El Tribunal de apelación de Quebec no suspenderá temporalmente la Ley sobre la Laicidad del Estado

El Tribunal de apelación de la provincia de Quebec, en el este de Canadá, rechazó suspender temporariamente ciertos artículos de la Ley sobre la Laicidad del Estado como reclamaban el Consejo nacional de los musulmanes y otras instituciones civiles.

Estas organizaciones, incluida la Asociación canadiense de la libertad civil, argumentan que ciertos artículos, como los prohibitivos de llevar signos religiosos a los profesores de escuelas primarias y secundarias de la red pública, debían ser suspendidos mientras la validez de la ley 21 sea cuestionada.

En el fallo, dos jueces contra uno decidieron que la normativa sobre la Laicidad del estado será aplicada integralmente en tanto llegue el juicio sobre su validez, en octubre 2020.

‘El gobierno de Quebec constata con satisfacción que la Ley sobre la Laicidad del Estado permanece en vigor’, dijo la ministra de la Justicia provincial, Sonia Lebel.

Continuaremos defendiendo el buen fundamento y la constitucionalidad de esta Ley, como la de todas las otras adoptadas democráticamente por la Asamblea nacional,añadió. Su homólogo federal, David Lametti, epresó que ‘nuestra posición es clara desde el principio. El Gobierno no puede decidir lo que sus ciudadanos llevan puesto».

Por su parte, el Consejo nacional de los musulmanes canadienses manifestó su decepción y declaró examinar las opciones que se le ofrecen.

El jefe del Nuevo Partido democrático, Jagmeet Singh, deploró este fallo al comentar que ‘es una lástima, porque sé que es una ley que discrimina a una parte de la población’.

En su solicitud de suspender temporariamente los artículos 6 y 8 de la Ley, los solicitantes invocaban un carácter discriminatorio e inconstitucional, haciendo valer que ésta tiene un impacto desproporcionado sobres las mujeres.

Según ellos, es obvio que de la entrada en vigor de la ley, la gran mayoría de personas impactadas son las féminas musulmanas que llevan en hiyab.

Por consecuente, consideran que la ley contraviene al artículo 28 de la Carta de derechos y libertades canadiense que garantiza la igualdad de género.

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