El Gobierno socialista, después de cuatro años de algunos encuentros y muchos desencuentros con la Iglesia católica, si repite victoria en las elecciones generales «promoverá una reflexión orientada a la posible modificación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (en vigor desde 1980)».
El Partido Socialista, si conserva el poder, «promocionará activamente la separación entre Iglesia y Estado» y «proseguirá una política que evite privilegios y discriminaciones de unas confesiones respecto de otras (…) porque eso se se traduce en desigualdades entre la ciudadanía». En este sentido, esa modificación de la Ley de Libertad Religiosa quedaría orientada a modificar «aquellos aspectos de la norma para la mejor garantía de la libertad y el pluralismo religioso en la España del futuro, así como de la aconfesionalidad y laicidad del Estado y la no discriminación por razón de creencias».
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en su artículo 1.1, garantiza a través del Estado «el derecho Fundamental a la Libertad Religiosa y de Culto, reconocida en la Constitución. Y en el 1.3 refleja que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».
«Con fines religiosos»
Quizá el Gobierno tenga en la cabeza la prohibición de «manifestarse públicamente con fines religiosos», ahora permitido por la actual ley en su artículo 2.1.d. O eliminar la obligación que tienen actualmente los poderes públicos de adoptar «las medidas necesarias poara facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos» (artículo 2.3 de la Ley de Libertad Religiosa).
Esa promoción activa de la separación entre Iglesia y Estado que anuncia el PSOE en la nueva legislatura abarcará también «la modificación del Código Penal en lo relativo a la libertad de conciencia, equiparando la protección de todas las convicciones, con independencia de su carácter religioso o no».
Desde que el Arzobispado de Madrid, con el respaldo absoluto de la Conferencia Episcopal, reuniera a cientos de miles de personas en la plaza de Colón, en un acto en defensa de la familia, las relaciones entre Episcopado y Gobierno quedaron muy dañadas. Y desde hace tres semanas, con la nota «Ante las Elecciones Generales 2008», de la Conferencia Episcopal, prácticamente rotas.
El Ejecutivo socialista se limita a mantener cierto diálogo con el Vaticano, con el ejemplo último de la cena de la semana pasada de Rodríguez Zapatero con el nuncio Monteiro de Castro. Todo indica que el Partido Socialista le quiere hacer «pagar» a la Iglesia católica sus últimos actos.
Incluso dentro del capítulo de Libertad religiosa y laicidad de su programa electoral, figura un recordatorio: «La contribución de las confesiones a la deliberación pública en las sociedades democráticas debe entenderse siempre subordinada a la soberanía de las instituciones democráticas, al imperio de la ley y, en definitiva, a la voluntad ciudadana mayoritaria». Este mensaje es muy similar a varios párrafos de un comunicado anterior (de la Ejecutiva socialista) titulado «Las cosas en su sitio» y redactado tras la concentración de la Iglesia en favor de la familia. En ese comunicado, los socialistas advertían que «la fortaleza de la democracia consiste en la garantía de la convivencia de opciones ideológicas, morales y religiosas distintas, sin aceptar la imposición de ninguna en particular. En este sentido, en un régimen de libertades, la fe no se legisla. La legitimidad de los valores y de las reglas de la convivencia emana de los principios y procedimientos constitucionales. No hay más legitimidad que la legitimidad constitucional».
En esa línea, añadía el documento que «toda confesión religiosa tiene plena autonomía en su orden doctrinal respecto de quienes participan de ella, pero es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos. Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan estos principios se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia».
Las relaciones, pues, están rotas desde «las consideraciones que estimulen el ejercicio responsable del voto» publicadas por el Episcopado el 30 de enero. Pese a que sólo pedían «libertad y respeto para proponer libremente nuestra manera de ver las cosas, sin que nadie se sienta amenazado ni nuestra intervención sea interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás». Pues sí, el Gobierno socialista se lo tomó como una ofensa. Sobre todo al considerar la Iglesia católica española que «una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político».
Reflexiones del obispo Uriarte
Esa nota de los obispos mantiene su plena vigencia, e incluso provocó ayer la reflexión del Obispado de San Sebastián y de su obispo, Juan María Uriarte. En un documento, recogido por Efe, el prelado donostiarra asegura que los dirigentes eclesiásticos «tienen el derecho cívico de dirigirse públicamente a los católicos y a todos aquellos que quieran escucharles, exponiéndoles el mensaje del Evangelio», y que, «en momentos electorales, pueden proponer criterios éticos que ayuden a emitir un voto ponderado y responsable», algo que «ninguna instancia social o política debería considerar» «una injerencia».
