El sobrino obispo de Rouco denuncia a los vecinos de una aldea por apropiarse de un terreno comunal

El prelado de Lugo no soporta la medicina de la Iglesia, que lleva años poniendo bienes inmuebles a su nombre

Con la Iglesia hemos topado, deben de pensar los 59 vecinos de Ribadulla de Santiso (A Coruña) -uno por cada familia que vive en la aldea- que han sido denunciados por el Obispado de Lugo por un pleito sobre la propiedad del llamado "campo de la fiesta". Los vecinos aseguran que esta parcela situada frente a la iglesia parroquial que se utiliza para todo tipo de fiestas y celebraciones locales es de su propiedad desde 1967. Pero la Iglesia considera suyo el terreno y quiere venderlo. Ni corto ni perezoso, el obispo -Alfonso Carrasco Rouco, el sobrino del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela- ha llevado el asunto a los tribunales. Ninguna de las partes parece dispuesta a dar su brazo a torcer.

El conflicto de los vecinos de Ribadulla tiene su origen hace más de cuarenta años, cuando la Hidroeléctrica Moncabril construyo el embalse de Portodemouros anegando los terrenos de la aldea coruñesa, que incluían una iglesia románica, un cementerio y un campo de la fiesta que era de propiedad comunal. En compensación, la compañía dio al Obispado de Lugo otro terreno sobre el que edificar una nueva iglesia, y 15.000 pesetas (poco más de 90 euros) para que comprara otro campo de la fiesta para los vecinos. Todo ello, según informa Público, está recogido en un documento de compra-venta fechado en 1967.

El Obispado quiere vender el terreno
Desde entonces, los vecinos han utilizado como lugar de reunión y festejo un terreno de 2.500 metros cuadrados situado frente a la iglesia que se construyó para sus celebraciones. El problema surgió cuando un empresario quiso comprar la casa rectoral de la parroquia, que se encuentra en ruinas, por 35.000 euros, incluyendo también en el lote el terreno del campo de la fiesta, que los vecinos siempre habían dado por suyo.

59 denuncias
En ese momento, el Obispado reclamó la titularidad del terreno, asegurando que desconoce qué fue de aquellas 15.000 pesetas que debían destinarse a una parcela para el pueblo. Los habitantes de la aldea, constituidos en asociación, decidieron registrar a su nombre el campo, y la Iglesia no ha dudado en llevar el caso a los tribunales, denunciando nominalmente a las 59 familias de la localidad. Además, el Obispado ha insistido en que todos ellos declaren, uno por uno, sobre los hechos. Confían en que, dada su avanzada edad, incurran en contradicciones durante sus comparecencias.

"Ejemplo" contra otras protestas de vecinos
El juicio no se celebrará hasta el verano, y los vecinos consideran que el recorrido judicial será largo porque la Diócesis quiere que este caso “sirva de ejemplo para que nadie se les rebote” por asuntos parecidos. Y es que este no es el primer ni el único caso en el que la jeraquía católica se encuentra con problemas al tratar de poner a su nombre terrenos e inmuebles.

Las ventajas para la Iglesia de la Ley Hipotecaria
Desde que el Ejecutivo de José María Aznar modificó la Ley Hipotecaria, la Iglesia ha inscrito a su nombre decenas de templos, casas parroquiales, cementerios y otros terrenos que, hasta ese momento, no tenían unas escrituras con un propietario claro. Como ha venido informando El Plural, la Iglesia ha aprovechado esta posibilidad de inmatricular bienes a su nombre para inflar su patrimonio a pesar de que los fieles -y con ellos los ingresos- han descendido cuantitativamente en los últimos años.

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