El Ministerio quiere ahora que sean las comunidades autónomas las que asuman a esta plantilla Los afectados son contrarios al cambio porque creen que les va a perjudicar
Un total de 218 profesores de Religión de Infantil y Primaria de la provincia de Granada están en vilo por su futuro laboral después de que el Gobierno anunciara en diciembre que va a solicitar el traspaso de la gestión de estos docentes a las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria, que ya renunciaron a asumir a estos docentes.
Según los datos facilitados a este periódico por el sindicato de profesores Anpe, esta decisión deja en el aire a 2.059 profesores en toda Andalucía, de los que 218 son de Granada. Las etapas afectadas son la de Infantil y Primaria ya que los docentes de esta materia de Secundaria ya dependen de la Consejería de Educación de la Junta.
El delegado de Anpe para los profesores de Religión en Andalucía, Enrique Víboras, dice que los docentes están en contra de este traspaso ya que consideran que afectaría a sus derechos laborales y sociales. "La Junta de Andalucía no nos quiere y ya lo ha dicho apostando por una escuela laica, por lo que no nos aceptaría con agrado y por tanto peligrarían derechos sociales y laborales que ahora sí se tienen con el Ministerio", aseguró Víboras a este periódico.
De hecho, critican que la Junta haga todos los años un referéndum a los alumnos de Secundaria que cursan Religión para saber si seguirán matriculados o no. "El Ministerio no pregunta a los alumnos. Además, la política de juntar a todos los alumnos que sigue la Junta supondría una merma de horas y por lo tanto de las condiciones laborales", critica. Víboras también denuncia que Educación no tenga un diálogo con los sindicatos que representan a estos profesores, por lo que consideran que están "bien" donde están, dependiendo del Ministerio.
Pero el Gobierno central tampoco los 'quiere' más y está dispuesto a obligar a las comunidades a que los asuman, entre ellas Andalucía. "El Ministerio de Educación ha instado al de Administración Pública para que en 12 meses se produzca ese traspaso de competencias", matizó Víboras, por lo que durante este año tiene que quedar solucionada la situación. La justificación que da el Ministerio es que no puede "controlar" su labor adecuadamente, además de un motivo de ahorro económico, aunque no está cuantificado. "No es fácil determinar el ahorro que se va a producir con la puesta en marcha de la medida, pero sí es cierto que el coste del profesorado de religión se ha ido incrementando en los últimos años y el número promedio permanente de profesores sustitutos se considera muy elevado, con lo que el traspaso va a suponer, sin ninguna duda, un ahorro de costes para la Administración General del Estado", dice el informe.
La decisión aparece en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), según el cual "no hay razón alguna que justifique la falta de traspaso a las cuatro comunidades autónomas que aún lo tienen pendiente" de la gestión de esta parte del profesorado de Religión. Efectuar este traspaso, a juicio del Gobierno, sería "llevar su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen los Estatutos de Autonomía" de estas comunidades, conforme argumenta la subcomisión de Duplicidades Administrativas autora del documento.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ya mostró tras conocerse la propuesta del Gobierno su "rechazo" a la propuesta de la CORA. "Lo que marca la lealtad institucional es llevar estos asuntos a la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Andalucía", señaló Alonso, quien cuestionó el "por qué ahora de esta nueva ocurrencia cuando esta competencia la lleva administrando el Estado en los últimos treinta años sin incidencias y es conocida la postura de este gobierno progresista por una educación laica y donde los maestros tengan igualdad en el acceso para el desarrollo de su función docente". Alonso dejó claro que si mantenida la reunión de la Comisión Mixta se materializara el trasvase, "la Junta procederá a asegurar la impartición de esta materia siempre con respeto a los procedimientos de contratación de personal y accediendo a los destinos con los criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad".
Protesta de catequistas de religión en la escuela. Foto de archivo
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