2.500 millones en exenciones fiscales, 4.500 millones por la enseñanza concertada, 1.000 millones por el IBI, influencia sobre decisiones del Estado, presencia de símbolos en actos oficiales?
Han iniciado el camino con una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en el Congreso, pero es sólo el principio. “En un momento de crisis como éste, no tiene justificación que la Iglesia continúe beneficiándose de unos Acuerdos que le dan un trato fiscal preferente y que suponen, por tanto, un costo para el Estado –dice a ELPLURAL.COM Juan Moscoso, diputado socialista-“, y adelanta la intención de su partido de acabar el proceso que ahora inician con la denuncia del actual Concordato con la Santa Sede.
Ruptura de los consensos sociales
En realidad los socialistas ya anunciaron que iban a iniciar este proceso en su último Congreso, celebrado en Sevilla en las primeras semanas de 2012. Entonces Alfredo Pérez Rubalcaba advirtió que si el PP seguía con su línea de reforma unilateral de los consensos sociales, por ejemplo en educación o sanidad, el PSOE también rompería con aquellos acuerdos que los socialistas aceptaban en mor de la convivencia.
“El partido está en un momento distinto, y a la dirección hemos llegado un buen número de personas con opiniones e ideas diferentes, una nueva generación que queremos las cosas de otra forma”, nos comenta Juan Moscoso sobre la batería de preguntas que ha registrado en la Cámara, y que van dirigidas principalmente “a aclarar la opacidad fiscal en la que se mueve buena parte de las actividades de la Iglesia”, pero también a saber “cuánto nos cuesta a la sociedad su mantenimiento”, todo gracias a un Concordato “que no tiene sentido, mucho menos en estos momentos de crisis”.
¿Cuánto le cuesta al Estado el Concordato?
En concreto los socialistas quieren saber, por ejemplo, el coste fiscal anual de actividades exentas de impuestos como las publicaciones eclesiásticas, la enseñanza en seminarios o universidades de la Iglesia y la adquisición de objetos destinados al culto, o cuánto deja de pagar la dirección eclesiástica española por la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana, el IBI, en templos, capillas, locales destinados a la actividad pastoral, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas de la Curia diocesana y parroquiales, seminarios para la formación del clero, universidades eclesiásticas y casas o conventos de las órdenes y congregaciones religiosas.
Hasta el momento muchas de las cifras que se conocen a este respecto son tan sólo estimativas, pero hay otra muy concretas. Por la declaración de la renta, la casilla para la Iglesia, el Estado entrega unos 250 millones de euros. A los que hay que sumar otros 110 millones que recibiría vía ong de la propia Iglesia, como Cáritas. Esto, por cierto, desmonta en gran medida el supuesto ‘esfuerzo económico’ que hace la Iglesia con Cáritas, que está casi totalmente financiada con fondos del Estados y donaciones privadas.
2.500 millones por las exenciones; 2.700 millones por asistencia sanitaria…
Pero además, las organizaciones laicas calculan que la Iglesia se beneficia por sus exenciones y bonificaciones (IBI, impuesto de la renta, patrimonio…) de unos 2.500 millones de euros anuales. Por su labor de asistencia sanitaria y obra social, recibe más de 2.700 millones entre el dinero que le entregan la Administración central y las Comunidades Autónomas. Unos 4.500 millones los ingresa por los colegios religiosos subvencionados… Y así un largo capítulo de beneficios, todos ellos protegidos por la existencia del Concordato.
“Y a cambio del dinero público –dice a ELPLURAL.COM Juan Moscoso- la Iglesia mantiene una intransigencia incomprensible ante demandas que le plantea la sociedad civil, como por ejemplo en apoyo del turismo”. Y recuerda su experiencia como concejal del ayuntamiento de su ciudad natal, Pamplona, donde “dimos muchos millones de euros para la renovación de la catedral, lo que me parece bien, y luego nos encontramos con que la Iglesia no colaboraba a la hora de poner unas horas de apertura que permitieran la visita del templo por parte de turistas… Mantienen en buena medida con dinero público su patrimonio, pero luego se niegan a ponerlo al servicio de la actividad cultural o turística que les pide la sociedad”.
Imposiciones en educación
Igualmente critican la imposición que, a causa del Concordato, mantiene la Iglesia sobre la comunidad educativa con la enseñanza de la religión. “La nueva ley Wert en ese sentido significa un cambio inaceptable –dice Moscoso-; no sólo acaba con la educación para la Ciudadanía, sino que impone a aquellos alumnos cuyas familias no deseen recibir religión, la obligatoriedad de superar una asignatura de ética y conocimiento de la Constitución, una asignatura lo más dura posible como están pidiendo los obispos sin rubor estos días, para mantener rehenes al mayor número de estudiantes en la clase de religión”.
El diputado socialista recuerda en este sentido que si han aceptado “convivir con la enseñanza de religión” hasta el momento era porque no resultaba obligatoria y al tiempo, todos los alumnos a través de educación para la ciudadanía recibían una enseñanza en los valores democráticos comunes, algo que ahora para los hijos de familias católicas no va a suceder.
