Estos días asistimos al baile de los conciertos de bachillerato : denegación, recursos, devolución, sentencias… Yo quiero plantear algunas consideraciones por si pueden ayudar a clarificar el contencioso pendiente.
Durante el franquismo, la escuela pública fue aniquilada pedagógica y físicamente, alimentada con las migajas del escaso presupuesto para educación, convertida en subsidiaria de la privada de las órdenes religiosas que junto con la Conferencia Episcopal asumieron todo el poder escolar. Y si no se subvencionó directamente la escuela de los ricos fue porque era materialmente imposible con las disponibilidades presupuestarias. Esa escuela ha sido la base de lo que hoy son los centros concertados de ideario católico.
La Constitución democrática garantizó el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. La solución más simple y sólida, desde el punto de vista pastoral, habría sido completar la formación en la familia, primera obligada, con la impartida en iglesia, mezquita, sinagoga… Pero de lo que se trataba no era de la idoneidad de la formación religiosa y moral, sino de consolidar el poder escolar confesional y extender la confesionalidad no solo a la formación religiosa y moral, sino a todos los contenidos académicos.
El PSOE, optó en 1985, a través de la LODE, por los conciertos escolares, con algunas limitaciones expresas: solo incluían los niveles educativos obligatorios, su extensión dependía de las disponibilidades presupuestarias, y gozaban de preferencia las zonas de difícil escolarización y las situaciones sociales más desfavorecidas. Esta legislación estatal básica que ha durado hasta la promulgación de la Lomce de 2016, ha sufrido en su aplicación sombras muy negras: se han creado redes de conciertos –en su inmensa mayoría de ideario católico– para las clases sociales más favorecidas, y en comunidades como la madrileña y la valenciana, expertas en trasvases de dinero público a los bolsillos privados, se concertaron los bachilleratos pese a la prohibición expresa de la ley básica estatal. Aquí, en la Comunitat Valenciana, se trasvasaron, de modo presuntamente fraudulento, centenares de millones para pagar esos conciertos, mientras la enseñanza pública obligatoria perduraba en barracones y el mantenimiento de los centros públicos se reducía considerablemente. Este gigantesco trasvase sí que puede calificarse como «el gran daño irreparable».
En torno a estos conciertos en Bachillerato se ha creado, entre la desidia de unos y el descaro de otros, un relato mágico sin ningún fundamento constitucional ni legal, que convierte en un derecho fundamental lo que es lisa y llanamente un privilegio: pagar la elección de niveles no obligatorios de ideario católico mientras los padres que eligen otro ideario lo pagan de su bolsillo. Es esa vieja España confesional e irredenta de obispos y notarios que inscriben a nombre de la Iglesia propiedades que no son suyas, de exenciones del IBI a bienes eclesiales no dedicados al culto…
Los recursos y los autos abundan en la expresión daños y perjuicios irreparables”. Los padres que eligieron la enseñanza pública o centros de otros idearios no subvencionados y pagados de su bolsillo han gozado de tranquilidad escolar. Los que han elegido voluntariamente empresas privadas de ideario católico, sufragadas por el erario público, y han ejercido su derecho a recurrir las decisiones administrativas, están sometidos a la revisión de las subvencionas cada cuatro años y a las reglas del procedimiento administrativo y del contencioso, como todo hijo de vecino. Y si la sentencia les da la razón, a ser indemnizados por daños. El viejo dicho: «El que quiere la causa quiere el efecto».
