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El robo de bebés en Galicia es un fenómeno documentado y judicializado, de larga trayectoria histórica y con casos recientes y una fuerte demanda social de justicia y reconocimiento.
El robo de bebés fue una práctica iniciada en los hogares de la organización de beneficencia falangista Auxiliadora Social a la que posteriormente se sumó, tras su fundación en 1941, el Patronato de Protección a la mujer. El robo de bebés en Galicia forma parte de una trama más amplia que afectó a toda España y que se prolongó hasta los años 80. Las víctimas eran principalmente madres solteras, mujeres en situación vulnerable, inmigrantes o familias pobres , a quienes se les arrebataban sus hijos al nacer mediante engaños, presiones o informes falsificados para entregarlos en adopción.
El robo de bebés en Galicia es un fenómeno documentado y judicializado, de larga trayectoria histórica y con casos recientes y una fuerte demanda social de justicia y reconocimiento, enmarcado en una problemática estatal que aún está sin resolver.
En Galicia, el caso más relevante es la llamada “Operación Bebé” en Lugo, donde se investigan hechos ocurridos entre 2005 y 2011 en el Hogar Madre Encarnación, regentado por las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María. Aquí, varias madres denunciaron haber sido forzadas o engañadas para renunciar a sus hijos, a menudo sin traductor ni garantías legales, y bajo amenazas o presiones psicológicas. Entre las personas investigadas figuran monjas, funcionarios de la Xunta, médicos y trabajadores sociales. Las investigaciones judiciales avanzan lentamente y muchas adopciones se consideran irreversibles.
Las irregularidades en las adopciones de los bebés robados en España se descubrieron gracias a que muchas madres empezaron a sospechar cuando, tras dar a luz, les informaban que su bebé había muerto pero nunca les mostraban el cuerpo ni les entregaban documentación fiable.
Con el tiempo, algunas personas adoptadas comenzaron a buscar sus orígenes y detectaron incoherencias en sus expedientes. Al revisar documentos oficiales, se encontraron certificados de bautismo y registros de nacimiento falsificados o con datos contradictorios. Las pruebas de ADN realizadas entre supuestos familiares y adoptados confirmaron que no existía relación biológica, destapando así el engaño. Los medios de comunicación empezaron a publicar testimonios y casos concretos, lo que animó a más víctimas a denunciar. Esta difusión mediática fue clave para visibilizar el patrón sistemático de sustracción, ocultamiento y falsificación de documentos y apropiación de menores en España durante décadas.
