El historiador Ángel Luis López Villaverde analiza su último libro el papel de las instituciones religiosas en una sociedad laica, la pugna entre dirigentes eclesiásticos y civiles a lo largo de la historia y su influencia en la población
"En un marco de laicidad y de pluralismo no tiene cabida la reivindicación de la hegemonía moral católica, ni su blindaje financiero y educativo", escribe el historiador Ángel Luis López Villaverde en su libro El poder de la iglesia en la España contemporánea (Catarata), en el que analiza el papel de las instituciones religiosas en una sociedad laica, la pugna entre los dirigentes eclesiásticos y civiles a lo largo de la historia y su influencia en la población. Doctor en Historia por la Universidad de Castilla–La Mancha, donde ejerce como profesor, considera que para resolver posibles conflictos de libertad religiosa en España habría que abordar la renegociación de los Acuerdos de 1979 –que marca actualmente las relaciones iglesia-Estado– y regular bien la presencia de autoridades en ceremonias religiosas.
En su libro, habla de que en España hay un modelo de "aconfesionalidad privilegiada" que no ha resuelto la cuestión religiosa. ¿Hasta qué punto la influencia del factor religioso en el comportamiento político de los españoles durante la Transición pudo contribuir a crear este modelo?
No fue el comportamiento electoral de los españoles el responsable de esta aconfesionalidad privilegiada, sino una “inteligente” (para sus intereses) estrategia eclesiástica que contó con la complicidad del gobierno de Suárez y la renuncia a una confrontación laicista por parte de la oposición. Esto no significa que no hubiera fricciones entre la jerarquía y el ejecutivo e, incluso, entre la propia cúpula episcopal, muy dividida. La prolongada confesionalidad estatal y la transición religiosa explican la privilegiada situación católica durante este tiempo. La Conferencia Episcopal no estaba dispuesta a renunciar, de la noche a la mañana, a los privilegios tradicionales y podía argüir, en su defensa, los servicios prestados para contribuir a la llegada de las libertades.
Hay autores que han afirmado que los prelados comprometidos con el cambio apostaban más por un cambio de régimen que por uno de sistema. Y, visto en perspectiva histórica nos aparece la figura del cardenal Tarancón como la pieza básica, manejada por el Papa Pablo VI, para conseguir, por un lado, que el final de la dictadura no arrastrara a la Iglesia y, por otro, que el Vaticano pudiera culminar un proceso de centralización eclesiástico en el mundo católico, incompatible con el privilegio del derecho de presentación del jefe del Estado en España. Como el rey Juan Carlos renunció a este privilegio, el presidente de la Conferencia Episcopal, un excelente estratega, se centró en conseguir ventajas constitucionales en relación a la cooperación del Estado con la Iglesia y en la enseñanza de la religión, a los que sumó el blindaje financiero y educativo de los acuerdos con el Vaticano de enero de 1979. No fue, una Constitución “sin dios”, que tanto criticaron algunos obispos. Reconocer la cooperación con la Iglesia católica y el resto de confesiones daba a la primera una situación privilegiada dentro de un marco aconfesional que no se definió como laico. Y, tres décadas y media después, la aconfesionalidad constitucional no ha culminado en laicidad, y, por tanto, no contenta a nadie.
¿Cree que en España hay un conflicto de libertad religiosa? O, por el contrario, ¿considera que el problema son los Acuerdos con la Santa Sede que regulan la relación con la Iglesia católica y que algunos han tachado de ser dudosamente constitucionales?
En primer lugar, tengo que advertir que no soy jurista, sino historiador y que mi libro analiza el poder de la Iglesia en España en los últimos siglos, no sólo en la época actual. Aunque lo hago desde una perspectiva interdisciplinar y, por tanto, de la misma manera que están presentes las aportaciones de filósofos, sociólogos, antropólogos o politólogos, también están, por supuesto, las de los juristas. En este sentido, aunque hay voces que han tachado a la Constitución como criptoconfesional, y los artículos citados anteriormente conceden ventajas religiosas a la Iglesia católica, hay constitucionalistas que no ponen el acento tanto en el marco de libertad religiosa regulado en 1978, que lo consideran razonable (incluso modélico, en algún caso), como en la aplicación de estos principios constitucionales y las disfunciones provocadas por los acuerdos con la Santa Sede (considerados, por no pocos autores, como dudosamente constitucionales) en lo relativo a la presencia del poder público en actos y manifestaciones religiosas y en el diferente trato dispensado a confesiones minoritarias, particularmente en cuanto a financiación. De manera que para resolver posibles conflictos de libertad religiosa habría que abordar la renegociación de estos acuerdos parciales y regular bien la presencia de autoridades en ceremonias religiosas.
