadió: “El compromiso de la Iglesia es presentar una memoria justificativa. En ningún momento hemos recibido de ninguna Administración una notificación diciéndonos que debíamos cambiar el sistema, todo lo contrario”, informa Juan G. Bedoya.

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