La propuesta fue rechazada por el Partido Popular, alegando que esta religión es la mayoritaria en España y, como tal, que tenga una financiación superior «no es discirminatorio, sino que reconoce la situación actual de los ciudadanos con esta religión».
En el marco del debate en el Pleno del Congreso de las disposiciones adicionales de los Presupuestos Generales del Estado de 2004, el diputado socialista Alvaro Cuesta, secretario de Política Municipal del PSOE, planteó la conveniencia de reformar el método actual de financiación de la Iglesia, como ya ha venido haciendo el PSOE en los últimos años. Según Cuesta, el dinero que se recauda en las declaraciones del IRPF y que los contribuyentes destinan a la Iglesia católica es inferior al que el Estado entrega finalmente a la Iglesia, generándose una sobrefinanciación pública que, en su opinión, incumple el artículo 16 de la Constitución española, que se refiere a la aconfesionalidad del Estado.
En los últimos años, según Cuesta, esa «sobrefinanciación» ha alcanzado los 240 millones de euros y sólo en el año 2000 fue de 48 millones. «La Iglesia católica es objeto actualmente, 25 años después de la Constitución, de una discriminación positiva en su favor por encima de la que tenía en la etapa de gestación de la Carta Magna», denunció.