El secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha manifestado hoy que “hay que denunciar” el Concordato del Estado del Estado español con la Santa Sede, porque “está obsoleto, no tiene parangón en ningún estado europeo” y hay que “empezar a poner las cosas en su sitio”.
Perelló se ha pronunciado así en Los Desayunos de TVE, donde también ha abogado por la modificación de la ley de Memoria Histórica, que a su juicio “se ha demostrado que se queda corta”.
El dirigente socialista ha precisado que aún no ha sometido a la Ejecutiva del PSOE la propuesta de denunciar el Concordato, pero ha asegurado que la planteará “en su momento”, pues no tiene “ninguna prisa”, pero sí el “firme convencimiento” de lo que tiene que hacer.
Perelló ha considerado que, después de cuarenta años de democracia en España y en pleno siglo XXI, tanto la Iglesia como el Estado tienen que “estar en su sitio”, y ha recordado que la Constitución española establece que el Estado es aconfesional, algo que “se confunde cada día que sale el sol”.
“No se trata de sacar a veces a la Iglesia de donde está, sino de que los políticos dejemos a la Iglesia tranquila, y algunos que no somos dignos de estar en algunos actos que son puramente religiosos y no populares, pues no estemos; y no pasa nada por eso”, ha aseverado.
El político valenciano ha afirmado además que no puede estar “más de acuerdo” con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dicta, a raíz del caso presentado por un colegio religioso de Madrid, que las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España podrían constituir “ayudas estatales prohibidas”.
“Una cosa es que la catedral de Burgos o la de Valencia estén exoneradas de pagar IBI, y otra cosa es que la Iglesia Católica o cualquier otra confesión tenga una propiedad privada o un colegio privado del cual obtiene un lucro, y que esté compitiendo en desigualdad de condiciones” con otras empresas, ha destacado.
Respecto a la Memoria Histórica, el secretario de Justicia del PSOE ha precisado que es un asunto “todavía muy pendiente”, pues mientras quede “un solo enterrado en las cunetas sin haber tenido derecho a una sepultura laica o cristiana, que también los hay, ese capítulo no estará cerrado en España”.
Ha añadido que eso requiere no solo de legislación, sino de “razón y no propaganda”, y ha abogado por el diálogo de todos para “hacer justicia” con la gente que sufrió represión en España, pues algunos han tenido cuatro décadas para honrar a sus muertos, y otros siguen sin poder encontrar a sus familiares para darles sepultura, que es “lo mínimo”.
