Varios ministros temen conflictos si se reforma la ley de libertad religiosa El partido también aprueba que se estudie una norma de plazos sobre el aborto
Con la voluntad clara de marcar la agenda política y reforzar su perfil ideológico, el PSOE enmendó ayer la ponencia marco del 37° congreso con un pretendido sesgo progresista. Uno de los cambios alude a la ley laicista que desea impulsar, aunque con el deseo expreso de no provocar división y dejando al Gobierno la libertad para concretarlo. Algunos ministros, de hecho, se muestran escépticos, incluso contrariados, ante una iniciativa que puede desatar conflictos innecesarios y que juzgan condenada al fracaso.
En el texto se apuesta por abordar "la desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas de los espacios públicos y en los actos oficiales del Estado". Pero las peticiones para revisar los acuerdos con la Santa Sede no se recogen. También se incorporan enmiendas favorables a impulsar una ley de plazos sobre el aborto, algo que, como la reforma de la ley de libertad religiosa, el Ejecutivo no cree prioritario.
El Gobierno no desea adoptar en esta legislatura medidas que provoquen divisiones sociales, después de todos los frentes que abrió en la anterior con la reforma del Estatut, la negociación con ETA y la ley de memoria histórica. Dirigentes del PSC, incluso, consideraron entonces que José Luis Rodríguez Zapatero parecía empeñado en dejar todos los flancos al descubierto, ofreciendo argumentos al PP. La prudencia, por tanto, será la tónica en este segundo mandato de Zapatero.
Esa expresión, precisamente, es la que utilizó ayer Ramon Jáuregui, responsable de la ponencia, al describir los párrafos del texto sobre el laicismo: "suficientemente prudentes" y a la vez "suficientemente firmes". Jáuregui dejó claro que los socialistas tienen un mensaje nítido: "La Iglesia, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica en España reconoce el PSOE, debe ser consciente de que la relación especial con ella no significa limitación alguna de la aconfesionalidad del Estado."
El texto está relacionado con la nueva ley de libertad religiosa que pretende impulsar el Gobierno. Esa fue la excusa del grupo parlamentario del PSOE para rechazar, hace pocas semanas, una proposición no de ley de IU-ICV en el Congreso que instaba a la retirada de símbolos religiosos en actos oficiales y de Estado. El Gobierno, por tanto, calibrará cuándo le interesa hacer efectivo ese mandato del partido. En la enmienda se precisa que "no es propósito de los socialistas actuar por imperativo legal, sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad española".
FUNERALES DEL ESTADO
Prueba de esa prudencia es que Jáuregui, hombre de convicciones religiosas, rechazó con contundencia la posibilidad de que esa medida sobre la retirada de símbolos religiosos pudiera servir, como inicialmente se pretendía, para suprimir los funerales de Estado. "La laicidad no tiene constituida una liturgia alternativa, aunque no digo que no haya que hacerla", aseguró para justificar que la iniciativa tiene sus límites en la propia tradición española.
"NO ES UN MANDATO"
En la misma línea se sitúa la enmienda sobre el aborto. La redacción final defiende la actualización de la ley tras 23 años de vigencia, pero deja la cuestión a un "grupo de expertos y expertas" para que revisen su funcionamiento y propongan mejoras inspiradas en las "experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos". En este caso, la ponente Carmela Silva fue todavía más precisa que Jáuregui: "No es un mandato al Gobierno", aseguró, aunque entendió que Zapatero atenderá esas consideraciones. De hecho, esa invitación al grupo de expertos es la misma que ha expresado la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
La ponencia hace también una cerrada defensa de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, al destacar que ensalza los valores constitucionales y no persigue ningún adoctrinamiento ideológico, contra lo que argumenta el PP.