España es un Estado aconfesional, si bien, parece complicado decir que hay neutralidad religiosa cuando la Iglesia católica está fuertemente financiada con dinero público y otras confesiones no. ¿Comparte esta idea?
No resulta compatible con la laicidad el estatus económico del que goza la Iglesia católica, pues ha venido recibiendo del presupuesto público generosas concesiones económicas a través del IRPF. El acuerdo de 3 de enero de 1979 sobre asuntos económicos establecía un nuevo sistema de colaboración financiera, con una duración indeterminada, hasta que la Iglesia consiguiera su autofinanciación (que nunca llega). No se basaba en la dotación eclesiástica, como antaño, sino en la asignación de un porcentaje del rendimiento de la declaración de la renta que los contribuyentes destinaran a su sostenimiento. En 1987, en una interpretación generosa, el gobierno de Felipe González fijó la asignación en el 0,5329%, y el de Zapatero la amplió en 2006 al 0,7%, a cambio de que la Iglesia pagara el IVA. Pero continuaban otras exenciones (desde el IBI hasta los impuestos de sucesión, donaciones o transmisiones patrimoniales o de las contribuciones especiales), que no son exclusivas de la Iglesia católica, pues se extienden, por la ley de incentivos fiscales al mecenazgo de 2002 a las fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG, federaciones y asociaciones sin fines lucrativos.
Pese a que otras confesiones religiosas minoritarias disfrutan también esas exenciones fiscales, los acuerdos con judíos, musulmanes y protestantes, firmados en noviembre de 1992, no incluyen, en ningún caso, concesiones económicas. Este privilegio, denunciado desde los sectores laicistas, es contestado desde los confesionales como pura lógica sociológica, por la catolicidad religiosa y cultural española. Es la pescadilla que se muerde la cola, pues hay que reconocer una situación especial a una confesión que debe su estatus a una larga historia confesional. Sin embargo, frente a ese blindaje financiero de la Iglesia católica española hay otros modelos, a mi juicio, más razonables, que en nada se parecen al español. Uno es el de la laica República francesa, que no financia a ninguna confesión. Otro es de la laica Monarquía belga, que financia, en función de sus fieles, a todas.
En España sigue habiendo símbolos religiosos en las escuelas y los miembros del Gobierno (no todos) siguen jurando sus cargos ante un crucifijo. ¿Cree que habría que legislar para regular esas anomalías en un Estado aconfesional?
Es un largo debate no resuelto en España. Y conviene contextualizar el tema. En países como Estados Unidos, donde ninguna confesión tiene privilegios sobre las demás, los símbolos religiosos siguen estando presentes en la toma de posesión del Presidente y de los altos cargos y tampoco se cuestionan los símbolos religiosos en los centros escolares. Pero este modelo no nos puede servir de referencia porque en Norteamérica la modernización no vino de la secularización, sino de la libertad religiosa y la neutralidad estatal. Por tanto, el aparente contenido religioso de estos actos no tiene apenas incidencia en la laicidad estatal. También fue diferente el camino hacia la laicidad en la Europa protestante, pues vino desde una secularización interna de la vida religiosa.
