Mayoral, según avanzó él mismo a Europa Press, trasladará esta idea a sus compañeros del intergrupo en la reunión que tienen previsto convocar después del referéndum sobre la Constitución europea para diseñar su calendario de actividades de los próximos meses.
El diputado socialista considera necesario que los representantes de las diferentes religiones con fieles en España, desde las más minoritarias –musulmana, hindú, judía y evangelista– hasta la católica, expliquen a los grupos políticos su opinión sobre el estado de la libertad de conciencia y de religión en España.
El objetivo es que expongan si se encuentran con algún tipo de dificultad para la práctica de sus respectivas confesiones y que planteen, si lo consideran necesario, cambios legislativos destinados a mejorar su situación.
El Intergrupo por el Laicismo, creado el pasado mes de noviembre, también tiene previsto seguir manteniendo contactos con entidades sociales que trabajan por el laicismo, como Ateos de Cataluña, que ya se ha dirigido a los diputados para concertar una entrevista.
Hasta ahora han intercambiado opiniones con la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales y varios sindicatos de la enseñanza.
COMISION DE ESTUDIO
Cuando concluya esta ronda de reuniones, el intergrupo tiene intención de elaborar un informe de conclusiones sobre la situación de la libertad religiosa en España. Será entonces cuando decidan si impulsan, como defienden a priori algunos grupos parlamentarios, la creación de una comisión de estudio en el Congreso que proponga medidas para profundizar en la laicidad del Estado con la intención de que la aconfesionalidad sea una realidad en todas las instituciones públicas, la educación y los medios de comunicación.
La diputada de Izquierda Verde (IU-ICV) Carme García explicó a Europa Press que todos los grupos, salvo el PP, comparten la idea de que el Parlamento debe sentarse a analizar "con seriedad y serenidad" cómo se puede avanzar hacia un verdadero Estado aconfesional y que ha llegado el momento de "dejar de marear la perdiz" con el debate y la aprobación cada cierto tiempo de iniciativas inconexas destinadas a este fin.
García subraya que este intergrupo no pretende dirigirse contra una confesión religiosa. ni tiene nada que ver con el ateismo o el agnosticismo, sino que concibe la religiosidad como una opción "privada", defiende que el Estado debe estar al margen de la religión y viceversa, y entiende la laicidad como un pacto de convivencia en la pluralidad y la tolerancia.
Por eso, barajan la conveniencia de que distintos expertos en estas cuestiones desfilen por el Congreso para definir exactamente qué es un Estado laico y para dar la oportunidad a los diputados de elevar al Gobierno unas propuestas destinadas hacer realidad la aconfesionalidad que recoge el artículo 16 de la Constitución.
REVISION DE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE
Los impulsores de esta iniciativa consideran oportuno que el Congreso aborde este asunto ahora que están llegando a España inmigrantes que practican distintas religiones. García destaca que ante esta variedad religiosa, el Estado no puede "decantarse" por apoyar a unas confesiones frente a otras porque ese favoritismo sería, además de "inconstitucional", discriminatorio. Además, indica que esta situación tiene un evidente reflejo en la educación y en otros ámbitos como las relaciones institucionales o incluso en cuestiones de protocolo.
La revisión de los acuerdos con la Santa Sede, prevista para este año, también debería analizarse, según García, en esa comisión parlamentaria no permanente que, a su juicio, debería sentar las bases para poner fin a la financiación estatal de la Iglesia Católica.
Aunque sus promotores insisten en que el intergrupo no se crea "contra nada", admiten que podría servir ahora para contrarrestar desde la sociedad civil la creciente implicación de la Iglesia católica en la vida política, con su frontal rechazo a medidas legislativas de marcado carácter progresista como el reconocimiento del matrimonio entre homosexuales.
