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El secretario de la Conferencia Episcopal sostiene que en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos hay “algún asunto” preocupante y reitera que lo valorarán por sus hechos

Cuando el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, no consigue dormir, opta por la lectura. Esta semana, coincidiendo con la asamblea anual de los obispos, aprovechó el insomnio para leer “La era del enfrentamiento” del sociólogo Christian Salmon. Este viernes, en el cierre del encuentro, ha recurrido precisamente a esa obra para prometer que la jerarquía eclesiástica apostará por el “encuentro”, aunque volvió a reiterar que hay cuestiones del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que le “preocupan”.

¿Han hablado los obispos sobre el pacto de gobierno durante la asamblea? Oficialmente no –el asunto como tal no figuraba en la agenda–, pero entre ellos sí. “A lo largo de cinco días juntos, los obispos hablan de casi todo”, dijo Argüello durante una larga rueda de prensa en la que se entremezclaron asuntos como la posición de la Iglesia ante el futuro gobierno, los abusos a menores por parte de religiosos o las cuentas de la Conferencia Episcopal.

En el ámbito político hubo varias afirmaciones. Al igual que hizo el lunes el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, su número dos ha remarcado que nada ni nadie debe apartarse del “marco constitucional”, entendido también como la “mesa común donde poder sentarnos para poder dialogar juntos”.

A preguntas de los medios, reconoció que si bien quieren valorar al posible gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos “por sus hechos”, en sus programas electorales “hay cuestiones preocupantes”. “Incluso en los diez puntos que podrían ser la base de este acuerdo puede haber algún asunto que nos puede preocupar más”, afirmó. En concreto, explicó que se refería a lo relacionado con la eutanasia. De hecho, redujo el derecho a una muerte digna a un “debate ideológico” que, a su criterio, “olvida la dignidad de la persona”.

Durante la comparecencia de Argüello volvió a aparecer el nombre de la ministra Isabel Celaá, quien ha estado en el centro de las críticas de la Iglesia por haber recordado que la elección de centro educativo no emana de la Constitución. En esa línea, el secretario general de la Conferencia Episcopal pidió “respeto a la Constitución y a los acuerdos firmados, no solo entre Iglesia y Estado”. De paso, recordó algunos “aspectos nucleares” firmados por gobiernos socialistas, como los conciertos educativos o la asignación tributaria de la Iglesia.

Cuando le preguntaron su opinión sobre el crecimiento electoral de Vox, Argüello se limitó a responder que no había nada que decir. “No tenemos formalmente ninguna valoración que hacer”, dijo. Sin nombrarlo directamente, comparó el aumento de la ultraderecha con la irrupción de Podemos, calificando ambos fenómenos como “reacciones de indignación”. Repasó los valores que defiende la iglesia –algunos de los cuales chocan frontalmente con los postulados de Vox, como la “acogida de migrantes”–, aunque repitió que la Conferencia Episcopal no haría “una valoración del resultado encada uno de los partidos políticos”.

“No somos una empresa”

Sus preocupaciones, tal como quedó confirmado en esta rueda de prensa, están en lo que haga o deje de hacer un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. De hecho, el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, indicó –a preguntas también de la prensa– que si “el nuevo gobierno quisiera modificar el régimen fiscal” que disfruta la Iglesia, la Conferencia Episcopal “dialogará”. En cualquier caso, sostuvo que la institución católica “no es una empresa”. Se estima que este año tendrá un incremento de 10 millones de euros en sus ingresos. Su presupuesto, a falta de confirmación oficial, rondará los 266 millones de euros.

Sin indemnizaciones

Asimismo, Argüello reconoció que el borrador que prepara la Iglesia católica en materia de prevención de abusos sexuales a menores y personas vulnerables no contempla ningún tipo de indemnización para las víctimas. El borrador ha sido revisado precisamente durante la asamblea de obispos celebrada esta semana.

Según ha dicho el secretario de la CEE, se prevé abrir oficinas en las distintas diócesis españolas –e incluso en la propia sede de la Conferencia Episcopal– con el objetivo de recabar denuncias. Destacó además que se trata de un delito –el de los abusos sexuales– “tan grave en la sociedad y casi blasfemo en la vida de la Iglesia”.

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