El PSOE ordena a sus concejales exigir que la Iglesia pague IBI

Los socialistas quieren revisar el Concordato y varias leyes

El PSOE presentará una moción en todos los Ayuntamientos —gobierna en 2.500— para que cada uno elabore un censo de los inmuebles que son propiedad de la Iglesia, con el objeto de cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por aquellos que no estén destinados al culto. Los socialistas esperan que así los municipios puedan recaudar ese tributo por los pisos, garajes o lonjas que estén a nombre de la Iglesia y de otras confesiones. Una idea que en las últimas semanas se ha extendido como la pólvora por consistorios de toda España: algunos del PP, como Zamora, León o Valladolid, han sido la avanzadilla. Alberto Ruiz-Gallardón ya pidió compensaciones al Gobierno por lo que dejaba de recaudar por esta vía cuando era alcalde de Madrid.

Pero los alcaldes poco pueden hacer a este respecto, más allá de un pronunciamiento político, al decir de expertos como el catedrático de Derecho de la Universidad Pública de Navarra Alejandro Torres, que ha estudiado exhaustivamente las exenciones fiscales de la Iglesia. Porque los famosos acuerdos de 1979 entre el Estado Vaticano y España reconocen la exención de IBI no solo para los edificios de culto y sus dependencias anejas, sino también para las “residencias de obispos, canónigos y curas y otros locales destinados a oficinas, a la curia diocesana y a oficinas parroquiales”, entre otros. Por poner un ejemplo, si un particular dona un piso a la Iglesia, esta no pagará impuesto de donaciones y si un cura vive en él, tampoco el IBI. Es solo una parte de lo que se ha dado en llamar el paraíso fiscal de la Iglesia.

“En primer lugar, esperamos tener un catálogo claro de qué inmuebles se trata, porque muchos no son de culto y no se viola el Concordato si se les cobra el IBI. Luego se puede ir a la revisión del propio Concordato”, dice Gaspar Zarrías, secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE.

Y eso es, precisamente, lo que también pedirán los socialistas en cada una de las mociones que se presentarán en los municipios. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya dijo en el último congreso federal del partido que, si hacía falta —es decir, si la política del PP era regresiva—, se plantearían revisar el Concordato, que no solo influye a la política fiscal, también en la educativa, por ejemplo. Ya son más de uno los socialistas que en las últimas semanas llevan entonando una suerte de mea culpa por no haber actuado con la Iglesia en la forma en que ahora exigen. Lo dice el propio Zarrías: “Es verdad, no lo hicimos, vale, pero hay que replantearse las cosas”. También Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del partido, recientemente reconoció que mantener “los privilegios de la Iglesia” en las pasadas legislaturas “ha supuesto un agravio para muchos socialistas durante mucho tiempo”. “Sabemos que hemos decepcionado a muchos electores. Hay que reformar esos acuerdos”, dijo a este periódico. Ahora es más difícil, no solo porque gobierna el PP, sino porque lo hace con mayoría absoluta y los responsables del Gobierno ya han declarado que no es tal su intención.

El miércoles pasado, el PSOE se sumó a una iniciativa de Izquierda Unida —que ambos grupos modificaron antes de presentarla para su aprobación en el Congreso— en la que se pedía el establecimiento de un calendario para la completa autofinanciación de la Iglesia, recortar el presupuesto que se destina a esta confesión y revisar algunas de estas exenciones fiscales. El PP tumbó la iniciativa.

En la moción que ahora presentarán en todos los Ayuntamientos, los socialistas instarán al Gobierno a “presentar una Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que determinará modificaciones, entre otras, de la Ley de Haciendas Locales y de la Ley de Mecenazgo y Fundaciones”. Precisamente, en las legislaturas de Zapatero se inició ese proyecto, que nunca vio la luz: “Debimos hacerlo y no lo hicimos”, reconoce Zarrías. Todo ello, como la iniciativa del Congreso, tiene como argumento la crisis, que “hace imprescindible restringir al máximo la aplicación de exenciones y bonificaciones” para contar con más recursos, mencionan en la moción. Pero olvidan una ley fundamental, la Ley Hipotecaria de los tiempos de Franco, que permite a los obispos actuar como fedatarios públicos y poner a su nombre, sin dar cuentas a nadie, cualquier edificio cuya propiedad nunca haya estado registrada.

Se llama inmatricular, y las diócesis lo han hecho con miles de inmuebles. Desde 1998, Aznar permitió, además, que eso se extendiera a los templos de culto, así que cientos de ermitas, iglesias, atrios y otros edificios son ahora propiedad de la Iglesia, para sorpresa de alcaldes y particulares de toda España.

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