Como antes del 1 de enero de 2007 tiene que quedar resuelto el nuevo sistema de financiación pública de la Iglesia, ya que es la fecha en la que caduca el modelo económico vigente, Álvaro Cuesta, secretario Federal de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, propuso la eliminación progresiva de la financiación pública de la Iglesia a través de los presupuestos del Estado.
El socialista dijo que la Iglesia católica se puede financiar con las donaciones económicas a cargo de los fieles. Cuesta hizo esta propuesta el lunes en el marco de las jornadas llevadas a cabo el lunes en el Congreso de los Diputados bajo el título La Laicidad como marco para la libertad.
Inconstitucional
Cuesta recalcó que la asignación tributaria a la Iglesia Católica contemplada en el IRPF del 0,52% es inconstitucional, ya que “rompe el principio de neutralidad del Estado” y beneficia a unas confesiones sobre otras. Además, el dirigente recordó que dicha asignación se emplea básicamente para pagar los sueldos del clero y también para “aminorar los gastos de la COPE, la emisora de la Conferencia Episcopal”.
Por ello, el dirigente socialista aseveró que con este modelo de financiación por donaciones el futuro de la acción social y caritativa de la Iglesia “no está en peligro”.
A potenciar las donaciones
Asimismo, Cuesta indicó que el objetivo que plantea el PSOE es que la Iglesia debe cumplir su propuesta de autofinanciación y que el Estado “debe limitarse a potenciar las donaciones de los fieles, con incentivos fiscales y empresariales”.
Por su parte, el dirigente socialista indicó que la modificación de esta financiación no afecta, en modo alguno, a proyectos de colaboración permanente entre el Estado y otras organizaciones católicas, entre las que citó Cáritas y las Hermanas de la Caridad.
Las propuestas
De esta manera, el documento de conclusiones, que serán elevadas al Gobierno, el PSOE apuesta por un periodo transitorio de tres años, en el que la Iglesia seguiría recibiendo la asignación tributaria con recaudación mínima garantizada. En una segunda fase, de una duración de 3 a 5 ejercicios, se eliminaría la recaudación mínima garantizada por el Estado, es decir, “desapareciendo el mecanismo de la dotación presupuestaria encubierta”.
La tercera etapa consistiría en la adopción de un mecanismo de plena autofinanciación de la Iglesia Católica en el que el Estado se limitaría a incentivar las donaciones de los fieles por medio de deducciones fiscales que podrían alcanzar hasta un 15%. Además, para evitar fraudes de Ley, el PSOE propone que estas donaciones se hagan a través de cuentas restringidas abiertas en el Banco de España a favor de los órganos rectores de cada confesión religiosa beneficiaria de las mismas.
Proceso de infracción
Por otra parte, actualmente Bruselas mantiene abierto un proceso de infracción contra España por eximir a la Iglesia católica del pago del IVA. Un hecho que vulnera la directiva europea donde se regula este impuesto. Incluso, la Comisión Europea dio un último aviso a España, antes de la denuncia ante el Tribunal de Justicia, de la UE, a finales de 2005.
