María José Rodríguez aboga por revisar las exenciones que exceden lo que estipula la norma vigente e incluso la propia legislación
La diputada nacional y secretaria de Política Institucional del PSOE de Huelva, María José Rodríguez, ha preguntado al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el resultado de la declaración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la Iglesia católica en la provincia en los tres últimos ejercicios fiscales.
En declaraciones a Europa Press, la dirigente socialista incidió en que en épocas de dificultad económica como la actual "todos tenemos que hacer un esfuerzo y, de ahí el interés por conocer la contribución de la Iglesia".
Según recordó la diputada, la Iglesia católica está exenta de tributar por el IBI y disfruta de exenciones totales o permanentes en el caso de templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas.
Sin embargo, "en las décadas precedentes se ha realizado una aplicación extensiva de esta exención, de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no declarados como exentos por la ley vigente: pisos, plazas de garaje, lonjas, no vinculados al culto. Este beneficio fiscal se ha extendido incluso a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los ayuntamientos", añadió.
Por todo ello, y por la propia situación de crisis económica, Rodríguez considera que es "preciso" conocer la aportación de la Iglesia y plantearse, a partir de ahí, "la necesidad de revisar estas exenciones extensivas por la vía de los hechos que exceden de lo que dice la normativa vigente e, incluso, la propia legislación".
Para la representante socialista, "es importante que todos los ciudadanos e instituciones contribuyan al sostenimiento del gasto público". Por ello, cree que "la Iglesia debería pagar impuestos, al menos, por los inmuebles y propiedades que no estén vinculadas directamente al culto".
Del mismo modo, aseguró que en el actual escenario de crisis económica, en el que la bajada de ingresos, el control del déficit y el endeudamiento de los ayuntamientos hacen "indispensable la revisión urgente de la fiscalidad municipal para que la elevación de la presión fiscal no afecte de forma desigual a vecinos y entidades, se hace imprescindible restringir al máximo la aplicación de exenciones y bonificaciones".
