Claridad, objetividad y verdad. El PNV ha renegado de ellas en el borrador. En realidad, nunca ha demostrado creer en la LEPV ni en la escuela pública. ¿Está dispuesto el PSE a exigirlas y defenderlas firmemente?.
El secretario general del PSE-EE (en adelante, PSE) manifestó recientemente que, en estos momentos, no existe ningún tipo de acuerdo en materia educativa entre su partido y PNV. En efecto, PNV le ha excluido de la negociación y de la redacción del borrador de Acuerdo Educativo (en adelante, borrador), desarrolladas supuestamente entre PNV y EH Bildu —realmente, entre el PNV- Sortu-LAB-Ikastolen Elkartea-Kristau Eskola, en adelante, el Bloque). El PSE se enteró del borrador el 8 de febrero, cuando se hizo público.
Otro tanto ha sucedido dentro de EH Bildu. Todo el amplio sector en favor de la educación pública real (la de titularidad pública), que incluye a Altenatiba, no ha recibido ninguna información durante la negociación del borrador parlamentario entre el Bloque. Es más, se ha llegado a redactar el primer borrador interno de EH Bildu (Hacia un sistema público soberano), para su aportación al acuerdo parlamentario, al margen de todo ese sector.
Todas estas formas de proceder son la peor carta de presentación, lo contrario a lo que debería haber sido un borrador para el Acuerdo. Es evidente que el Bloque no tiene voluntad para ello y piensa aplicar el rodillo parlamentario (PNV más Sortu).
Sin duda, hay nerviosismo y ganas de consumar cuanto antes el “golpe” al sistema educativo actual, para escandaloso beneficio de la enseñanza privada y correspondiente perjuicio de la enseñanza pública
En una primera valoración, el PSE ha hecho públicas sus reservas respecto al borrador y ha solicitado la prolongación del ridículo plazo de 10 días dado inicialmente para la presentación de enmiendas, alargado ahora hasta el 1 de marzo. “Las prisas son malas consejeras”, ha advertido Eneko Andueza. El Bloque tiene prisa por aprobar cuanto antes la Ley Vasca de Educación. Sin duda, hay nerviosismo y ganas de consumar cuanto antes el “golpe” al sistema educativo actual, para escandaloso beneficio de la enseñanza privada y correspondiente perjuicio de la enseñanza pública.
Ante las reservas del PSE, resulta significativa la inmediata llamada al orden de Iñigo Urkullu a Eneko Andueza para “coordinar” la acción de gobierno. Sin duda, las presiones van a ser muy fuertes. ¿Va a ceder el PSE? No debe hacerlo, si quiere mantener un mínimo de dignidad y coherencia con su trayectoria histórica y sus compromisos, con su programa electoral y de gobierno, respecto a la escuela pública.
En efecto, la tradición socialista se ha distinguido por su compromiso con la educación y, en particular, con la educación pública. El PSOE ha sido el impulsor de las leyes educativas que han estructurado la educación en el Estado (LODE, LOGSE, LOE, LOMLOE) y el PSE lo ha sido de la única ley educativa de la CAV, la vigente Ley de la Escuela Pública Vasca (en adelante LEPV).
Por otra parte, el PSE se ha presentado a las últimas elecciones —2020— con un programa en el que declaraba que la nueva ley deberá establecer “el papel central de la Escuela Pública en el conjunto del sistema educativo vasco”, así como que “nos comprometemos a […] un pacto que reconozca el papel esencial de la Escuela Pública y su carácter laico.” Y “nos comprometemos a la creación de un Consejo Social de la Escuela Pública Vasca […] para identificar y defender sus necesidades e intereses, e impulsar una escuela pública vasca competitiva en términos de calidad y conocimiento.
Y en el primero de los compromisos educativos de su pacto de gobierno con el PNV se acuerda “el reconocimiento del carácter esencial de la Escuela Pública Vasca”, así como que “el objetivo prioritario de esta próxima legislatura es aprobar una Ley Vasca de Educación que dé respuesta a los retos de futuro de nuestro sistema educativo, reconozca y promueva el papel esencial de la Escuela Pública y su carácter laico”.
Incumplimiento
Es evidente que el PNV ha incumplido ese acuerdo en el texto del borrador y el PSE lo ha detectado. Su secretario de educación, Alfredo Retortillo, ha constatado en el documento “la desaparición de la escuela pública, a la que solo se menciona una vez.” Así es. Es una desaparición intencionada e interesada, como lo es la de la escuela privada, que no aparece en el borrador.
¿Qué pretende el Bloque con estas desapariciones misteriosas? Exactamente lo que ha detectado, también, Retortillo: “No se distingue la pública de la concertada.” El borrador elimina los términos público y privado, que representan objetivamente la real y fundamental distinción jurídica (titularidad) entre las dos redes que integran nuestro sistema educativo, justamente para intentar que no las distingamos, que las equiparemos. Ikastolen Elkartea y Kristau Eskola pretenden travestirse de públicos, mientras se aferran a su titularidad privada, para que el dinero público financie, todavía más, sus particulares proyectos educativos, político y religioso respectivamente.
