Las comunidades y 30 organizaciones deben pronunciarse antes de que el texto sea nuevamente aprobado en el Consejo de Ministros, que será previsiblemente en julio.
La Ley orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada llegará previsiblemente al Congreso de los Diputados tras la celebración de las elecciones europeas, que tendrán lugar en mayo de este año, y previsiblemente lo hará en torno al mes de julio, según informaron fuentes populares.
Así, el actual anteproyecto de ley se encuentra como tal en periodo de consultas y es por ello por lo que no llegará a la Cámara Baja hasta que no se hayan pronunciado las comunidades autónomas y el total de 30 organismos y organizaciones a los que el Ministerio de Justicia ha remitido la nueva regulación para que estos muestren su opinión, según calculan las mismas fuentes. Dado que son casi una cincuentena de voces las que deben pronunciarse antes de que el texto sea nuevamente aprobado en el Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley, el periodo de consultas podría extenderse en torno a los seis meses, situando el inicio del verano como la antesala para su tramitación parlamentaria.
Esta normativa ha suscitado una gran oposición entre los grupos del Congreso y por ejemplo en febrero será la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) la que fuerce la primera votación formal en la Cámara Baja para pedir la retirada del anteproyecto de ley. En concreto, en el Pleno de la semana del 11 de febrero. Para ello, ha registrado una moción, consecuencia de la interpelación que su portavoz de Igualdad, Ascensión de las Heras, planteó este miércoles al ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
Eso sí, en principio, la Izquierda Plural no tiene intención de forzar que la votación de esta moción sea secreta, lo que sí ha anunciado el PSOE para cuando llegue al Pleno del Congreso su proposición no de ley pidiendo la retirada de la reforma auspiciada por Justicia. La Izquierda Plural también ha registrado una proposición no de ley, aún pendiente de ver cuándo se debatirá en el Congreso. Aunque la primera votación formal que pedirá la retirada de la nueva regulación tendrá lugar en febrero, el Congreso ya ha debatido sobre esta ley.
Archivos de imagen relacionados
