Es escalofriante que se utilice la religión como un instrumento político. Esa práctica queda hoy sólo en manos de los fundamentalistas. El fundamentalismo gira siempre sobre un mismo principio: la doctrina como autoridad por encima de las personas y las leyes. En lugar de detenerse ante la diversidad de lo real, sojuzga la realidad a la creencia. Quizás Juan Cotino, el nuevo presidente de las Corts, no midió su gesto al colocar un crucifijo de respetables dimensiones en la mesa del hemiciclo, recinto sagrado de la representación popular: la casa de la ciudadanía. Demasiado a menudo se olvida la distinción entre la esfera privada y el ámbito de legitimación popular. Y se olvida por impunidad y arrogancia, porque también se ignoran muchas de las bases que sientan la convivencia. ¿Acaso Cotino no es consciente de que su gesto puede herir sensibilidades? ¿Las de los otros diputados que no profesan su religión o sus creencias y que han sido elegidos en parte porque representan una opción ideológica contraria a la suya? ¿Acaso desconoce Cotino que se halla en un Estado aconfesional? La confesión del presidente de las Corts es un asunto privado. Que uno sepa, siempre se ha respetado su ideario. Como si quiere adscribirse a la secta de los Amish o profesar el credo de la Cienciología, como el señor Tom Cruise. Sin embargo, cuando se trasladan los símbolos de unos dogmas al territorio colectivo y se privilegian desde la superioridad enalteciendo un espacio que no es el suyo, se han de escuchar voces discrepantes, puesto que la imposición supone un ataque a la libertad. Rebasa una frontera: la de la razón democrática. Y esculpe el espíritu de un legado, el nacionalcatólico, sobre el que aún pesan excesivas herencias.
Una de ellas, y alguna vez habrá que decirlo, es que el Estado, oficialmente aconfesional, sigue protegiendo a la Iglesia Católica, que no se financia por sí misma y a la que entrega toda clase de privilegios económicos y prerrogativas legales. Los gobernantes, también los socialistas, a pesar de que la secularización se ha impuesto con normalidad, continúan sosteniendo un Estado ambiguo, desde luego no laico. Ayer mismo, Alarte manifestó su respeto por las opciones personales, aunque Cotino no estuviera en su casa, sino en la Cámara –donde ya existía una biblia frente a él–.
La alianza entre el PP y la Iglesia supone graves ataques al laicismo y aborta cualquier camino hacia su plenitud. Las religiones –y muy a menudo los partidos actúan como ellas– se ubican fuera de toda posibilidad crítica. Pretenden poseer el monopolio de la verdad e imponer sus criterios. Al fin y al cabo, ¿el poder no emana de Dios? Como dijo el sabio, son puntos de divergencia –de muy difícil consenso– con los fundamentos de la democracia, se mire por donde se mire.
En todo caso, la coartada religiosa no es argumento para saltarse el guión establecido en el encuentro con la opinión pública. Ni tampoco la omnipotencia del cargo que se ostenta ha de servir para hacer proselitismo en la escena pública de un credo particular, aunque lo sigan millones de personas y esté fijado en el imaginario colectivo debido al legado cultural.
Desde el famoso discurso de Ratisbona, el Papa Ratzinger repite un mensaje que ha calado en los creyentes: los invita a introducir la religión en la política para impugnar la cultura laica de los Estados. En su última visita a España comparó el laicismo de los años treinta con la España actual. Su equivocación es obvia. Basta ojear la calle, que circula pacífica y sin enfrentamientos. Si los hay son dialécticos y emergen porque la Iglesia se moviliza. ¿Ha tomado Cotino el discurso de Ratisbona al pie de la letra?
Esperemos que el gesto de Cotino sea efímero: la presencia ordinaria de un crucifijo presidiendo el hemiciclo supondría un desafío extemporáneo.