Esta falsa equiparación es el verdadero objetivo del Bloque en su borrador: hacer desaparecer la realidad jurídica objetiva, dual (pública y privada), de nuestro actual sistema educativo, para sustituirla por un ficticio sistema aparentemente unitario en el que todos los centros, públicos y privados, serían supuestamente iguales ante las Administraciones, y éstas no tendrían en cuenta la esencial diferencia de su responsabilidad y relaciones con los centros de su titularidad y los de titularidad ajena, privada.
Esta falsa equiparación es el verdadero objetivo del Bloque en su borrador: hacer desaparecer la realidad jurídica objetiva, dual (pública y privada), de nuestro actual sistema educativo, para sustituirla por un ficticio sistema aparentemente unitario
Aunque parezca mentira, para más inri, lo cierto es que todo este despropósito se basa en las, a mi juicio, elucubraciones erróneas, erráticas e irresponsables de un “gurú” del mundo educativo. El Bloque se ha servido de ellas, a pesar de su falta de fundamento, simplemente porque le convienen para sus intereses. Así, el Bloque y su borrador se obcecan, como su mentor, en un ciego negacionismo de la realidad dual del sistema educativo. Se niegan a reconocer el factor fundamental de la titularidad. Pretenden ignorarlo y que los demás lo ignoremos o que no lo tomemos en cuenta.
Sin embargo, la titularidad no es algo irrelevante. La titularidad no es el simple hecho del título jurídico. No es un documento, no es algo estático. La titularidad es esencialmente funcional y determina la responsabilidad jurídica, la de gestión y las relaciones de todo tipo del titular con su propiedad, en nuestro caso, con el centro educativo. La Administración es responsable jurídico y de gestión únicamente de la escuela pública, lo que determina todas sus relaciones con ella. No lo es de la escuela privada, cuya responsabilidad jurídica y de gestión corresponde exclusivamente a sus titulares, en el marco de la ley.
La única relación obligatoria de la Administración con los centros privados concertados se limita al cumplimiento del mandato constitucional (CE, art. 27.9), lo que se realiza mediante los conciertos, siempre bajo las condiciones y controles establecidas por la LOE y LOMCE y no de forma universal, indiscriminada, sobredimensionada y sin el debido control, como se ha hecho hasta ahora.
Es justamente esta radical diferencia y distinción la que el Bloque intenta ocultar, negar y confundir en su borrador, para propio beneficio. Pretende, nada menos, que las Administración se haga responsable de todas las cargas de la enseñanza privada, como si fuera pública, manteniendo ésta su titularidad privada con todas las correspondientes atribuciones que la ley le garantiza. Es un intento descarado de beneficiarse de lo público y de lo privado al mismo tiempo.
Pretenden, nada menos, que las Administración se haga responsable de todas las cargas de la enseñanza privada, como si fuera pública, manteniendo ésta su titularidad privada con todas las correspondientes atribuciones que la ley le garantiza
Si esta maniobra se consumara en la nueva Ley, las patronales de la enseñanza privada se garantizarían definitivamente su hegemonía en nuestro sistema educativo y condenarían a la enseñanza pública a ser subsidiaria—para hacerse cargo de lo que a la privada no le interesa— y residual. Se trata de una especie de “opa hostil”, de “abrazo del oso” a la escuela pública. Ni Vox ni el PP de Madrid se atreven a tanto.
Frente a esta estrategia del borrador, hay que defender que la nueva Ley respete la estructura dual, real, de nuestro sistema educativo. Y que lo haga clasificando los centros en los términos en que lo hacen todas las leyes estatales, las de todas las CCAA y nuestra propia LEPV. A ninguna de ellas se le ha ocurrido el despropósito de intentar negar la realidad objetiva, real, dual, del sistema educativo.
Se trata de una opa hostil a la escuela púbica; ni Vox ni el PP de Madrid se atreven a tanto
Nuestra LEPV, refleja inequívocamente esta estructura dual en su objetivo de que “el sistema educativo se configure definitivamente y sin ambigüedades en dos redes, una pública y otra privada.” (LEPV, Exposición de motivos),
Por otra parte, define nítidamente cuál es la única escuela pública real: “1. El conjunto de centros públicos que imparten la enseñanza no universitaria configura la escuela pública vasca. 2. Son centros públicos, a los efectos de la presente ley, aquellos cuya titularidad corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma, y, en los términos recogidos en la disposición adicional décima, los centros de titularidad de las Corporaciones locales.” (Artículo 1, puntos 1 y 2).
Finalmente, asume su específica responsabilidad y relación de la Administración con la escuela pública, como titular de ella: “La escuela pública es el instrumento de actuación directa de la Administración en el cumplimiento del precepto constitucional que garantiza el derecho a la educación y en la compensación de las desigualdades.” (Exposición de motivos).
Claridad, objetividad y verdad. El PNV ha renegado de ellas en el borrador. En realidad, nunca ha demostrado creer en la LEPV ni en la escuela pública. ¿Está dispuesto el PSE a exigirlas y defenderlas firmemente? ¿Está dispuesto a mantener con coherencia sus principios y sus compromisos adquiridos con la escuela pública en la LEPV, en su programa electoral y en su pacto de gobierno? ¿Los va a defender, tanto en el Acuerdo Educativo como en la Ley Vasca de Educación? El órdago insensato del Bloque exige una respuesta sin fisuras de todos cuantos creemos en la enseñanza pública. El PSE está ante una responsabilidad histórica.
