El Salvador: No se trata de constitucionalizar a los evangélicos, sino de sacar de la Constitución a la Iglesia católica

Un sector de los evangélicos quiere que se reforme el Artículo 26 que en el que textualmente se lee “Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad” por considerarlo discriminatorio de los evangélicos que alcanzan el 38% de la población.

¿Y qué pasa si de repente los Islámicos reclaman ser incluidos en la Constitución, se volverá a reformar? Es la pregunta que se hacen los Teólogos salvadoreños Nery Figueroa y Edwin Mira, ante la petición de un grupo de evangélicos que presentaron una pieza de correspondencia para reformar la Constitución en el Artículo 26 para mencionar directamente a la Evangélica.

 En el segmento de “La Entrevista” de Grupo Órbita los teólogos y pastores analizaron la conveniencia o no de hacer la reforma constitucional la cual consideraron además “una estrategia mal pensada de los políticos que creen que con eso les hacen un favor a los cristianos evangélicos y de paso ganan votos de ese sector del país”.

 Edwin Mira señala que “lo que ellos no tienen en cuenta es que los hermanos que asisten a las diferentes iglesias tienen su propio pensamiento e inclinaciones en lo que opiniones y gustos políticos partidarios se refiere, no votan necesariamente por el candidato que el pastor sube al púlpito”

 Además, sostiene Figueroa, “aquí el tema es quien representan esos pastores, porque el mundo evangélico es tan diverso y no hay un vocero que diga lo que piensan todos”. Por ejemplo, si el caso se ve desde el punto de vista histórico “esto es como institucionalizar la iglesia, y Dios no necesita ser reconocido por la Constitución sólo para recibir fondos del Estado, que después le va a ordenar a la iglesia que denunciar y que no”.

 En opinión de ambos teólogos lo que se debe hacer es quitar el nombre de Iglesia Católica para cumplir con el Artículo 25 de la Constitución que enuncia: “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público” ya que esto permitiría entonces que el Estado laico tenga vigencia tal como manda la Carta Magna.

 En conclusión, los teólogos señalan que ese debate debe hacerse desde las iglesias y no desde la Asamblea Legislativa “donde todo se podría desviar a los intereses políticos, partidarios y más aún, electoreros sobre los cuales los diputados hacen cuentas alegres”.

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