Los socialistas llevan este martes al Congreso una proposición de ley que coincide con la idea del Gobierno: una moratoria en las reválidas sin plantear en el texto su retirada
Prometen enmiendas más duras a su propio proyecto, entre ellas la derogación del decreto de reválidas, una vez que pase el primer trámite parlamentario
El texto incluye la sustitución de la Lomce por una ley de consenso basada en las medidas de un futuro pacto educativo, de modo que quede derogada
El PSOE inaugura la actividad legislativa del Congreso con una proposición de ley para suspender el calendario de implantación de la Lomce que es, en esencia, la misma hoja de ruta anunciada por Mariano Rajoy. Esta es la tercera escenificación de rechazo a la ley en la Cámara durante este año.
Para esta ocasión, los socialistas –que registraron la iniciativa el 20 de julio aunque hasta ahora no se le ha podido dar salida por estar el Gobierno en funciones– han preferido mantener un perfil bajo inicial contra la Lomce en la redacción del proyecto de ley. Aunque propone la paralización del calendario de aplicación de la ley, con la norma ya en vigor para todos los cursos eso se traduce en aprobar una moratoria de los efectos académicos de las reválidas, el único fleco de la Lomce que queda por implantar. La medida ya se incluía en la ley para este curso –pero no en los próximos– y además la anunció Rajoy en el debate de investidura.
Ante el viraje del Gobierno, el grupo socialista podría haber retirado el texto de esta proposición de ley y crear uno nuevo, aunque los tiempos para su debate en el Congreso se habrían prolongado. Por eso, el PSOE ha optado por mantenerlo y presentar después de su toma en consideración del martes enmiendas más duras a su propia iniciativa, como la derogación del decreto de reválidas de julio y otros aspectos polémicos de la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert, que se debatirán en el marco de negociación de la Comisión de Educación.
El PSOE se mantiene en que la base de las negociaciones “no puede ser la Lomce” y espera que una ley de consenso la sustituya, como figura en el texto de la proposición de ley, de manera que quede finalmente derogada. En el programa inicial del 20-D, los socialistas mencionaban la “derogación” de la norma, una postura que tuvo que modular en el pacto con Ciudadanos, donde se proponía la“paralización del calendario de implantación” de la ley en los cursos en los que no había entrado en vigor.
La proposición de ley que se debate este martes en el pleno es, según el grupo socialista, “el punto de partida”. “Otra cosa es que nos conformemos con los mínimos. En el momento en que se acepte a trámite vamos a introducir una serie de enmiendas al texto para que se discuta en la Comisión de Educación, como la derogación del real decreto de reválidas, quitar el valor académico la religión o que los centros segregadores no se puedan financiar con fondos públicos”, avanza el diputado Manuel Cruz. Defiende que su grupo “no ha rebajado” su posición contra la Lomce.
“Negociar sobre máximos es complicado”
Aun así, Cruz admite que, de entrada, “la ambición es de mínimos” a la expectativa de un futuro pacto educativo. “Llegar a un acuerdo sobre tu programa de máximos es un poco complicado. Si queremos llegar a un pacto, por definición tiene que ser con todos y eso va a exigir una negociación que no será fácil. Nosotros tenemos claro que no puede hacerse a partir de la Lomce”, sostiene el diputado.
Unidos Podemos apoyará la proposición de ley socialista, pero consideran que es “insuficiente”. “Lo vamos a hacer así porque sabemos la angustia que las reválidas generan, pero no nos parece la solución. Es marcarse un tanto cuando en realidad es solo paralizar los efectos académicos. Al final, es seguir con los simulacros de reválidas y nos da miedo que se gane tiempo y normalice”, afirma Javier Sánchez, portavoz de Educación, cuyo grupo es partidario de pedir la derogación del decreto de reválidas.
El portavoz adelanta que Unidos Podemos no presentará enmiendas el martes. Sus propuestas se formularán cuando el texto entre en la Comisión de Educación, la encargada de redactar a través del diálogo entre los grupos el texto final de la proposición de ley que parte del PSOE.
¿Abstención del PP?
No existe, según el reglamento del Congreso, un tiempo límite para que el proyecto de ley –el que salga de la Comisión de Educación– se vote de nuevo en el pleno y se envíe al Senado para que, o le dé el visto bueno y quede aprobada la ley, o lo rechace, o introduzca enmiendas. En estos dos últimos casos, el texto volvería al Congreso, que puede incluirlas en el texto o no tener en cuenta el criterio de la Cámara Alta. Tiene para ello un plazo de dos meses.
El PSOE espera reunir el apoyo de todos los grupos del arco parlamentario, salvo el PP, UPN y Foro Asturias, cuya abstención se maneja como posible en el escenario actual de disposición al diálogo. Fuentes del grupo de Ciudadanos en el Congreso confirman a eldiario.es que votarán a favor de la propuesta, que coincide en esencia con el “compromiso verbal” que el partido de Albert Rivera asegura que arrancó a Méndez de Vigo para morar durante unos años -en este caso vía decreto- los efectos académicos de las pruebas.
Paralelamente el Gobierno ha anunciado que entra dentro de sus planes la creación de una subcomisión ad hoc en el Congreso para la negociación de un pacto educativo. PSOE y Ciudadanos ya han registrado sendas iniciativas para poner en marcha este grupo de trabajo.
