Propone suprimir el delito de ofensas religiosas y la inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa.
La norma afectará a los procesos que estén «en curso» en el momento de su entrada en vigor.
El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que pretende una reforma normativa «frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». En medio de todas las causas judiciales que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo origen y desarrollo ha sido y está siendo cuestionado por los socialistas, el PSOE busca que no se puedan abrir procesos penales solo con querellas basadas en «recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades» o poner coto a la acción de las acusaciones populares.
El texto, al que ha tenido acceso este periódico, incluye otras dos medidas ajenas a la presentación de querellas o la regulación de las acusaciones populares: en primer lugar, propone la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos; y también obliga a «la abstención o recusación» de jueces que hayan hecho manifestaciones políticas sobre causas concretas. Medidas que, según el PSOE, están enfocadas a huir de «la judicialización de la política. La disposición transitoria única acota que la norma se aplicaría a los «procesos en curso en el momento de la entrada en vigor» de la ley, con lo que afectaría a los casos judiciales del entorno del Gobierno.
Mientras que el PSOE defiende su intención de «proteger derechos fundamentales», el PP ya ha reaccionado a la iniciativa encuadrándola en la estrategia del Gobierno «de laminar al Poder Judicial». «El PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denunciamos», han expuesto fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo que achacan la iniciativa a un estado de «desesperación» del Partido Socialista. «Los que impulsaron una moción de censura para combatir la corrupción quieren acabar blindando por ley la suya», concluyen en Génova.
El fin de las acusaciones populares en instrucción
Lo relativo a la regulación de la acción popular parece ser lo esencial en esta reforma legal si se tiene en cuenta que la norma se impulsa en un contexto en el que organizaciones y partidos como Vox, Manos Limpias o Hazte Oír están personadas en todos los procedimientos judiciales que asedian al entorno político y familiar del presidente del Gobierno. Como acusaciones populares, algunas de estas organizaciones están participando en la fase de instrucción (investigación) del caso Begoña Gómez, el caso Ábalos o caso Koldo, el caso del hermano del presidente del Gobierno o en el que se investiga al fiscal general del Estado.
La personación les permite (en la mayoría de casos) acceder a la Sala durante los interrogatorios, hacer preguntas a testigos e investigados y acceder al sumario íntegramente, incluyendo los audios o vídeos de las declaraciones así como los informes policiales. Son una parte más, que puede ser decisiva para impulsar una investigación judicial. Pero según apunta el PSOE, expulsarlas de la instrucción supondría acabar «con la filtración constante de las diligencias con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial».
Si saliera adelante la reforma que ahora proponen los socialistas, las acusaciones solo podrían actuar al inicio más inmediato de una causa, mediante la presentación de una denuncia; al final de la investigación, recurriendo un auto de sobreseimiento de la causa si no están de acuerdo con que finalice la instrucción; y «durante la fase del juicio oral». Además, el PSOE propone exigir «un vínculo concreto relevante y suficiente» para que se persone una acusación, que en ningún caso podrá ser un partido político ni una asociación o fundación vinculada con uno. El PP, que dirige la acusación popular en la investigación a José Luis Ábalos, ha denunciado que esta medida «cercena el derecho de particulares y asociaciones a personarse en casos de corrupción».
Las querellas basadas en recortes de prensa
Si bien el Gobierno ha señalado en varias ocasiones que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide admitir a trámite una querella basada en recortes de prensa, ahora el PSOE se propone elevar la jurisprudencia al rengo de una ley. Es más, la norma incluye «expresamente la doctrina del Tribunal Supremo» referida a las querellas construidas con «meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades».
De haber estado en vigor a comienzos de 2024, esta norma le habría ahorrado varios disgustos al Gobierno de Pedro Sánchez. Habría impedido, ni más ni menos, que el juez Juan Carlos Peinado abriese una causa contra la esposa del presidente tras estudiar una querella de Manos Limpias en la que se acusaba a la susodicha de tráfico de influencias con el único respaldo de varios recortes de prensa. Entre las noticias que presentó la organización de Miguel Bernad como indicios, algunas se demostraron falsas.
No obstante, la aprobación de esta medida también habría impedido realizar al PSOE algunas acciones legales. Sin ir más lejos, la formación presentó este mismo martes una denuncia contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y la querella se basaba en recortes de prensa.
La supresión de las ofensas religiosas
La reforma que impulsa el Grupo Parlamentario Socialista también propone suprimir el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos porque, aparte de que «no se detectan apenas condenas», también considera que es «empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal».
La reforma de este delito, que el Gobierno ya anunció en septiembre, salió recientemente a colación de nuevo tras la denuncia a la humorista Laura Yustres (Lalachus) por mostrar una estampita con la cara de una vaca durante la emisión de las campanadas. A este acontecimiento se ha referido en reiteradas ocasiones el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para afirmar que en 2025 se reformaría el 525 del Código Penal porque «hacer humor no puede ser delito».
Recusaciones de jueces
Por último, el cuarto punto de esta iniciativa legislativa consiste en obligar a la abstención y recusación de jueces que hayan hecho declaraciones de contenido político relacionado con una causa que les es asignada. Una medida que tendría el objetivo de «seguir asegurando la neutralidad y el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva» y que implicará una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.
La idea es que los jueces se aparten o sean apartados de una causa cuando hayan «realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas» que formen parte del proceso.
