El prior disputa al Estado las llaves del Valle de los Caídos

El abad de la Basílica donde reposan los restos de Franco exige por carta a Patrimonio Nacional el control físico de la entrada al recinto

Este lunes estaba “todo listo” para el 10-J. El Gobierno había señalado esa fecha en su calendario y tenía un plan a y otro b y hasta uno c para proceder al fin a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos más de 43 años después de su muerte. Los urgentes deseos de esa retirada, expresados como un mandato por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acceder hace un año al poder, no se han cumplido aún. Aunque el enredo jurídico y administrativo de estos meses parece en su fase definitiva y el Ejecutivo tiene ahora el factor tiempo a su favor. El prior en funciones de la Basílica, el padre Santiago Cantera, el valladar de la familia del dictador que se opone férreamente al traslado, ha llegado a disputar, en mal tono incluso, el control de las llaves de acceso al recinto al propio Estado.

El pasado 1 de octubre, en plena refriega de acuerdos y decisiones del Consejo de Ministros para acelerar la exhumación de Franco, tras haber intentado los contactos formal e informalmente a través de los máximos responsables de Patrimonio Nacional, un grupo de altos funcionarios de ese organismo del Estado acudieron a visitar la Basílica del Valle de los Caídos. Era lunes, que es el día en el que el mausoleo está cerrado al público. El presidente de Patrimonio, Alfredo Pérez de Armiñán, se personó con el consejero gerente, Ernesto Abati; el delegado del organismo en el Valle, Manuel Terrón; el subsecretario del Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonio Hidalgo, vocal de Patrimonio; y con Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia e instructora del procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros en agosto pasado para llevar a cabo el traslado “de los restos mortales afectados”.

El Ejecutivo pensaba entonces que el asunto podría resolverse de manera inminente y querían tener todos los escenarios previstos. El presidente de Patrimonio había sondeado en persona y por teléfono la disposición a colaborar del prior en funciones del Valle y había ratificado varias veces que seguía siendo nula. Los contactos y presiones con la cúpula de la Iglesia, en Madrid y Roma, tampoco habían servido de mucho. Cantera no entraba en razones y los nietos del dictador llevaron su pugna hasta las más altas instancias judiciales.

El prior Cantera no fue avisado de esa visita institucional y se la tomó mal. Al día siguiente, 2 de octubre, remitió una carta de dos folios al presidente de Patrimonio con un estilo nada diplomático. Comenzó por transmitirle su “honda preocupación y consternación por unos hechos sin precedentes en los 60 años que lleva la Comunidad Benedictina en el Valle”. Y calificó los hechos “de una extraordinaria gravedad y merecedores de reproche jurídico”. Cantera sostenía que la Basílica Pontificia “está protegida por el Derecho Fundamental a la libertad religiosa y de culto, consagrada su inviolabilidad frente a injerencias y entradas no consentidas de poderes públicos”, y remachó que en la misma “está reservado el Santísimo Sacramento”.

El padre Cantera aprovechó para cuestionar directamente la presencia de la subsecretaria por revelar “falta de imparcialidad, objetividad o, lisa y llanamente, que ya sabe cómo va a terminar su instrucción” del expediente del caso. En su conclusión, el responsable eclesiástico del templo, arguyó que ese acceso sin avisar al interior de ese lugar sagrado “no es ni lícito ni legítimo”. Y por ello requirió “formalmente” al presidente del organismo que le hiciera entrega “de las llaves de la Basílica y de las demás del conjunto monumental que pudieran estar en su poder”.

El presidente de Patrimonio contestó al día siguiente. Primero argumentó, con la ley reguladora del organismo de 1982 y varias disposiciones adicionales, que su visita se ajustaba a sus competencias. Le refrescó incluso a Cantera que en el artículo 8 del Reglamento franquista (1959) de la Fundación que regula el Valle, se señala que le corresponde la responsabilidad de la administración e inspección de los bienes de todos los edificios de Cuelgamuros. Y que el artículo 6 le encomienda “los servicios, trabajos y obras de conservación y reparación” a instancias del abad “o de motu proprio sin requerir autorización previa”.

El presidente finalizó comunicando al prior que en virtud de esas funciones “no puede accederse a su solicitud de entrega de las llaves”. El Gobierno tuvo muy presente este cruce epistolar por si el padre Cantera tenía pensado algún tipo de obstáculo nuevo en la salida de Franco del Valle preparada para el 10-J.

EL PAÍS ha contactado con el prior Cantera para conocer su versión sobre esta disputa y no ha obtenido contestación.

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