Pero en los países católicos este proceso fue más conflictivo porque la Iglesia se resistió durante siglos a aceptar la secularización del Estado, hasta el Concilio Vaticano II. Si a ello sumamos las particularidades españolas, con el nacionalcatolicismo, debiéramos tener una especial sensibilidad ante todo lo que tenga reminiscencias suyas. Y como aquí no hemos seguido los comentados modelos francés o belga, más aceptables, a mi juicio, aunque muy diferentes entre sí, convendría ser muy estrictos en diferenciar la esfera pública formal o institucional de la informal, como hace J. Habermas. En los primeros, la neutralidad debe ser exquisita y, por consiguiente, sobran los símbolos religiosos en ayuntamientos, juzgados, parlamentos o escuelas públicas. La clave está en compatibilizar una fe privada (con todas las garantías) con una religión pública (en la esfera informal) y un Estado laico (en la formal). Para ello se necesitan equilibrios que en la España actual no hemos sabido resolver. Pero no veo voluntad política en ello ni tampoco creo que la Conferencia Episcopal aceptara ningún cambio normativo sustancial, que inmediatamente tacharía de laicista. Aunque quizás ha llegado el momento de tomar en serio las primeras intenciones y gestos del nuevo Papa (que habla de la vanidad del poder y que el verdadero sentido de éste está en el servicio a los demás) para iniciar una negociación inteligente con la cúpula eclesial española y vaticana que convierta los gestos aperturistas de Francisco en una nueva relación con la Iglesia católica.
¿Cree que en el contexto actual de crisis económica nos podemos seguir permitiendo la inmunidad casi total de los obispos ante el fisco?
En estos momentos de crisis no parece razonable seguir permitiéndonos ninguna inmunidad fiscal. Pero recordemos que la ley de incentivos fiscales al mecenazgo, a la que antes me he referido, excluyó del pago del IBI y de otros impuestos no sólo a la Iglesia católica, sino a las otras confesiones religiosas, fundaciones y asociaciones de utilidad pública o sin ánimo de lucro. Cuando se reclama a la Iglesia que pague el IBI, ésta se defiende diciendo que no es la única institución que tiene privilegios tributarios. Y lleva razón. Pero está perdiendo una excelente ocasión para mostrar una mayor generosidad que podría capitalizar para frenar la pérdida de fieles, como reflejan las últimas encuestas sociológicas. Claro que, mientras tenga bien atada la asignación tributaria, la reducción del número de católicos practicantes, apenas tiene consecuencias económicas.
El recelo de la Conferencia Episcopal hacia el PSOE es innegable, pero, sin embargo, fueron los socialistas los que pusieron en marcha los conciertos con la escuela católica o ha potenciado la capacidad de la Iglesia católica en materia tributaria. Por una parte, ¿a qué se debe ese recelo? Por otra, ¿a qué se debe esas cesiones?
Es cierto que los recelos que la jerarquía eclesiástica mostró hacia el PSOE, tanto con Felipe González como con Zapatero, por el pretendido laicismo socialista, no se sostiene en el ámbito tributario. En vísperas de la victoria electoral de 1982, ya sin Tarancón al frente de la Conferencia Episcopal, los obispos temían que se reprodujeran las iniciativas laicistas de la República. Incluso durante la primera legislatura de Zapatero rescataron, de manera infundada, el lenguaje de la persecución. Temas como el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo son intolerables desde la ortodoxia católica. Pero ni los socialistas sacaron la enseñanza de la Religión de los centros escolares (aunque no mantuvieran el estatus académico que reclamaban los obispos) ni tampoco, antes al contrario, redujeron la asignación a la Iglesia. Por tanto, aquéllos no tienen verdaderos motivos de queja, salvo que dejen traslucir su nostalgia neoconfesional.
¿Por qué actuaron así los gobiernos de Felipe González? La respuesta es múltiple y compleja. Entre otras razones porque ni la propia dirección del PSOE ni sus gobiernos (en los que han tenido relevancia destacados católicos como Bono o Jáuregui) han tenido como prioridad una hoja de ruta para el avance en la laicidad del Estado. Y porque, en respuesta a las movilizaciones católicas contra las leyes educativas o sociales de los años ochenta o de hace un lustro, los gobiernos de González y Zapatero pretendieron rebajar esa presión con ciertas concesiones que, por otra parte, podrían reconciliarlos con sus bases católicas. De manera que ha primado la táctica cortoplacista sobre una estrategia definida.
El historiador Ángel Luis López Villaverde.
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